Bruselas advierte del "alto riesgo" de corrupción en la contratación pública y financiación de partidos en España

La Comisión Europea ha advertido acerca del «alto riesgo» de corrupción tanto en la contratación pública como en la financiación de los partidos políticos en España. «La financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas», ha señalado en su informe sobre la salud democrática de los Veintisiete.

A pesar de que a lo largo de las veinte páginas que centra en España no vislumbra riesgos sistémicos para el Estado de Derecho, alerta que aún no se han tomado medidas en el ámbito judicial, la corrupción, la transparencia o los medios de comunicación. En este sentido, recuerda que la ley de protección al denunciante obliga al Gobierno a presentar una amplia estrategia contra la corrupción que «aún está por empezar».

Si bien celebra los primeros pasos dados para reforzar las normas sobre el conflicto de intereses de altos cargos y para regular los ‘lobbies’ y reforzar la independencia y poder de la Oficial de Conflictos de Interés, lamenta que no se hayan producido avances para mejorar las reglas sobre el conflicto de interés en las distintas administraciones del sector público.

El informe también pone el foco sobre los casos más graves de corrupción del último año y se hace eco de la investigación de un presunto caso de corrupción vinculado a la pandemia de coronavirus por el que ha sido encausado un exministro y diputado, en referencia a la situación de José Luis Ábalos y el ‘caso Koldo’.

En relación con la libertad de los medios de comunicación, señala que no se han efectuado avances para mejorar el acceso a la información a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre el acceso a documentos oficiales» y reclama avances.

Independencia del fiscal general

El análisis elaborado por Bruselas dedica una mención a la controversia despertada por la reforma sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal, aunque evita expresar una posición clara sobre la situación. «Actualmente hay acciones de protesta por parte de jueces y fiscales que reflejan tensiones en torno a las reformas propuestas en el poder judicial», subraya.

La Comisión Europea ha emplazado a reforzar la independencia del fiscal general y separar su mandato del Gobierno. «Algunos actores han expresado preocupación por la reforma al considerar que plantea riesgos para la independencia judicial por reforzar los poderes del Fiscal General y rebajar las garantías profesionales de los fiscales», recuerda.

Además, reitera su preocupación por los ataques en declaraciones de políticos contra el poder judicial por el riesgo de que este tipo de retórica dañe la confianza de los ciudadanos en la justicia. «Según los estándares europeos, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial», hace hincapié.

A pesar de que se refiere a la Ley de Amnistía pero evita tomar posición porque el asunto está siendo objeto de examen en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), a donde han llegado cuatro cuestiones prejudiciales sobre la ley y a pesar de que Bruselas sí ha enviado su análisis al Alto Tribunal europeo.