Una inversora inmobiliaria compra una casa habitada por un okupa y se lleva una sorpresa: «estaba empadronado»
Helena, con poca experiencia en aquel momento, compró por 26.000 euros una vivienda en Madrid
¿Los ‘okupas’ tienen derecho a empadronarse?
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La compra de viviendas okupadas se ha convertido en una opción cada vez más explorada por inversores inmobiliarios en España, motivados por el atractivo de adquirir inmuebles muy por debajo de su valor de mercado.
Sin embargo, detrás de esa aparente oportunidad existen numerosos riesgos y complejidades legales, económicas y sociales que pueden convertir “la ganga” en una trampa costosa y frustrante.
El caso de Helena Soto, inversora y responsable del relato que se ha hecho viral en redes sociales, ilustra como pocos el lado menos conocido y más problemático de este fenómeno.
Helena, con poca experiencia en aquel momento, compró por 26.000 euros una vivienda en Madrid que estaba habitada por un okupa –mucho menos de los 40.000 euros de valor medio en la zona– y sin llegar siquiera a visitar el inmueble.
Su intención inicial era desalojar al inquilino ilegal, reformar, y alquilar o vender el piso, embolsándose una atractiva plusvalía. La realidad, sin embargo, fue muy distinta.
Este tipo de operaciones se ha multiplicado en los últimos años. Los bancos, ante la imposibilidad de recuperar ciertos pisos tras ejecuciones hipotecarias o herencias problemáticas, asumen la existencia de okupas y rebajan sustancialmente el precio de venta.
Estos activos “problemáticos” captan rápidamente la atención de particulares y fondos en busca de alta rentabilidad, pero conlleva riesgos legales, morales y financieros elevados.
Una dinámica conocida: del okupa al “pacto económico”
Según el relato de Helena, muchas viviendas okupadas proceden de bancos o grandes tenedores que deciden venderlas directamente “con bicho” (jerga inmobiliaria).
Los okupas conocen la dinámica: saben que, antes o después, algún inversor buscará negociar una salida voluntaria a cambio de una compensación económica.
Esto ha generado un verdadero “mercado” de la ocupación, donde los propios okupas entran en viviendas sabiendo que podrán sacar rédito, no tanto de la permanencia sino de la indemnización recibida para desalojar el piso.
En el caso analizado, la inversora recurrió a una empresa negociadora, pagando 3.000 euros por su intervención, pero además tuvo que abonar directamente otros 3.000 euros al okupa para lograr que se marchara. La práctica se conoce popularmente como “cash for keys” y aunque presenta ventajas frente a procesos judiciales interminables, agota parte del margen de beneficio y mantiene la presión a propietarios y futuros compradores.
El inesperado obstáculo del empadronamiento
El giro sorprendente de la experiencia de Helena fue descubrir que el okupa estaba empadronado legalmente en el domicilio.
Esta circunstancia, amparada por la Ley de Bases de Régimen Local y la normativa municipal, complica significativamente la recuperación efectiva de la vivienda.
El empadronamiento otorga a los ocupantes ciertos derechos, como el acceso a servicios sociales y sanitarios, y, en la práctica, puede ralentizar un eventual desahucio en caso de recurrir a la vía judicial.
Muchos propietarios se topan con esta situación inesperada, la presencia de okupas empadronados puede generar problemas adicionales tras el desalojo, relacionados con el pago de suministros o la imposibilidad de registrar a nuevos inquilinos o propietarios en el mismo domicilio.
Normalmente, el proceso para dar de baja a un okupa del padrón municipal requiere una sentencia judicial firme, alargando aún más los trámites y la incertidumbre sobre la vivienda.
La reforma: otro riesgo oculto
Tras el laborioso y costoso proceso de desalojo, Helena se enfrentó al desafío de reformar un piso en mal estado y con márgenes cada vez más ajustados.
Optando por la opción más económica, contrató a una empresa poco fiable, que abandonó la obra a la mitad y se marchó con el adelanto pagado.
El piso, ya con malas referencias en la zona, era difícil de enseñar y vender: las cancelaciones de visitas fueron constantes debido a la reputación del barrio y el estado del inmueble.
En última instancia, y tras un año de incertidumbre, la vivienda fue adquirida por unos compradores extranjeros dispuestos a asumir la reforma pendiente.
Helena vendió el piso a un precio que apenas le permitió recuperar la inversión, certificando la máxima de que “lo barato sale caro” y renegando de ese tipo de operaciones a futuro.
