El nudo en la escopeta de Arturo Fernández

Imputado, sin devolver créditos y con impagos a Hacienda y a la Seguridad Social, sus credenciales para renovar el cargo en la CEIM

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¿Se puede presidir una organización empresarial estando imputado, debiendo dinero a Hacienda y a la Seguridad Social, sin devolver los préstamos a los bancos y estar siendo investigado por la Fiscalía por pagar en B a sus trabajadores? Algunos podrían pensar que no es lo que se dice una buena carta de presentación.

Pero ahí está Arturo Fernández, el empresario hostelero que preside la patronal empresarial madrileña y la Cámara de Comercio, para demostrarlo cada día desde que en 2007 sustituyera en el cargo a su concuñado, el presidiario Gerardo Díaz Ferrán. Y, además, cuenta con todas las papeletas para revalidar, el próximo lunes 24 de marzo, el cargo al frente de la Confederación de Empresarios Independientes de Madrid (CEIM). La primera vez en sus 36 años de historia, desde que la fundara José Antonio Segurado en 1978, en la que los empresarios madrileños deberán elegir entre dos candidatos, Arturo e Hilario Alfaro, presidente de COCEM, los comerciantes especializados.

El respaldo de Aguirre

A un paso de cumplir los 70 años, a Fernández todo le ha ido de mal en peor desde que su gran amiga desde los tiempos del colegio Británico, Esperanza Aguirre, decidiera dejar el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid.
Fue irse Aguirre y empezaron a encadenarse concesiones públicas retiradas y denuncias ante la Fiscalía en relación a supuestos pagos en negro a sus empleados, además de su imputación en el ‘caso Bankia’, que, para más inri, acaba de ser ratificada por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, para quien la adopción de acuerdos y su ejecución son dos conductas activas que pueden tener relevancia penal dentro de un Consejo de Administración.

Todavía recuerdan en la Audiencia los argumentos peregrinos de Fernández cuando declaró, en diciembre de 2012, cosas como que “si Deloitte dice que están bien las cuentas, no voy a leerlas” o que las cuentas de Bankia se aprobaban “para quitárnoslas de encima”.

Favor a González

Con Ignacio González, el presidente regional, la relación es buena, pero no tanto, y la llegada en 2011 a CEIM de Lourdes Cavero, la esposa de González, como vicepresidenta y presidenta adjunta no dejó de ser un favor de Fernández a González que muchos no acabaron de entender. Especialmente por los casi 80.000 euros netos anuales que se ha embolsado durante los casi tres años que ha permanecido en el cargo. Era la única que cobraba.

Al final, Cavero presentó su dimisión el pasado 28 de febrero por el sesgo que estaba adquiriendo, en plena campaña electoral a la CEIM, su imputación por un juzgado de Málaga por un presunto delito de blanqueo de capitales tras la compra del ya famoso ático en la urbanización Alhambra Golf, en Estepona. En el mismo auto de diciembre, la magistrada Mariana Peregrina también imputaba al empresario mexicano Rudy Valner, el que había comprado el piso a nombre de Coast Investors, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos. Todo de lo más opaco.

Tezanos, ese desconocido

Pero lo de Cavero ha sido lo penúltimo. Al menos de momento. No descarten que esta semana previa a las elecciones haya más novedades. Lo último ha sido la detención del presidente de la Federación de Empresarios de Madrid (Fedecam), Alfonso Tezanos, arrestado junto a una decena de personas durante una operación policial con motivo de una investigación sobre un presunto fraude en cursos de formación. “No le conocía nadie”, decía Arturo Fernández, sobre quien había sido uno de sus principales soportes en la CEIM.

Y todo este berenjenal en medio de una crisis a nivel profesional en la que Fernández está viendo cómo no le son renovadas las principales concesiones, crece el descontento de algunos empleados, los bancos recelan de volver a darle más crédito y aumentan las deudas contraídas con Hacienda y con la Seguridad Social.

Menos clientes y más deudas

En los últimos meses Arturo Cantoblanco ha dejado de prestar el servicio de hostelería en el Congreso de los Diputados, la sede de UGT, Turespaña o el Ifema, el recinto ferial de Madrid. Menos clientes y más deudas sin pagar. Las de las entidades financieras llevan varios meses estancadas en un supuesto acuerdo de refinanciación que no acaba de llegar.

Siguen sin aparecer los 50 millones de euros que supuestamente iba a poner Real Investment Holding para quedarse con la mayoría del grupo Arturo Cantoblanco, y también ha quedado en nada la venta del negocio de colectividades. Dos operaciones con las que Fernández pretendía renegociar su delicada situación financiera, con 20 millones de euros de préstamos ya vencidos e impagados.

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