10 de marzo de 2014 (21:02 CET)
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos legales del Estado para recurrir la sentencia del Juzgado de Barcelona que les obliga a readmitir o indemnizar con 600.000 euros a cada uno por despido improcedente al ex presidente de CatalunyaCaixa, Adolf Todó, y al ex consejero delegado de la entidad, Jaume Masana. “Se va a apelar a una instancia superior”, ha manifestado el ministro desde Bruselas.En su intervención, ha sido muy crítico con la decisión del tribunal catalán. Ha recordado que el Estado tuvo que inyectar cerca de 12.000 millones de euros de todos los contribuyentes en la entidad para mantenerla a flote. Por lo que desembolsar más dinero para retribuir a la cúpula de la caja cuando quebró ha sentado como una jarro de agua fría en el ministerio.
Proceso judicial
“El planteamiento que ha hecho la entidad y el Frob era el correcto”, ha sentenciado De Guindos. Despidió el año pasado a Todó y Masana por “deslealtad” e “incumplimiento grave de sus funciones”. La justicia señala lo contrario. La primera sentencia indica que no está suficientemente acreditado que ambos directivos faltaran a consciencia con sus obligaciones.
Queda pendiente un largo recorrido judicial antes de que el Estado retribuya de nuevo a ambos directivos.
