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Coricelli cree que el Gobierno no utilizará la ley antiopas contra su oferta por Deoleo
Su principal contrincante en esta guerra por el control del aceite, Dcoop, confiaba en que el gobierno pudiera bloquear la operación para "evitar que Deoleo caiga en manos extranjeras"
Productos de Deoleo. Foto: Deoleo
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La italiana Coricelli descarta el supuesto veto que podría aplicar el Gobierno español contra su oferta de 500 millones para comprar Deoleo, propietaria de Carbonell, Hojiblanca o Bertolli, entre otras.
Así lo señalan fuentes cercanas a la operación, que también apuntan a que su principal contrincante en esta guerra por el control del aceite, Dcoop, confía precisamente en que el Gobierno pudiera bloquear la operación para «evitar que Deoleo caiga en manos extranjeras».
Según las mismas fuentes, la compañía familiar defiende que el Ejecutivo no podrá utilizar el mecanismo de control de inversiones extranjeras para bloquear su entrada en el grupo aceitero porque «la operación se articula a través de una sociedad española que lleva dos décadas asentada en el país», según trasladan.
Las mismas explican que la adquisición se estructura directamente a través de Farmers Elite Global, el holding español que actúa como matriz global del conglomerado empresarial de la familia Coricelli. De esta compañía cuelgan las sociedades del grupo tanto en España como en Italia -entre ellas Pietro Coricelli- y Estados Unidos.
La tesis es que esta trayectoria convierte la operación en una adquisición realizada por una compañía española y, por tanto, la aleja de los supuestos que permiten al Gobierno controlar una inversión extranjera.
«Se trata de una compañía plenamente española, asentada durante dos décadas y con un largo track record en el sector del aceite de oliva andaluz», justifican.
Además, Farmers Elite Global está domiciliada en Sevilla desde 2015, aunque la presencia empresarial de la familia Coricelli en España es anterior. El grupo adquirió a principios de los años 2000 Aceites Abasa, compañía radicada en Baena (Córdoba), y desde entonces ha desarrollado parte de su actividad en el sector oleícola andaluz.
Dcoop pide al Gobierno parar la venta de Deoleo a Coricelli
Dcoop, el otro principal interesado en comprar Deoleo, ha reclamado al Gobierno que proteja el carácter español de Deoleo si finalmente la oferta italiana resulta vencedora.
Como publicó Economía Digital, la cooperativa confía en que Moncloa pueda activar mecanismos similares a los utilizados en la operación de Talgo para defender los intereses nacionales.
En agosto de 2024, el Consejo de Ministros rechazó la inversión extranjera directa de Ganz-MaVag Europe en el fabricante ferroviario y bloqueó la OPA sobre el 100% de la compañía. El Ejecutivo justificó la decisión por razones de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional.
Este precedente es precisamente el que Dcoop tiene en mente para Deoleo. La cooperativa considera que el aceite de oliva constituye un sector estratégico para España y quiere que el comprador garantice tanto el carácter español de la compañía como su compromiso con la lucha contra el fraude en el mercado.
Dcoop puso sobre la mesa una oferta de 470 millones de euros por la participación de CVC en Deoleo, pero Coricelli respondió elevando la puja hasta 500 millones. La compañía italiana ha reclamado además exclusividad para cerrar las negociaciones, colocando su propuesta en ventaja en la recta final del proceso.
Qué es la ‘ley antiopas’
El mecanismo de control de inversiones extranjeras -conocido coloquialmente como ‘ley antiopas‘- nació en marzo de 2020, en plena pandemia de Covid-19. A pesar de haberse utilizado en pocas ocasiones, con esta batalla por el aceite de oliva ha vuelto a cobrar protagonismo.
El Gobierno aprobó entonces un Real Decreto-ley, con el objetivo de impedir que la caída de las valoraciones bursátiles provocada por la crisis sanitaria dejara a empresas consideradas estratégicas expuestas a adquisiciones extranjeras no deseadas.
El mecanismo permite suspender la liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas y exigir una autorización previa del Gobierno cuando concurren determinadas circunstancias. Entre ellas se encuentran inversiones en ámbitos considerados estratégicos por afectar a la seguridad, el orden público o la salud pública.
Para las inversiones de fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio, el régimen se activa, con carácter general, cuando el inversor alcanza al menos el 10% del capital o de los derechos de voto de una compañía española o adquiere su control.
Sin embargo, Italia pertenece a la Unión Europea, por lo que una inversión procedente de una compañía italiana no queda automáticamente sometida al régimen ordinario diseñado para inversores de terceros países.
En este caso, existe una disposición transitoria que extiende el control a determinadas inversiones procedentes de la UE cuando superan los 500 millones de euros o se dirigen a sociedades cotizadas españolas, siempre que afecten a alguno de los sectores contemplados en el artículo.
