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El Ministerio de Agricultura traslada la responsabilidad del fraude a los propios productores que las cometen y a las comunidades autónomas

David Placer

El gobierno de Rajoy se desentiende del escándalo del jamón ibérico. En la imagen, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. EFE / ALBERTO MARTÍN.

Madrid, 19 de enero de 2018 (04:55 CET)

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene poco que decir sobre las fraudulentas prácticas que hasta ahora han permanecido escondidas detrás del producto insigne de España: el jamón ibérico.

El ibérico español vive horas bajas. La Guardia Civil investiga la venta de jamones sin los precintos que exige la ley y a precios de derribo en Carrefour, que llegó a vender jamones ibéricos de bellota por 195 euros. Entre los investigados se encuentra el principal distribuidor del sector, Comapa, tal como desveló este medio la semana pasada.

Apenas el 10% de los cerdos ibéricos son auténticos. El 90% de los animales sacrificados para fabricar jamones son cruzados y su falsa categorización como cerdos ibéricos está protegida por la normativa desarrollada durante la gestión del exministro Miguel Arias Cañete (PP).

Por si fuera poco, una de las mayores entidades verificadoras y certificadoras de España, Certicalidad, ha sido suspendida de su actividad de inspección. Y hasta el productor de los precintos que garantizan la fiabilidad y trazabilidad de los jamones ha explicado a Economía Digital que ha sido víctima de un intento de soborno, ya que recibe llamadas de fabricantes en las que se le ofrecen importantes sumas de dinero para facilitar el etiquetaje que autentifica los productos ibéricos.

Frente al mayor escándalo que sacude al sector en los últimos, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido por Isabel García Tejerina, se desentiende de las posibles acciones fraudulentas.

Responsabilidad ajena

El Ministerio considera que las actividades de inspección y certificación recaen en los propios productores, en las entidades certificadoras y en las comunidades autónomas. Tampoco se posiciona en relación a las investigaciones por fraude alimentario por la venta de jamones de bellota por 195 euros en Carrefour.

“En cuanto al caso que ha salido en prensa, el Ministerio debe mantenerse al margen y esperar a que se realice y dé por terminada la operación”, explicó en una respuesta a este medio el Ministerio de Agricultura.  

El Ministerio asegura que son las comunidades autónomas las que deben vigilar por que se cumpla la normativa de calidad del jamón ibérico y que, por tanto, poco o nada les compete.

“El número de inspecciones realizadas en el sector del ibérico en las CC.AA. durante el año 2016 fue de 250. Para el año 2017 se programaron 305, y en estos momentos estamos a la espera de que las autoridades de las CC.AA. nos envíen los datos de las inspecciones llevadas a cabo”, ha explicado Agricultura a las preguntas formuladas por este medio.

El Ministerio asegura que está a disposición de la Guardia Civil para colaborar en las investigaciones. Seprona calcula que a finales de este mes podrían conocerse las primeras conclusiones de la investigación que, por ahora, implican a Comapa y Carrefour y que podrían extenderse a otras compañías del sector. 

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