Mas ‘pasa’ del TC y firma el decreto de la comisión de control del 9N

El President cumple con Junqueras y seguirá desarrollando la ley de consultas, siempre que no afecte a los funcionarios

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El President Artur Mas ha firmado este jueves el decreto del nombramiento de los siete miembros que integran la comisión de control de la consulta del 9 de noviembre, un organismo que se podría definir como la junta electoral que controla todo el proceso.

El nombramiento se aprobó en el Parlament el miércoles, tras una trifulca parlamentaria, porque PSC, PP y Ciutadans se negaron a participar en la votación al entender que cualquier desarrollo de la ley de consultas puede ser ilegal, tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum del 9N y la propia ley de consultas.

La decisión de Mas, después de esa aprobación en el Parlament, se podría entender de lógica, pero llega después de su entrevista con el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien le ha reclamado que haga todo lo posible para poder celebrar el 9N.

Siete miembros, por cuotas

Se trata de un gesto, que no tiene traducción práctica, pero políticamente relevante, porque Mas necesita a los republicanos en su intento de lograr una lista unitaria de cara a unas elecciones anticipadas. La idea de Mas es desarrollar la ley, siempre que las decisiones que se tomen no afecten a los funcionarios, para que no caigan en una ilegalidad. 

En cualquier caso, los siete integrantes de esa comisión, repartidos por cuotas, entre los partidos que apoyan la consulta, CiU, ERC, ICV y la CUP, ya son miembros de un organismo que, en realidad, no deberá controlar nada, si el 9N no se celebra. Son Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona; Joaquim Brugué, catedrático en Ciencia Política y de la Administración en la UAB; Alfonso González, doctor en Derecho por la URL; Miquel Martín, catedrático de Derecho Civil de la Universitat de Girona; Marc Marsal, licenciado en Derecho por la UPF; Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política de la UB, y Benet Salellas, licenciado en Derecho por la Universitat de Girona.

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