La trama del jamón caducado llegó a los menús de los presos. En la imagen, la comida de un centro de internamiento para extranjeros.

La trama del jamón caducado llegó a las cárceles de casi toda España

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El jamón caducado que lucra a una trama de 30 empresarios terminó en los platos de los reclusos de casi toda España

David Placer

Economía Digital

La trama del jamón caducado llegó a los menús de los presos. En la imagen, la comida de un centro de internamiento para extranjeros.

Madrid, 20 de junio de 2018 (04:55 CET)

La trama del jamón caducado, en la que están implicadas unas 30 empresas en toda España, actuó sin escrúpulos, ya que su mercancía acabó en los platos de comida de los presos de casi todo el país.

Las cárceles españolas sirvieron a los reclusos jamones, embutidos y carnes en malas condiciones al menos hasta finales del año pasado, según han confirmado a Economía Digital fuentes de la investigación judicial. 

La red empresarial, compuesta por productores y distribuidores de jamones y embutidos, captaba comida caducada o a punto de caducar en los supermercados y, en lugar de enviarla a centros especializados para su destrucción o incineración —como obliga la ley—, cambiaba fechas de caducidad y las vendía a las cárceles de toda España, con excepción de Cataluña y Baleares, según las investigaciones judiciales.

La red empresarial captaba comida a punto de caducar, la reetiquetaba y la distribuía

Un juzgado de Fregenal de la Sierra (Badajoz) estudia el alcance de la trama de empresarios que están investigados por delitos contra la salud pública, en una operación destapada por Economía Digital este martes. Hasta ahora, los responsables de cuatro empresas han sido imputados: Valle de los Valfríos, Cash la Temporada, Pescados Saraymar y Porkytrans.

Esta última empresa, con sede central en Murcia y con operaciones en casi toda España, sería la responsable de dar salida a los jamones caducados que eran reetiquetados en la nave de la empresa Valle de los Valfríos, según la investigación judicial.

El distribuidor

El propietario de la empresa distribuidora, Andrés Narváez, ha declarado como investigado ante la Guardia Civil, según ha reconocido a este medio. Narváez está acusado de hacer llegar a las cárceles jamones en mal estado, aunque está convencido de que las imputaciones de la Guardia Civil son producto de una “confusión” en la investigación.

“Yo no vendía productos ni caducados ni podridos. Esa fue una acusación que me hicieron pero no es cierta. Me obligaron a destruir toneladas de mercancía, pero voy a demandar a los veterinarios de la Junta de Extremadura", explica el empresario.

El imputado confía en que, una vez recabada toda la información por parte de los juzgados y la fiscalía, pueda quedar libre de cargos. Sin embargo, los investigadores consideran que no ha explicado con claridad por qué en sus naves se estaban manipulando embutidos.

Instituciones Penitenciarias ha tenido que rescindir contratos de suministro de alimentos

Instituciones Penitenciarias ha confirmado que ha rescindido el contrato de suministro de alimentos con la empresa Porkytrans, donde los agentes del Seprona irrumpieron por sorpresa en abril para incautarse de documentación e inspeccionar sus almacenes.

Según Instituciones Penintenciarias, la empresa recibió varios avisos por entregar mercancía en condiciones inadecuadas, sin especificar cuáles eran las carencias. El organismo dependiente del ministerio del Interior explica que envió varias advertencias a la empresa antes de cancelar definitivamente su contrato.

Hasta ahora, hay una decena de imputados pero la investigación prevé llegar a la treintena

La empresa sirvió comida, especialmente derivados del cerdo (lomo, jamones y chuletas) hasta finales del año pasado, según ha confirmado la propia compañía.

Un camión se lleva los jamones caducados encontrados en la nave de la empresa Valle de los Valfríos (Badajoz).

Un camión carga los jamones caducados de la empresa Valle de los Valfríos. (Fotografía cedida por ex-trabajdores de la empresa).

La juez cree que la trama obtenía beneficios millonarios al vender comida destinada a la destrucción para los presos. Hasta ahora, hay una decena de imputados pero se prevé que la cifra final pueda alcanzar los 30.

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