Juan Antonio Gallo, el verdadero vencedor de la resolución del Supremo sobre ATLL

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El máximo tribunal de España avala las tesis que expuso el presidente del organismo de mediación del sector público catalán para apartar temporalmente a Acciona de la gestión del agua catalana

30 de octubre de 2014 (22:13 CET)

La piezas en el tablero no han cambiado. La sentencia del Tribunal Supremo sobre ATLL acerca un poco más a Aguas de Barcelona (Agbar) para que dé jaque al rey. Es decir, forzar a que el Govern revoque el contrato mediante el cual Acciona permite que 3,23 millones de personas del Área Metropolitana de Barcelona tengan agua del grifo. El litigio está vivo, pero la resolución de la sección séptima de la sala de lo Contencioso-Administrativo del máximo tribunal de España significa una victoria clara para uno de los nombres propios de la guerra del agua: Juan Antonio Gallo.

El actual presidente del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (antes Oarcc), hijo del famoso periodista y político Federico Gallo, es el funcionario que firmó la primera resolución contraria a los intereses del Govern de Artur Mas en este conflicto.

Medida cautelar

El documento se emitió en enero de 2013 y señalaba que Acciona debía quedar excluida del concurso de ATLL porque no cumplía con el pliegue de condiciones (modificaba el calendario de obras) y marcaba que quedara apartada de la compañía de forma inmediata como medida cautelar.

Este último aspecto es el que ha sido ratificado por el Supremo. Desde un inicio, la Generalitat ha cargado contra este funcionario del cuerpo público catalán en su defensa de la pulcritud de la adjudicación. Incluso ha argumentado ante el juez que obró de mala fe [“un hecho sumamente extraño”, afirma textualmente en su recurso] al solicitar por correo electrónico el 20 de diciembre de 2012 a dos personas, una de ellas miembro de la mesa de contratación, su opinión sobre “cuestionas técnicas del recurso de Agbar referidas a la oferta de Acciona”.

La Generalitat también ha manifestado en varias ocasiones ante los magistrados que el órgano de mediación del sector público era “unipersonal” a la hora de dictaminar el recurso, por lo que ponía en duda su fuerza.

Respaldo de la legislación europea

El Supremo ha sido meridianamente claro ante estas apreciaciones. No se ha limitado a dar la razón a su argumentario jurídico, tal y como hizo en su día el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). También recuerda a las partes del litigio que cualquier resolución firmada por Gallo, como presidente del tribunal del sector público, cuenta con una “singular relevancia” que destacan las “normas europeas y españolas”. Sus decisiones son de obligado cumplimiento porque así lo establece tanto Bruselas como la transposición de esta directiva en el sistema español.

El propio Gallo reconocía a Economía Digital que optó por la plaza en el organismo en marzo de 2012 porque estaba ante una “institución nueva, que se rige por criterios de la Unión Europea y que cambia el modo de entender la administración pública, dando más imparcialidad y transparencia a los concursos”.

Quebranto para la Generalitat

Bajo esta premisa, no le tembló el pulso en señalar las zonas oscuras de la mayor privatización que el Govern de Artur Mas ha puesto en marcha en sus cuatro años de mandato. El Supremo le da la razón y obliga a la Generalitat, Acciona y la sociedad que gestiona ATLL (en la que el grupo de los Entrecanales va de la mano con BTG Pactual y un grupo de accionistas minoritarios) a desembolsar hasta 6.000 euros por los costes de los tres recursos de casación que presentaron ante el máximo tribunal español.

Por el momento sólo se conoce el sentido de uno, el de la gestora de ATLL, pero los otros dos se esperan en el mismo sentido porque los argumentos esgrimidos han sido los mismos. Este importe se deberá sumar al quebranto que producirá para las arcas catalanas si, finalmente, la justicia tumba la adjudicación. Deberá desconsolidar casi 1.000 millones de déficit de 2012, reembolsar otros 300 millones a Acciona y sus socios y asumir los daños y perjuicios que le puedan imputar los expulsados del concurso.

La guerra del agua sigue en marcha.
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