La sentencia de Spanair abre una vía para nuevas denuncias

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CONCURSO DE ACREEDORES

El ex presidente de Spanair, Ferran Soriano I EFE

18 de septiembre de 2014 (21:44 CET)

La sentencia por el caso Spanair, que condena al antiguo consejo de administración a una inhabilitación de dos años y a pagar 10,8 millones de euros, podría tener más consecuencias. Fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que la argumentación del magistrado da pie a que afectados por la quiebra puedan solicitar nuevas responsabilidades económicas.

Esta tesis señala que la compañía se encontraba en situación de disolución obligatoria por el maltrecho estado de sus cuentas mucho antes de la solicitud del concurso, tal y como señalan varios acreedores. Este afirmación ha sido respaldada por la sentencia y podría suponer una puerta abierta para un nuevo proceso contra la antigua cúpula liderada por Ferran Soriano por no finiquitar la compañía en 2009.

Causa de disolución societaria

“No se trata de una relación directa entre ambas responsabilidades. La responsabilidad por no hacer frente de forma diligente a la insolvencia concursal y retrasarla, no tiene ni los mismos fundamentos ni idénticas consecuencias que la que deriva del incumplimiento de la obligación de disolución societaria”, explica el presidente de la sección de derecho concursal del Colegio de Abogados de Barcelona, Jordi Gras. En este sentido, el también letrado de Ernst & Young indica que tal situación se debería valorar en un nuevo proceso"

Esta vía se podría haber explotado con anterioridad. No obstante, la sentencia refuerza la tesis de que hubo una dilación en la disolución societaria.

Sentencia

El titular del juzgado mercantil número 10 de Barcelona, José Manuel de Castro, falló el miércoles en contra del antiguo consejo de administración de la desaparecida aerolínea. El magistrado asegura textualmente que la dirección de la firma trató de simular que todo iba bien cuando, en realidad, la compañía había perdido la posibilidad de sumar un socio industrial.

Tanto la Generalitat como el ex consejo de administración ya han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
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