Sánchez propone un Plan de 15 medidas con una agencia anticorrupción y listas negras de empresas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados un Plan Estatal contra la Corrupción, con quince medidas para tratar de salir de la mayor crisis política de su mandato, tras el estallido del ‘caso Cerdán’ que ha involucrado los dos últimos secretarios de Organización del PSOE en una presunta trama de mordidas vinculadas a la concesión de contratos de obra pública.

Sánchez, que ha reconocido desde la tribuna del Congreso que llegó a plantearse la dimisión y el adelanto electoral, ha insistido en sus disculpas a la ciudadanía y ha asumido la responsabilidad de haber designado a dos personas -a José Luis Ábalos, como ministro y como secretario de Organización, y a Santos Cerdán, también como ‘número tres’ del PSOE- en puestos que no lo merecían.

Pero, para Sánchez, la continuidad del Gobierno que viene liderando desde hace siete años ha sido más importante para continuar con el proyecto político del Ejecutivo de coalición: «Después de reflexionar y escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. No voy a tirar la toalla y vamos a continuar«.

En una bronca comparecencia en el hemiciclo, con gritos de «corrupción» y numerosos murmullos desde la bancada popular mientras intervenía el presidente en la tribuna, Sánchez ha desgranado su respuesta a una «crisis» que no ha limitado al PSOE, sino que ha elevado a problema de Estado con una retórica similar a otras dificultades experimentadas en su mandato, como la guerra comercial o la Dana.

Sánchez ha anunciado que «el Gobierno de coalición progresista», es decir, incluido Sumar, ha elaborado un Plan Estatal de lucha contra la corrupción de 15 medidas que ha sido diseñado conjuntamente con la OCDE, que vela por la limpieza de las instituciones en los Estados que forman parte.

«Estamos convencidos de que este plan supondrá el mayor impulso a la prevención, la reparación y la lucha contra la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en nuestro país», ha aseverado.

En esa larga decena de medidas hay algunas nuevas y otras recicladas, como entregar la instrucción judicial a la Fiscalía (no a los jueces, como hasta ahora) e impulsar la Ley de Lobbies que ya está en el Congreso, esperando su tramitación en Comisión parlamentaria.

El plan se divide en cinco ejes. El primero, la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles en materia de corrupción. Aquí ha anunciado la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública Independiente, que velará por la prevención, la supervisión y la persecución de prácticas corruptas, que coordinará todas las acciones de los diferentes niveles estatales en materia de corrupción.

Sánchez también ha prometido extender la metodología de adjudicación de los fondos Next Generation EU a toda la Administración del Estado, con mapas de riesgos de integridad y el uso de la Inteligencia Artificial para automatizar y optimizar los procesos de contratación pública.

Para las empresas, exigirán sistemas de ‘compliance’ anticorrupción para aquellas que quieran contratar con la Administración, al tiempo que se implementarán mecanismos de alerta temprana en el seno de la Administración, con controles aleatorios a los Altos Cargos para evitar «que nadie obtenga un beneficio indebido».

En cuanto a los partidos, se reforzarán los controles con la obligación de que todos aquellos que reciben financiación pública superior a 50.000 euros realicen auditorías externas e independientes. También tendrán que publicar aquellas donaciones superiores a 2.500 euros en un plazo inferior al mes desde su recepción.

El Gobierno también va a introducir una garantía en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las personas denunciantes de corrupción, además de un refuerzo de la investigación en esta materia en los tribunales con unidades específicas y mayores recursos para la Fiscalía Anticorrupción.

Sánchez también ha anunciado «listas negras» y sistemas de exclusión para que las empresas condenadas por corrupción no puedan contratar con la Administración Pública. En este sentido, también se van a endurecer las penas por delitos contra la administración.

Por último, ha propuesto reforzar la Oficina de recuperación y gestión de activos para recobrar el dinero público perdido y estudios demoscópicos anuales con la percepción y experiencia directa de la población sobre la corrupción.

Si bien la réplica más gruesa se la ha dado el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha dado la respuesta más dura, con un discurso en el que ha glosado los casos de corrupción de Cerdán y Ábalos con los relacionados con la familia del propio presidente.

«Ha resultado ser un fraude y lo que le está matando es que ahora ya lo sabe todo el mundo. Ha sostenido todos estos años una gran mentira: no vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo. Su partido, la política y la nación de la que ya no es digno representante», ha criticado el líder de la oposición.

Como propuestas, Feijóo ha exigido que se refuerce el personal de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se retiren las leyes del ministro de Justicia que han provocado una huelga de jueces, que se cese al Fiscal General imputado (cosa que el presidente no puede hacer) y que se cambie el Tribunal Constitucional «para evitar cualquier sombra de partidismo».

Por su parte, una emocionada Yolanda Díaz -anoche falleció su padre- ha intervenido como representante de Sumar desde la tribuna, donde ha repartido culpas entre el PP y el PSOE, pero ha confiado en la honestidad del presidente.

«Este mundo es oscuro y hay pocas luces y este Gobierno es una de las pocas luces que quedan. No voy a permitir que esta luz se apague. El espacio político al que pertenezco no va a permitir que esta luz se apague», aseveró.