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Javier Pérez Dolset, fundador del grupo Zed, había sido encarcelado por un presunto fraude de subvenciones de su empresa tecnológica

Barcelona, 22 de julio de 2017 (13:29 CET)

El empresario Javier Pérez Dolset abandonó la cárcel en la que ingresó el pasado 29 de junio por el presunto fraude en las subvenciones de la tecnológica que el mismo fundó, el grupo Zed, tras haber abonado una fianza de 60.000 euros.

Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en contra del criterio de la Fiscalía, que daba validez a los documentos remitidos por el secretario general del Grupo Planeta, Luis Elías, relativos al presunto desvío de fondos por parte del empresario a Panamá.

La investigación tuvo su origen en la denuncia del propio Dolset contra sus socios rusos, ahora también querellados, por una serie de "actuaciones personales, societarias y empresariales" encaminadas a la absorción ilegal de empresas mediante un "procedimiento complejo" que culminó con una situación de insolvencia.

Pérez Dolset fue detenido el pasado 29 de junio junto a otras siete personas por el presunto fraude de subvenciones de la tecnológica Zed Worldwide, que ocasionó un perjuicio patrimonial de más de 100 millones de euros, como consta en la querella de Anticorrupción.

A Pérez Dolset la justicia lo investiga por un supuesto fraude de 100 millones de euros

Durante su declaración el pasado 13 de julio reconoció ser el titular de una sociedad en aquel país, si bien reiteró que no es cierto que disponga de fondos opacos, 101 millones de dólares según el escrito de la Fiscalía.

Pérez Dolset fue el único de los detenidos que ingresó en prisión, después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 solicitase la puesta en libertad para el resto, para quienes ordenó la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.

La querella, dirigida contra diecinueve personas, entre ellas los padres de Pérez Dolset, Juan Antonio Pérez y María Jesús Dolset, y sus hermanos, Ignacio y Patricia, considera que éstas generaron un daño millonario que se proyectaría "directamente entre los accionistas de la compañía, las entidades que la financiaron y los organismos públicos que le concedieron subvenciones".

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