La estafa de Funnydent sería por 8,8 millones de euros y afecta a casi 2.500 personas
Los afectados pertenecen a la Comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona
La presunta estafa de la franquicia dental Funnydent alcanzaría 2.481 pacientes y llegaría a los 8,8 millones de euros, según establece el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero.
El acusado es el administrador único Cristóbal López Vivar, quien de un día para el otro cerró las nueve clínicas que tenía abiertas en la Comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona. Actualmente, el empresario se encuentra en prisión y con sus cuentas bloqueadas.
El número afectados y el monto que maneja la Justicia surge de las denuncias presentadas hasta el 12 de febrero.
Números rojos
Cuando los peritos averiguaron la situación patrimonial de López Vivar, se comprobó que las diez cuentas que estaban a su nombre estaban en números rojos, o con saldos mínimos, por lo que el 8 de febrero se ordenó el bloque de las cuentas a nombre de las seis sociedades mercantiles que estaban a su nombre.
Estas son las cuentas de Exitodental S.A., Dentalsalud S.L., Laboratoria Crisan SL, Dental Salud S.L., Zona Norte S.L., Zona Sur S.L., Zona Este S.L. y Zona Oeste S.L, de las cuales ninguna tenía saldo positivo.
La mayor cantidad de denuncias de los afectados son de las ciudades de Leganés (481 casos), Fuenlabrada (442), Sabadell (347), Móstoles (335) y Alcobendas (334).
Un agujero negro que no le importó
Funnydent, según la investigación judicial, no era un mal negocio: la empresa generaba importantes beneficios desde que comenzó a operar en el 2011. De hecho, se llegó a un punto que cada clínica ofrecía ingresos por un casi un millón de euros.
Sin embargo, en 2015 y tras una auditoría, López Vivar descubrió (según su declaración) que Funnydent, tenía un «agujero negro» de casi dos millones de euros. Sin embargo, el empresario continuó financiando tratamientos e, incluso, inaugurando nuevas clínicas. Inclusive, pudo comprarse un coche de lujo de 120.000 euros.
El juzgado de Navalcarnero se ha inhibido en el caso en favor de la Audiencia Nacional, al comprobar que los afectados pertenecen a varias provincias españolas.
