En la imagen, un repartidor de Glovo.
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El Parlamento Europeo aprueba una nueva legislación que obliga a las empresas a detallar las condiciones laborales de los empleados

Barcelona, 16 de abril de 2019 (16:55 CET)

Plataformas como Glovo y Uber deberán regular e informar de sus contratos a los trabajadores, pese a su insistencia a mantener un modelo de contrato de trabajadores autónomos. Así lo ha decidido el Parlamento Europeo, que ha aprobado la nueva legislación sobre los empleos vinculados a plataformas digitales, que cada vez tienen unas condiciones más precarias.

La nueva normativa explicita que desde el primer día de su contrato, la empresa empleadora debe informar a todos los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo, y proporcionar una descripción detallada de sus tareas, la fecha de incorporación, la duración, el salario y el horario aproximado que va a cumplirse durante la jornada. Los cambios también garantizarán derechos para aquellos trabajadores bajo demanda, que cobran a través de bonos o plataformas en línea. 

En el caso de que se trate de empleos por horas o suplencias, también están obligados a informar a los ocupantes de dichos puestos. En esta línea, empresas como Glovo deberán especificar el tipo de contrato de sus trabajadores, que funcionan a través de encargos y que, según la empresa, no tienen un vínculo laboral pleno con ésta. 

El tiempo de prueba de los empleos no podrá rebasar los seis meses y en caso de que se renueve el contrato, ya no tendrá un nuevo periodo de prueba. Será responsabilidad de cada país determinar cuándo termina el plazo para cancelar un trabajo a demanda sin que el empleado haya de cobrar una retribución.

Qué sectores quedan fuera de la normativa europea

La nueva normativa no afecta a todos los sectores: aquellos contratos de menos de siete días, las empleadas del hogar contratadas en núcleo familiar, los servicios de emergencia, los marineros y el sector público no entran dentro de esta nueva legislación. 

La comisaria Europea de Empleo, Marianne Thyssen, ha defendido el cambio en la legislación para que se "provean condiciones de trabajo más transparentes y predecibles a 200 millones de asalariados en Europa". 
 

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