Sánchez e Illa cierran los flecos de un cupo catalán que podría costarle al Estado 20.000 millones

• Sánchez defiende la negociación de la UE con EEUU para llegar a un acuerdo justo respecto a los aranceles
• Romero defiende extender el 'cupo catalán' a otras CCAA y apunta a Madrid: "No vamos a competir bajando impuestos"

El Gobierno afronta una semana clave para desatascar la legislatura después de que Pedro Sánchez haya salvado su peor momento en siete años de mandato. El Ejecutivo pasó, más o menos con nota, la ‘cuestión de confianza’ no oficial sobre el ‘caso Cerdán’ del pasado miércoles, con una comparecencia maratoniana de Sánchez ante el Congreso que dejó cerrado el apoyo de sus socios parlamentarios. Ahora, llega la hora de poner negro sobre blanco todo aquello con lo que La Moncloa quiere atar el poder hasta 2027.

Este lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, se reúnen con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para cerrar los últimos flecos del ‘cupo catalán’, el acuerdo por el que Cataluña comenzará a recaudar todos los impuestos a cambio de una cesión al Estado, comenzando con el IRPF ya en 2026.

Este martes, será Pedro Sánchez quien se reúna con el lehendakari Imanol Pradales para desatascar transferencias de competencias pendientes. El Gobierno vasco quiere comenzar cuanto antes el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, un mandato de su Estatuto de Autonomía que llevan años reclamando. Otros asuntos, como el rescate de Talgo por Sidenor y un consorcio en el que estarán la Sepi y el propio Ejecutivo vasco, también está encima de la mesa.

El Gobierno quiere dejar atado y bien atado el apoyo parlamentario en el ecuador de la legislatura y, para ello, han de desatascar todo aquello que lleva dos años en un cajón. En Cataluña es fundamental lanzar la reforma de la financiación autonómica, que comenzará por un acuerdo entre los Ejecutivos central y autonómico para esa financiación singular que el PSC acordó con ERC para investir a Salvador Illa.

Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) publicado este viernes concluye que una financiación singular a cambio de un cupo y una aportación solidaria a las comunidades autónomas con menos recursos es posible, como dice Cataluña, pero solo a cambio de que el Ejecutivo central ponga dinero encima de la mesa y también las regiones forales (País Vasco y Navarra), cuya aportación a la caja común ahora mismo se cuestiona.

De acuerdo con sus cálculos, en el caso de que Cataluña acordara un cupo similar a los forales, pero aportando a la solidaridad con el resto de comunidades del régimen común, el Estado perdería entre 20.000 y 22.000 millones de euros. Para Cataluña, la recaudación neta aumentaría entre 7.000 y 8.000 millones de euros y esto supondría una financiación por habitante ajustado un 15% superior a la de la media del resto de regiones.

Eso sin tener en cuenta, avisan los investigadores, de las consecuencias que podría tener un cupo generalizado para los recursos del Estado, ya que retiraría gran parte de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno central para modular su política fiscal.

El presidente Sánchez sabe que la financiación singular es la pieza clave que permitirá la continuidad de su mandato. Más aún que la condonación de la deuda, que aún no ha pasado por el Consejo de Ministros. Con la Amnistía ya declarada constitucional, solo queda su aplicación a Carles Puigdemont, la única razón por la que Junts sigue en el redil y aprieta pero no ahoga a la coalición.

Con todo, esto está tensando las costuras de su partido, ya llevadas al extremo por la presunta corrupción de Santos Cerdán, hasta hace un mes ‘número tres’ de la formación.

La ‘número dos’ del Gobierno y del PSOE, María Jesús Montero, salió el viernes a prometer que el acuerdo con ERC no supondrá «un agravio territorial con otras partes» y «otras comunidades autónomas». Es llamativo que haya delegado en su ‘número dos’ para esta reunión, mientras sigue con su actividad orgánica como secretaria general de los socialistas andaluces.

«Mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España, y un socialista, en este caso una mujer, al frente del Ministerio de Hacienda, nunca, jamás, el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio, con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía», dijo.

Trataba de acallar así las voces críticas de barones relevantes como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o la del presidente de Asturias, Adrián Barbón. Son las dos únicas comunidades del régimen común, además de Cataluña, donde gobiernan los socialistas.

La financiación es una de las claves de la legislatura e incluso el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un guiño a Junts al respecto. Evitó el cuerpo a cuerpo durante el pleno de la pasada semana con los neoconvergentes y consiguió aplacar una enmienda de los populares catalanes para evitar posibles pactos con los conservadores catalanes. Y, el viernes, dijo que Cataluña necesitaba más financiación, pero que lo haría «con luz y taquígrafos, con acuerdos, con discusión y después con pactos». «Esto no es un pacto, esto es un atajo y una imposición», zanjó.

El acuerdo con ERC para esta metodología es el primer paso para sacar adelante la reforma. Socios relevantes como Compromís ya advirtieron de que la situación de la Comunidad Valenciana (infrafinanciada por el sistema) deben solucionarse antes de obtener su voto para estos cambios. Pero esas peleas serán ya a la vuelta del verano.