Fiscalía pide dar carpetazo a la causa penal contra Miró

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JUDICIAL

12 de febrero de 2014 (21:01 CET)

Francesc Miró, propietario de la cadena de electrodomésticos que lleva su apellido por nombre, toma aire. El empresario, inmerso en varios frentes judiciales por la insolvencia de su firma, podría estar cerca de salir airoso de la causa penal que se investiga en el juzgado de instrucción número 19 de Barcelona. La Fiscalía ha remitido un escrito al magistrado con fecha de 1 de febrero en el que solicita el sobreseimiento provisional del caso.

En el documento, al que ha tenido acceso Economía Digital, el fiscal Miquel Turón desmonta los presuntos delitos que Miró cometió en el ejercicio de su cargo --estafa, insolvencia punible, falsedad contable y doble contabilidad--. Además de señalar que existe un defecto de forma en la participación en el proceso de la Acusación Particular, representada por las organizaciones querellantes: la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodoméstico de Línea Blanca (ANFEL) y de la Asociación Española de Frabricantes de Pequeños Electrodomésticos (FAPE).

¿Hubo estafa? ¿A quién?

El fiscal rebate que Francesc Miró realizara una estafa del nazareno --timo que supone satisfacer los primeros contratos para luego hacer otros de mayor cantidad sin intención de cumplir con ellos--. “Pretender sostener que Francesc Miró montó una empresa que llegó a tener 134 tiendas y hasta 1.800 trabajadores para crear una apariencia suficiente para engañar a los asociados de ANFEL y FAPE ralla lo absurdo y no merece más comentarios”, apunta el escrito. Y remacha: “Lo que ha pasado es que mientras los contratos eran debidamente satisfechos, les era indiferente el estado contable de Establiments Miró”.

También tumba el argumento de que ANFEL y FAPE no habrían contratado a Establiments Miró de haberse sabido el estado real de las finanzas. El escrito asevera que esa versión “no se sostiene” porque, de ser así, sólo habrían llegado acuerdos con en 2001, único año en que la mercantil tuvo beneficios, según la administración concursal. “No se puede admitir como veraz, teniendo en cuenta el alto volumen de negocio de todos estos años”, indica. Además, el fiscal da la puntilla al decir que nunca ha comparecido ninguna víctima, ya que ambas organizaciones no lo son de forma directa.

Insolvencia punible: penal vs mercantil

El fiscal Miquel Turón también desmonta el delito de insolvencia punible, tanto para Miró como para Miguel Carrillo --ex director financiero-- y Josep Rius –ex controller--. El escrito recuerda que ambos fueron absueltos de responsabilidad en el procesa mercantil y acusa a los querellantes de intentar incriminarlos por segunda vez, lo que supone una vulneración del principio de intervención mínima del derecho penal.

Por lo que se refiere a Francesc Miró, “no consta que la situación de crisis económica de la firma fuera causada o empeorada intencionalmente por él mismo, ni mucho menos que el mismo causase la destrucción o ocultación de activos”. Y concluye: “Es cierto que realizó una contabilidad poco cuidadosa, pero también lo es que no lo hizo con voluntad dolosa de causar perjuicio, sino para mantener la actividad de la firma”.

Falsedad contable y doble contabilidad

El texto remitido al juzgado apunta a que el supuesto delito de falsedad contable es en realidad unas irregularidades que no pueden ser consideradas propiamente falsificaciones. No obstante, entiende que se trata de un punto valorativo y por eso pide el sobreseimiento provisional y no el libre.

Asimismo, apunta que para que existiera una doble contabilidad debería haber dos libros completos paralelos, intercambiables según conveniencia. En este caso, el fiscal dice que lo que realmente ocurrió fue una alteración al alza de los activos societarios.

Bloqueo a ANFEL y FAPE

El fiscal Miquel Turón resalta algunas irregularidades en la postulación de ANFEl y FAPE como representación procesal. Indica que la querella nunca ha sido ratificado por ningún representante legal de ambas organizaciones. Además les exige poderes notariales de cada una de las supuestas empresas que representan.

Por todo ello, pide al juez que no acepte ninguna nueva petición de la acusación particular hasta que no se resuelvan estos flecos legales.
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