Arturo Fernández vacila a la Asamblea de Madrid

El presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, sólo quiere ir a la Asamblea de Madrid a hablar de los pagos por la cafetería que regenta en el hemiciclo. Pero Fernández, recién reelecto en el cargo al frente de los empresarios madrileños, se niega a comparecer en para hablar de la trama de cursos de formación del caso Aneri que presuntamente defraudó 17 millones de euros en subvenciones.

El presidente de la patronal se ha negado a dar explicaciones ante los parlamentarios en dos ocasiones. En la primera citación, Fernández alegó que se encontraba inmerso en un proceso electoral y que su comparecencia en la Asamblea podría ser perjudicial para su candidatura. Ahora simplemente se rehúsa porque, asegura, «no lo ve conveniente».

«La actuación de Arturo Fernández es un desprecio a los ciudadanos y demuestra la connivencia entre el poder político y el poder empresarial, es decir, de la patronal con la Comunidad de Madrid. Es una tomadura de pelo», explica Ramón Marcos, portavoz de UPyD. «Se niega a un acto de transparencia porque algo tendrá que ocultar”, aseguró el portavoz socialista José Quintana.

El apoyo del PP

Fernández hubiese tenido de acudir obligatoriamente a la Asamblea de Madrid si los grupos parlamentarios hubiesen aprobado una comisión de investigación. Pero el Partido Popular negó esta posibilidad por considerar que el asunto ya estaba en mano de los juzgados.

La decisión política de los populares podría ahora pasarle factura. Quince de las 24 asociaciones de la patronal han anunciado este martes una querella contra altos cargos de la consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid.

De acusados a acusadores

Las asociaciones a las que el gobierno regional acusó de apropiarse de las subvenciones ahora se querellan contra los directores de la consejería por «delitos de responsabilidad, ocultamiento contumaz, connivencia delictiva, prevaricación e inducción al delito». Las entidades señalan a cinco altos cargos, entre ellos la directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, Patricia Herrero García-Ramal, y el ex viceconsejero de Empleo, Juan Van-Halen Rodríguez.

Las empresas reclaman que se constituya una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. Los portavoces de las compañías señaladas como corruptas por la propia Comunidad dicen que son víctimas de un linchamiento con el propósito de liquidarlas, pero aseguran que las tramas corruptas de los cursos «tienen base política».

El embargo

La Asamblea de Madrid anunció el mes pasado el embargo de los pagos a la empresa de Arturo Fernández (Grupo Arturo Cantoblanco) que gestiona la cafetería de la Asamblea de Madrid a precios por debajo del mercado.

La Asamblea deberá comenzar a pagar los 14.000 euros mensuales por el servicio directamente a la Seguridad Social con quien Fernández mantiene una deuda de más de medio millón de euros, aunque hasta ahora el parlamento no ha confirmado si ha ejecutado la medida. Fernández, acusado de pagar a sus empleados en dinero negro, se ha quejado del embargo y asegura que está haciendo frente a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social «a plazos».