Telefónica deja en manos de Vodafone y Orange la pugna por el contrato de 111 millones para pulseras antimaltrato
Vodafone con Securitas Seguridad España y la UTE formada por Orange y Securitas Direct se disputan la licitación
Vodafone y Orange pugnan por llevarse el nuevo contrato para proveer las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad. Telefónica no ha concurrido a la licitación valorada en más de 111 millones de euros, dejando a las dos compañías de telecomunicaciones como las únicas con opciones de suministrar los nuevos dispositivos.
El Gobierno amplió el plazo de la licitación, que se había lanzado por vía de tramitación urgente, debido a «la complejidad del contrato y la dificultad técnica», dando tiempo un tiempo extra de 14 días para que las candidatas formularan sus ofertas.
A la licitación, lanzada por la cartera que lidera Ana Redondo, se han presentado Vodafone junto a la empresa Securitas Seguridad España, filial del grupo sueco Securitas AB, mientras que Orange lo hace mediante una UTE (unión temporal de empresas) con la compañía de alarmas Securitas Direct.
La ganadora tendrá que desarrollar el nuevo sistema de control telemático para agresores con órdenes de alejamiento en materia de violencia de género que impulsó Igualdad, tras la polémica por los fallos de las anteriores pulseras que derivó en una sanción económica a Vodafone.
Es por ello que los nuevos dispositivos serán diferentes y tendrán que incluir refuerzos en la seguridad para que no vuelvan a producirse errores que afecten a las víctimas de sus maltratadores.
Dispositivos menos manipulables
La ministra Redondo ya explicó a finales de enero que se ha optado por cambiar los brazaletes telemáticos por tobilleras al considerarlo un sistema «mucho más fiable y menos manipulable».
En esta línea, los dispositivos que proporcione el ganador de la licitación tendrán que contar con geoposicionamientos de manera autónoma para tener al agresor localizado aunque deje intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio.
Los dispositivos deben llevar baterías recargables de mayor capacidad y deben poder modificar a distancia, a través del teléfono móvil del agresor, los parámetros para reducir los tiempos en los que se manda la geoposición de las tobilleras en caso de ser necesario.
También tendrán que incorporar mejoras en la seguridad criptográfica, contarán con una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricados con material antivandálico.
Si bien el valor total del contrato es de 111,1 millones de euros, esta es la cantidad que cubre la duración inicial de 36 meses más dos prórrogas anuales que pudieran darse. Para el periodo base entre 2026 y 2029, el presupuesto (IVA incluido) es de 71,37 millones de euros.
De esta cantidad, 59,2 millones se destinarán al servicio integral de seguimiento (incluyendo la explotación del sistema, telecomunicaciones, operación, instalación, desinstalación y mantenimiento de los dispositivos). Los restantes 12 millones de la licitación se emplearán serán para nuevos dispositivos electrónicos.
Sanción a Vodafone por fallos en las anteriores pulseras
Desde julio de 2023 este servicio de seguimiento telemático a maltratadores lo ha estado prestando Vodafone, dando relevo así a Telefónica, encargada de suministrar dichos equipos desde 2021 y que ha renunciado a presentarse en esta ocasión.
El problema fue cuando el año pasado se detectaron problemas técnicos que estaban dando las pulseras como errores de posicionamiento, fallos de batería y pérdida de datos de un proveedor a otro en la migración del sistema Cometa, usado para el seguimiento telemático de maltratadores.
Este mecanismo sufrió una incidencia tecnológica a las 4:30 de la madrugada del 11 de noviembre de 2025 y obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo, estabilizándolo a las 15:00 horas y recuperándo la operatividad plena a las 17:25 horas.
Igualdad defendió que se mantuvieron «operativos en todo momento los servicios de emergencia, el denominado «botón del pánico», los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth.
Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya advirtió en su memoria de 2024 de «múltiples fallos» en estos dispositivos desde 2023 y de «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» en procesos por quebrantamiento de penas y medidas de alejamiento.
No obstante, la Fiscalía explicó más tarde que fueron casos puntuales y que la mayoría en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, ya que los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos.
Por todo ello, Igualdad abrió la apertura de un expediente para anlizar los fallos detectados en el servicio el 22 de noviembre de 2025, que derivó en una multa a principios de marzo con 25.285 euros a Vodafone.
Una sanción «se hará efectiva mediante deducción de cantidades” en el contrato con la empresa adjudicataria, según apuntaron desde Igualdad. Asimismo, el departamento que dirige Ana Redondo señaló entonces que, aunque «ninguna tecnología es infalible», el sistema «funciona con normalidad».