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Nueva ofensiva de Santa Bárbara: lleva a los tribunales los contratos de artillería adjudicados a Indra y EM&E
La compañía confirma que se están produciendo conversaciones con Indra con el propósito de "unir al sector"
Santa Bárbara mantiene abierta la vía judicial contra la decisión del Ministerio de Defensa, mientras busca acuerdos industriales con Indra para fortalecer el sector español de la defensa
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Santa Bárbara ha decidido dar un paso más en su batalla por los grandes contratos de artillería del Ejército español y ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la adjudicación de dos de los programas más relevantes de modernización militar del país.
La compañía, integrada en la filial europea de General Dynamics, impugna la concesión de los programas de Artillería de Tubo Autopropulsada (ATP) de ruedas y cadenas a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), una operación valorada en más de 7.000 millones de euros.
Un recurso que cumple con los plazos legales
Desde la empresa han explicado que se trata de un recurso de carácter procedimental y que su presentación responde a la necesidad de respetar los plazos establecidos por la legislación vigente.
El 17 de junio finalizaba el periodo habilitado para recurrir las resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que la compañía ha decidido continuar con el proceso iniciado meses atrás.
Santa Bárbara ya había recurrido en enero ante el Ministerio de Defensa, agotando así la vía administrativa necesaria antes de acudir a la justicia ordinaria.
Santa Bárbara mantiene abiertas las conversaciones con Indra
Pese a la judicialización del conflicto, la empresa ha insistido en que las relaciones con Indra continúan activas y que ambas partes exploran posibles fórmulas de colaboración.
El objetivo, según Santa Bárbara, es «unir al sector, generar sinergias y aprovechar todas las capacidades industriales y tecnológicas existentes en España».
Además, Santa Bárbara ha mostrado su disposición a cooperar con el resto de empresas e instituciones vinculadas a la defensa nacional para garantizar que las Fuerzas Armadas dispongan de los recursos necesarios y se cumplan los objetivos marcados por el Ministerio de Defensa.
Defensa avaló la legalidad del proceso en abril
La decisión de acudir a la Audiencia Nacional llega después de que el Ministerio de Defensa desestimara en abril todas las alegaciones presentadas por la compañía.
El departamento encabezado por Margarita Robles defendió que el procedimiento de contratación se desarrolló con «pleno respeto a la legalidad vigente» y subrayó que este tipo de adjudicaciones deben atender a factores estratégicos que van más allá del criterio económico.
Entre ellos, Defensa destacó la protección de los intereses esenciales de seguridad, la garantía del suministro, la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa de las capacidades militares.
El acceso al expediente, otro punto de conflicto
Uno de los aspectos más controvertidos del proceso ha sido la negativa del Ministerio a facilitar a Santa Bárbara el acceso al expediente de contratación.
La Administración argumentó que no concurrían los requisitos legales necesarios para permitir dicho acceso, una decisión que, según Defensa, está respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Con ello, el Ejecutivo confirmó la validez de las adjudicaciones realizadas a favor de las UTE lideradas por Indra y EM&E, manteniendo plenamente vigentes los actos administrativos impugnados.
Una disputa con impacto en la industria española de defensa
Más allá del recorrido judicial, este enfrentamiento pone de manifiesto la importancia estratégica de los programas de modernización militar en España y la creciente competencia entre las principales compañías del sector.
La resolución que adopte la Audiencia Nacional podría marcar un precedente relevante en futuras adjudicaciones vinculadas a la industria de defensa, un ámbito en el que la colaboración público-privada y la autonomía tecnológica se han convertido en prioridades para España y la Unión Europea.
Mientras tanto, Santa Bárbara mantiene una doble estrategia: defender sus intereses en los tribunales y, al mismo tiempo, explorar alianzas industriales que permitan reforzar la capacidad productiva y tecnológica del sector nacional.
