Indignación entre los ciudadanos: un pueblo se rebela contra la Sareb por ‘premiar a los okupas’
La propia Sareb admite que ha presentado hasta 44 denuncias civiles o penales para recuperar la posesión de viviendas problemáticas en la zona
La Sareb frena las ventas de inmuebles
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La urbanización Arroyovereda, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid),está en el epicentro de lo que puede ser una grave crisis social y legal.
Casi la mitad de sus 200 viviendas están okupadas, por ello, más de 1.000 residentes han firmado una petición para que la Sareb deje de regularizar la situación de los infractores mediante la concesión de alquileres sociales.
El conflicto estalló cuando la Sareb comenzó a otorgar contratos de alquiler social a personas que, según los vecinos, accedieron a dichas viviendas por la fuerza.
Los residentes denuncian un ambiente de inseguridad, presencia policial constante y una profunda alteración de la convivencia diaria.
El Ayuntamiento de Arroyo, apoyado por el pleno y el alcalde, ha adoptado una postura firme; rechazar frontalmente esta política, enfatizando que “se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que paga su piso con su trabajo diario”.
El descontento ciudadano es notable, muchos consideran intolerable que viviendas adquiridas en el mercado libre pasen a manos de quienes las ocuparon ilegítimamente, en lo que tildan de “anomalía democrática”.
Los vecinos aseguran vivir “sometidos y atemorizados” ante quienes definen como “delincuentes”, siendo ellos las auténticas víctimas de este fenómeno, para el que, sostienen, las administraciones aún no han dado respuesta.
Sareb, Ayuntamiento y Justicia
Desde la Sareb, la versión oficial es distinta. La entidad sostiene que, al recibir los inmuebles, la mayoría ya estaba ocupada irregularmente y que, tras analizar caso por caso, suelen denunciar judicialmente a los residentes conflictivos o no vulnerables.
Solo aquellos casos en los que se acredita verdadera vulnerabilidad social acceden a un alquiler social; sin embargo, la propia Sareb admite que ha presentado hasta 44 denuncias civiles o penales para recuperar la posesión de viviendas problemáticas en la zona.
La política estatal en materia de vivienda se encuentra así en debate constante. Mientras el Ayuntamiento exige el cese inmediato de regularizaciones de okupación y que la solución pase por desalojos veloces y efectivos, la Sareb justifica su proceder amparándose en la protección de familias vulnerables y en el respeto a procedimientos judiciales.
El conflicto se acentúa por la desconfianza de los vecinos ante la falta de respuesta efectiva y una percepción extendida de que las instituciones premian, en vez de sancionar, la okupación.
El gobierno local y los grupos políticos de la zona (como IPAE, VOX y Vecinos por Arroyo) han demandado además que la Justicia agilice los procesos judiciales de desahucio y recupere las viviendas para quienes las compraron legalmente.
El hartazgo es tal que los residentes han hecho pública su denuncia en medios regionales y nacionales, reclamando un “cambio urgente en la política de vivienda” que, a su juicio, actualmente incentiva la okupación y desampara a los ciudadanos cumplidores.
Un cambio legal sin resolver el conflicto
En abril de 2025, entró en vigor en España la llamada “ley antiokupas”, una reforma que endurece significativamente el tratamiento legal de la okupación.
La nueva normativa, integrada en la Ley Orgánica 1/2025, agiliza los plazos judiciales, permitiendo juicios rápidos (máximo 15 días) para casos de allanamiento y usurpación, e incrementa las penas asociadas a la ocupación ilegal de viviendas.
A su vez, se implantó el desalojo exprés cuando se puede acreditar la propiedad, en un intento por desincentivar estas prácticas y reforzar la sensación de seguridad jurídica entre propietarios.
Sin embargo, los efectos aún tardan en percibirse. Las cifras oficiales indican que en 2024 se produjeron más de 16.400 denuncias por okupación, con un aumento del 7.4% respecto al año anterior, especialmente en comunidades como Cataluña, aunque la incidencia real sigue siendo minoritaria en porcentaje respecto al parque inmobiliario nacional.
La implantación de la nueva ley ha sido celebrada por asociaciones de propietarios y colectivos vecinales, pero también ha generado controversia por los posibles problemas que pueden generar a familias vulnerables y situaciones sociales complejas.
