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Sánchez y Díaz acuerdan impulsar una ley para el embargo de armas a Israel
Los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar propondrán al resto de socios aprobar en septiembre una ley que permita bloquear los materiales relacionados con Defensa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una reunión, en el Palacio de la Moncloa. Carlos Luján / Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, han acordado impulsar una proposición de ley en el Congreso que posibilite embargar armas y otros elementos militares en el comercio con Israel, con el objetivo de llevarla al pleno en el mes de septiembre.
Fuentes de la Vicepresidencia Segunda explican que el PSOE y Sumar, a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso, «propondrán» al resto de formaciones en el Congreso impulsar esta proposición de ley que lleva registrada en la Cámara Baja desde mayo.
Esta proposición de ley, detallan las mismas fuentes, permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española, de tal manera que se le aplique a la industria militar israelí y también a «todos los materiales relacionados con la defensa y a la asistencia técnica prestada por empresas armamentísticas de ese país».
Este acuerdo llega después de la comparecencia de Sánchez ante el pleno del Congreso, en una maratoniana sesión donde no solo dio explicaciones del caso de corrupción que cerca a la dirección del PSOE, sino también sobre su postura en materia de Defensa y también las conclusiones del último Consejo Europeo.
La vicepresidenta Díaz, que dio la réplica al presidente en representación de Sumar, exigió al jefe del Ejecutivo darle un impulso a la agenda social de la legislatura y también cambios en las políticas que se estaban aplicando. Este acuerdo parece ir en esa dirección.
«El respeto al derecho internacional es el único camino. Y el Gobierno de España hará cuanto esté en su mano para defenderlo«, dicen desde el departamento de Díaz.
Sin embargo, algunos de los socios necesarios para que esta modificación salga adelante ya están poniendo peros. Es el caso de Podemos. «Yo mucho me temo que esto no sea otro nuevo intento de lavado de imagen, otro intento de titulares del PSOE que al final luego quede en nada. Si de verdad tuviese voluntad política de llevarlo a la práctica, mañana mismo lo aprobarían en Consejo de Ministros», ha dicho el coportavoz de la organización, Pablo Fernández, en una rueda de prensa este lunes.
Podemos y también algunos integrantes de Sumar, como los Comunes, habían urgido al Gobierno a aprobar este embargo mediante la aprobación de un decreto-ley que entraría en vigor de forma inmediata, aunque después tuviera que ser convalidado por el Congreso. Sin embargo, Sánchez y Díaz han rechazado esta vía y han optado por comprometerse a impulsar la aprobación de la proposición de ley a la vuelta del verano.
Esta reforma de la ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, abre la puerta a prohibir cualquier recurso que sirva para fortalecer al Ejército hebreo, incluso si se trata material antidisturbios o combustible de ámbito militar.
Además, incorpora un protocolo específico para que el Gobierno despliegue la inspección de la carga de los buques y aeronaves que pasen por España con destino a Israel y habilite la incautación de material militar que pudieran portar.
La propuesta legislativa estipula que las autorizaciones de operaciones de compraventa de material militar y policial quedarán revocadas en el momento de la declaración del embargo, así como la prohibición de nuevas autorizaciones. Tampoco operarán las exenciones de autorización previstas en la norma vigente.
La iniciativa fue tomada en consideración con el apoyo del PSOE y sus socios habituales, pero el PSOE ha puesto pegas a algunos de sus puntos como el que prevé la revocación de las transferencias o tránsitos que ya estuvieran concedidas en el momento de la declaración del embargo. Sin embargo, Sumar sostiene que hay varias sentencia de la Corte Penal Internacional que avalan esas revocaciones.
El embargo se aplicaría contra los Estados que, como Israel, han sido demandados por un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España. La encargada de formalizarlo será la Secretaría de Estado de Comercio en el plazo de 15 días posteriores a dichas denuncias.