Crisis en Muface: la fuga masiva de 65.000 funcionarios dispara las alarmas
MUFACE ha sido sacudido por una profunda crisis contractual, financiera y asistencial que ha afectado a más de un millón de personas
Una nueva crisis golpea el entorno de MUFACE
Comentarios
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) se encuentra ante una situación de fuga masiva de funcionarios por todo lo sucedido en el último año. Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), aproximadamente 65.000 usuarios han abandonado el concierto por el déficit en la calidad asistencial.
MUFACE se trata de un organismo público español adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. Creada por la Ley 29/1975, tiene como finalidad gestionar el mutualismo administrativo para los funcionarios del Estado y sus familiares, ofreciendo prestaciones sanitarias, sociales, pensiones complementarias y otras ayudas, independientemente de pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social
El modelo sanitario para mutualistas permite a los empleados públicos elegir entre recibir asistencia sanitaria mediante el Sistema Nacional de Salud (pública) o a través de aseguradoras privadas contratadas, como Adeslas, Asisa y antes, DKV, ya que esta última no firmó el concierto después de años de colaboración.
El sistema parecía no tener problemas hasta que se tuvo que negociar para el convenio que entró en vigor en junio. A finales de 2024, Adeslas y DKV se negaron a renovar el concierto para los años 2025–2026, a pesar de que el Gobierno ofreció un aumento de la prima del 17 %, la más alta registrada. Ante la ausencia de ofertas y ante el envejecimiento del colectivo, se llegó a barajar la opción de transferir a 1,5 millones de mutualistas al sistema público
Se estima que hay aproximadamente un millón y medio de mutualistas en España.
Ante las peticiones de estas aseguradoras, el Estado mejoró las condiciones y Adelas finalmete sí firmó el pliego. DKV se mantuvo firme, anunciando que no formaría parte del nuevo convenio, alegando pérdidas estimadas en 250 millones de euros. Como consecuencia, se produjo un éxodo de funcionarios hacia la sanidad pública, con más de 45.000 traspasos registrados en enero de 2025.
Cabe señalar que el nuevo acuerdo sanitario implicó importantes recortes en los cuadros médicos. Por ejemplo, hospitales emblemáticos en Madrid, Barcelona, Galicia, León y Córdoba dejaron de estar disponibles, lo que generó malestar y protestas sindicales por parte de CSIF. Este deterioro asistencial elevó aún más la preocupación sobre la viabilidad futura del modelo y provocó el éxodo de miles de personas.
Muface sufre una fuga de funcionarios
La crisis de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se agrava. El sindicato CSIF ha alertado de que la insuficiencia presupuestaria está poniendo en riesgo la viabilidad del sistema y la calidad de la asistencia sanitaria que reciben casi un millón de funcionarios.
Según la organización sindical, el incremento de las necesidades de financiación del Concierto de Asistencia Sanitaria Nacional ha obligado a realizar ajustes presupuestarios urgentes, algunos sufragados con cargo al remanente de tesorería, que se ha desplomado de 282 millones de euros a tan solo 7,9 millones en lo que va de año.
Además, en las cuentas de la mutualidad, el capítulo de prestaciones sanitarias cerrará 2025 con un déficit previsto de 64,13 millones de euros, una cifra que CSIF ha atribuido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y al aumento del gasto asistencial.
Pierden 65.000 funcionarios
El sindicato también ha denunciado una preocupante pérdida de afiliados: de 1.057.439 mutualistas a finales del año pasado, se ha pasado a 992.782 en junio, lo que supone una reducción de más de 65.000 funcionarios en apenas seis meses. Cabe destacar que las partidas para gastos de farmacia están en números rojos, por lo que las recetas de oficina alcanzan ya una ejecución del 88,27%, y la farmacia hospitalaria, del 70,41%. CSIF prevé que MUFACE tendrá que abrir un expediente de modificación presupuestaria en el último trimestre.
Ante este panorama, el sindicato ha advertido que, si el Gobierno no actúa para garantizar la financiación y la prestación sanitaria, retomarán las movilizaciones tras el verano para «salvaguardar la viabilidad y sostenibilidad» del mutualismo administrativo.
