Muface vuelve a estar en el centro de la polémica: preparan movilizaciones para septiembre

La situación crítica de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) supone uno de los grandes focos de preocupación social y política de 2025. El sistema, del que dependen más de 1,5 millones de beneficiarios (principalmente funcionarios y sus familias), afronta una crisis tanto financiera como de confianza provocada por años de infrafinanciación, prórrogas presupuestarias y un deterioro de la calidad asistencial.

El malestar social es persistente, y no va a menos, en el primer semestre del año, cerca de 65.000 funcionarios han abandonado la sanidad concertada de MUFACE para acogerse al sistema público, mientras las aseguradoras pierden atractivo ante la falta de recursos para ofrecer coberturas y servicios de calidad aceptables.

Esta fuga masiva se traduce en una caída del número de mutualistas de 1.057.439 a 992.782 solo entre enero y junio, una situación inédita desde la instauración del modelo dual que permitía optar por sanidad pública o privada.

En el ámbito financiero, los datos son aún más alarmantes, el remanente de tesorería disponible ha pasado de 282 millones de euros a solo 7,9 millones en apenas seis meses, y la mutualidad prevé cerrar el ejercicio con un déficit de 64 millones debido, entre otros factores, a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y al incremento del gasto asistencial.

Las partidas para farmacia están ya al límite, con las recetas de oficina ejecutadas en un 88% y la farmacia hospitalaria en un 70%. Sin una modificación presupuestaria urgente antes de fin de año, MUFACE podría enfrentarse a impagos o recortes en prestaciones básicas.

Muface a las puertas de movilizaciones sindicales

Ante esta situación de colapso, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) —el sindicato mayoritario en la función pública— ha anunciado una campaña de movilizaciones a partir de septiembre si el Gobierno no actúa de inmediato para garantizar la viabilidad del sistema mutualista y la calidad asistencial a los empleados públicos.

Las protestas, que ya se han dejado sentir en sectores como el de sanidad y educación, buscan poner sobre la mesa la dificultad de mantener el doble sistema si no se dota de más financiación, se refuerzan las coberturas y se ponen en marcha mecanismos de control y supervisión de las aseguradoras.

Desde CSIF demandan mayor dotación presupuestaria inmediata para MUFACE, recuperación del remanente de tesorería, reducción del copago farmacéutico para los pensionistas (equiparándolo al del sistema público (y revisión del actual concierto sanitario para blindar la equidad y la calidad.

En esta línea, reclaman medidas para asegurar el mantenimiento de la opción privada utilizada por una parte significativa de los mutualistas, y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en cuanto a recursos y homologación de las prestaciones.

La situación se ve agravada por el clima de protesta más amplio entre empleados públicos en 2025. No solo los afiliados a MUFACE se ven afectados; los sindicatos médicos, por ejemplo, se han movilizado para exigir un estatuto propio que regule mejor sus condiciones laborales y salariales, en lo que consideran una respuesta insuficiente del Ministerio de Sanidad a las reivindicaciones históricas del sector.r

La presión de las organizaciones sindicales, sumada al malestar ciudadano, pone entre la espada y la pared tanto al Ejecutivo como a las aseguradoras, que temen el colapso del modelo y la necesidad de articular un sistema de transición ordenado hacia una mayor integración en el sistema público si no se concretan reformas estructurales a corto plazo.

Sin embargo, mientras la viabilidad del modelo sanitario está en el aire, MUFACE esta envuelto en un proceso de modernización de su sistema sanitario con la extensión de la receta electrónica concertada, cuya implantación completa en todas las comunidades autónomas estaría prevista para principios de 2026.