Entorno de la estación de La Sagrera, en Barcelona, poco antes de paralizarse las obras

Las constructoras de La Sagrera cobraron obras que no habían hecho

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El desfase entre los certificados a cobrar y la obra realmente ejecutada obligó a Adif, tras sendas auditorías, a poner el caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción en 2015. En julio de 2013, meses antes de paralizarse las obras, los sobrecostes superaban los 200 millones

Madrid, 09 de junio de 2016 (01:00 CET)

Julio Gómez-Pomar, el secretario de Estado de Infraestructuras, viajó el pasado martes a Barcelona para inaugurar el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL), y regresó a Madrid por la tarde dejando entrever la existencia de un nuevo posible nuevo caso de corrupción de altos vuelos.

El que desde hace un año investiga la Fiscalía Anticorrupción por los sobrecostes de las empresas adjudicatarias de la estación de La Sagrera.

"Menuda la que ha liado el secretario de Estado al irse de la lengua", comentan desde la propia Fiscalía, sorprendidos de que haya sido el alto cargo el que desvelara algunos extremos de la investigación que se está llevando a cabo, sobre los que no han querido realizar comentario alguno a la petición realizada por Economía Digital.

El presunto caso de corrupción, según lo comentado por Gómez-Pomar, estaría relacionado con el cobro, por parte de las constructoras adjudicatarias de la estación de La Sagrera, en Barcelona, de obras que realmente no habían hecho.

Desfases auditados

"Se vieron diferencias entre lo que constaba como obra ejecutada y lo que figuraba como obra certificada, confirmada luego por una auditoría interna y por otra externa", apuntaba el secretario de Estado.

Desvelaba así Gómez-Pomar la verdadera razón por las que las obras de esta gran infraestructura llevan prácticamente paradas dos años, aunque ni el Ministerio de Fomento ni Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, en ningún momento hayan confirmado tal extremo.

Ocho constructoras en el punto de mira

A partir de aquí, la gran incógnita a resolver. Qué empresa o empresas serían las implicadas en el presunto caso de corrupción. En principio, todos los certificados de obra que las ocho empresas adjudicatarias presentaron entre 2011 y 2013 estarían siendo objeto de investigación por parte de Anticorrupción.

Adif, que había licitado esta gran obra por 677 millones de euros, la adjudicó a finales de marzo de 2010 por 590 millones, con una baja del 13%, siendo José Blanco ministro de Fomento en la última legislatura presidida por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y fue dividida en dos lotes, el de la estructura de la estación y el de los accesos a la misma.

La UTE integrada por ACS y su filial Dragados, Acciona y Comsa se adjudicó la obra de estructura por algo más de 366 millones de euros, mientras que las correspondientes a los accesos, por 233 millones, fue a manos del consorcio conformado por Rubau, Copisa, FCC y Ferrovial.

Similitudes con otro caso de corrupción del AVE a Barcelona

El presunto caso de corrupción desvelado por Gómez-Pomar entronca con otro abierto en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona, el de los sobrecostes de más de 30 millones de euros en un contrato que, en marzo de 2008, se adjudicó Corsán Corviam (ahora en Isolux Corsán) para llevar a cabo las obras del AVE entre el nudo de la Trinidad y la futura estación de La Sagrera.

Una obra adjudicada por 68 millones de euros, 30 menos de los inicialmente presupuestados que, curiosamente, coinciden con los del supuesto sobrecoste, por el que el juez mantiene imputados a dos exresponsables de Adif y a un representante de la ahora Isolux.

Mediciones alteradas y falsas certificaciones

En este caso, Anticorrupción ha acreditado que los implicados alteraron de forma repetida las mediciones técnicas de los trabajos adjudicados, falsearon posteriormente las certificaciones oficiales de la obra ejecutada y camuflaron el desvío en la certificación final para dar justificación aparente a más trabajos de los que realmente habían efectuado.

Según la auditoría encargada por Adif y remitida al juzgado, la diferencia de costes entre lo presupuestado y el coste real incluía conceptos como el uso de barreras new jersey de hormigón o láminas geotextiles que no se encontraron, cerca de 700 -la mitad de las previstas-, y el uso de placas metálicas atornilladas y remachadas en lugar del hormigón contemplado.

Las similitudes resultan palmarias entre este caso de Isolux y el ahora desvelado en torno a la estación de La Sagrera.

Fomento movió ficha para detener el desajuste

Si echamos la vista atrás en este asunto, los sobrecostes sobre esta obra, ya en julio de 2013 -meses antes de la detección de las irregularidades-, se estimaban en más de 200 millones sobre el precio de adjudicación y en 130 por encima del presupuesto inicial de licitación.

Fueron los que entonces motivaron la firma de un protocolo de intenciones entre la ministra de Fomento, Ana Pastor, el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, de cara a garantizar el desarrollo de la construcción de la nueva estación.

Además de acometer un modelo de financiación alternativo basado en la gestión de la superficie comercial que incluye la participación de un inversor privado, el acuerdo ponía sobre la mesa la necesidad de reducir los costes de la obra, con la modificación de la cubierta, la supresión de elementos ornamentales y la racionalización de las soluciones estructurales.
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