El presidente de Agbar, Ángel Simón, pide un regulador independiente sobre el agua, frente al "dogmatismo" de Colau./ED

La rebelión de Ángel Simón contra el populismo punitivo

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El presidente de Agbar, Angel Simón, defiende que no existen quejas por los servicios que presta, y que los ataques se deben sólo a motivos ideológicos

Manel Manchón

Economía Digital

El presidente de Agbar, Ángel Simón, pide un regulador independiente sobre el agua, frente al "dogmatismo" de Colau./ED

Barcelona, 24 de marzo de 2017 (05:00 CET)

Basta ya. Es el clamor que ya no quiere ocultar Ángel Simón, el presidente de Agbar. Los nuevos movimientos políticos, con un poso ideológico claro, quieren poner en cuestión los servicios que prestan las grandes empresas, con el deseo de lograr un cambio en la gestión. Para Simón, se trata de un “populismo punitivo”, porque se pretende castigar, a su juicio, a las grandes empresas sólo por el hecho de serlas.

En esa etiqueta incluye a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero, principalmente, a la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, y a otros alcaldes, como el de Terrassa, Jordi Ballart.

“No me ha llamado nunca, y me llama en cuanto hay un incidente, que se arregló de inmediato”, aseguró Simón este jueves respecto a Sabater, y en relación al temporal marítimo en diciembre que destruyó el colector de Levante, provocando que aguas residuales de los municipios de Tiana, Montgat y Badalona llegaran al mar.

Con motivo del Día Mundial del Agua, Simón cerró un acto con la presencia de directivos de Agbar y del profesor de la Universidad de California, Takashi Asano, que explicó como el futuro pasa por la reutilización del agua, y la inversión en infraestructuras que garanticen el suministro de un bien cada vez más escaso.

Ello le sirvió a Simón para “poner en valor” todo lo que está llevando a cabo Agbar, y su matriz, la multinacional, Suez Environment. Las alusiones a los alcaldes que pretenden cambiar la gestión del servicio del agua, con la idea de la “remunicipalización”, fueron constantes, con un tono sosegado pero contundente. “El agua siempre ha sido y es un servicio municipal. Estamos en 71 lugares del mundo, y si estamos es porque saben que prestamos servicio en Barcelona, y la pregunta que surge es cómo alguien quiere que dejemos de estar en Barcelona”, clamó Simón.

Los nuevos movimientos políticos cuestionan todo lo que se ha hecho desde la transición

A todos sus directivos les dijo que, al pertenecer a una gran empresa, tendrán dificultades, y les “insultarán”, porque “no está de moda la gran empresa, está de moda la start up, que lo que busca, precisamente, es ser comprada por alguna gran empresa, para obtener plusvalías”, aseguró, y reiteró que “no existe el conflicto social, todos los canales que tenemos para controlar la satisfacción de los ciudadanos con nuestro servicio están en máximos, no hay un sólo problema, sólo existen motivos ideológicos”, señaló, en el auditorio del Museo de las Aguas, en Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Insistió en que en 2012, Agbar decidió constituir un fondo del que se han beneficiado “17.000 familias”, con el que se garantiza que a nadie se le cortará el agua por cuestiones económicas.

Pero Agbar, que presta el servicio en el área metropolitana de Barcelona, a través de una empresa mixta, una sociedad entre Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona, inmersa en un proceso judicial, no deja de recibir presiones, tras el auge de los nuevos movimientos políticos que gobiernan en ciudades como Barcelona o Badalona. Se trata de un cambio político que engarza con Podemos, en el resto de España, o con la CUP y el partido que trata de impulsar Ada Colau. Es generacional, pero muy marcado por la ideología, con la pretensión de poner patas arriba todo lo que se ha ido construyendo desde la transición.

Prueba de ello es que se acaba de constituir la Asociación Catalana de Municipios para la gestión pública del agua. En el anuncio de la asociación participaron, este miércoles, la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, de Els Comuns; la de Badalona, Dolors Sabater, que encabezó el movimiento Guanyem Badalona; el alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà; el alcalde de El Prat, Lluís Tejedor; el alcalde de Sabadell, Juli Fernández; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, y el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. La intención es clara: difundir, velar, promover e impulsar la gestión pública del agua, articulando todos los actores interesados en ese modelo de gestión.

Pero, ¿pueden tomar, realmente el relevo en el servicio? Algunos son alcaldes veteranos, como Tejedor, que saben todo lo que se ha realizado hasta ahora, pero que se unen con los alcaldes jóvenes, como si renovaran su mochila ideológica.

Simón insiste en que no se puede confundir el control público, que es el regulador, con el control político

Simón quiso recordar una cuestión que algunos responsables municipales comentan en los últimos meses. Se trata de un brote de tifus en 1914, que se atribuye a Agbar, que ya prestaba el servicio, pero que brotó de las fuentes de la ciudad, que eran responsabilidad del Ayuntamiento de Barcelona, y no de la empresa. El presidente de Agbar insistió en el debate sobre la gestión. “No confundamos un control público, que es lo que hace el regulador, con el control político, y la mejor calidad, eficiencia y precio se ofrece desde Agbar”.

El problema de fondo es la inversión, la que será necesaria para mejorar las infraestructuras y para caminar hacia un modelo de gestión circular del agua, que es lo que defiende Agbar, y que describió el profesor Takashi Asano al explicar su experiencia en California, con carencias importantes en el suministro. La reutilización del agua, las reparaciones en las instalaciones e infraestructuras, el análisis constante de la calidad del agua...todo ello lo puede realizar una gran empresa.

“Nosotros lo podemos hacer porque disponemos de una red mundial”, insistió Simón.

Al margen de esa presión política, que ejercen los responsables de los nuevos movimientos, que gobiernan en importantes municipios, Agbar está pendiente de dos conflictos jurídicos. En el primero se juega la continuidad de la concesión en el Área Metropolitana de Barcelona, que está vinculada a una resolución del Tribunal Supremo. Debe pronunciarse sobre la anulación del decreto de creación de la empresa mixta, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El otro caso hace referencia a la empresa ATLL, cuyo concurso de privatización fue a parar a Acciona, tras un accidentado proceso por parte del Gobierno de la Generalitat. Agbar ha ido ganando todas las sentencias y está pendiente de la sentencia final del Tribunal Supremo.

Simón se enoja por ocultar el nombre de Agbar tras ayudar en el salvamento de refugiados

Simón ha pasado al ataque. No quería publicidad por aportar una lancha, a través de la Fundación Agbar, para complementar las tareas de un velero con el que zarparon los voluntarios de la ONG Proactiva Open Arms desde las costas de Libia, para recoger refugiados. Pero mostró su malestar porque se escondió el nombre de Agbar, con la idea de que el apoyo de las grandes empresas no es un buen cartel en estos momentos. Contra eso lucha Simón ahora, harto de una especie de “adanismo” que recorre la política catalana y española.

En el acto, esta vez, sí asistieron representanes de la Generalitat, liderados por el secretario de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó, también muy enfadado con todo lo que pasa en Badalona, donde ha sido en repetidas ocasiones candidato a la alcaldía por CiU. También estuvieron presentes representantes del ACA, y en las primeras filas el ex consejero Felip Puig, que nunca entendió qué pasó con el concurso de ATLL. 

Y es que Simón se enfrentó a la Generalitat, por el caso ATLL, pero ahora quien busca cómo superar a Agbar son algunos alcaldes del área metropolitana, del PSC, o de la nueva izquierda “populista punitiva”, en palabras de Ángel Simón, que las toma prestadas, según él, de “un amigo”.

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