Los aspirantes al AVE de Brasil cambian de planes para atenuar el accidente de Santiago

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Las empresas españolas que aspiran a 13.000 millones en adjudicaciones intensifican las reuniones técnicas

04 de agosto de 2013 (12:05 CET)

El grupo de empresas públicas y privadas que componen el consorcio con el que España competirá por el contrato de construcción y explotación del AVE de Brasil intensificará a partir de esta semana sus reuniones para perfilar la oferta que presentará al gobierno del país latinoamericano el próximo 13 de agosto.

En estos encuentros se pretende concretar y revisar todos los aspectos, técnicos, económicos o jurídicos, de la oferta con la que España busca reeditar el éxito logrado en Arabia Saudí, al hacerse con el AVE La Meca-Medina, uno de los mayores logrados en el exterior.

Imagen exterior


Estas reuniones técnicas se realizarán en paralelo a las iniciativas que todos los agentes, instituciones y empresas relacionadas con el sector ferroviario llevan a cabo en la defensa y protección de la imagen internacional de la alta velocidad española, con el fin de "atenuar" el efecto que sobre la misma pueda tener el accidente de un tren Alvia descarrilado en Santiago de Compostela.

El consorcio del AVE a Brasil, que preside José Eladio Seco, está compuesto por las públicas Renfe, ADIF e Ineco, y las firmas privadas ACS, Talgo, Indra, Elecnor, Abengoa, Thales, Bombardier y Dimetronic.

Este grupo remitirá a la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de Brasil la propuesta con la que buscan hacerse con el primer AVE americano.

El macro contrato

Se trata de un macro contrato de unos 13.000 millones de euros que contempla la construcción y explotación de una línea AVE de 511 kilómetros de longitud que unirá Río de Janeiro, Sao Paulo y Campinhas. El proyecto se ejecutará en dos fases.

La primera de ellas, que es la que ha salido a concurso por un importe de 2.450 millones, abarca la instalación de la denominada superestructura de la línea (los sistemas de electrificación, señalización, seguridad y telecomunicaciones, entre otros) y la explotación del servicio ferroviario durante un plazo de 40 años.
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