Los trabajadores de las cajas quieren que los políticos se apliquen la reforma laboral
Solicitan por escrito al Congreso que renuncien a las indemnizaciones que acompañan a los diputados y cargos que dimitan o no sean reelegidos
El presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), Luis Alameda, ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una carta dirigida a todos los grupos parlamentarios en la que reclama a diputados y senadores que se apliquen también a sí mismos las nuevas indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades que recoge la reforma laboral aprobada por el Gobierno, y que será convalidada el jueves por el Pleno del Congreso.
En la actualidad, la pérdida del escaño o del cargo político viene acompañada con retribuciones que en algunos casos pueden ser hasta vitalicias.
La misiva reclama a los parlamentarios que apliquen la reforma «con coherencia y credibilidad», lo que, a juicio de CSICA, pasa por aplicar los nuevos criterios de indemnización a todos los parlamentarios que «renuncien al cargo o no sean reelegidos».
«El cambio legislativo aprobado, susceptible de ser corregido, resulta de tan hondo calado que nos parecería razonable que su convalidación definitiva, en los términos que acaben siendo resultantes, esté sustentada en la coherencia y la credibilidad por parte de aquellos a quienes la ciudadanía ha otorgado su confianza representativa», justifica Alameda.
Coherencia
Así, insta a diputados y senadores a aceptar esta petición porque «contribuiría a eliminar la incoherencia y el agravio comparativo que resultaría acordar medidas aplicables a los trabajadores para, supuestamente, mejorar la flexibilidad y la eficiencia de las empresas y, en cambio, eso no fuese aplicado a las instituciones» donde, según recuerda, los parlamentarios «pueden acceder a la pensión máxima acreditando sólo el ejercicio de dos legislaturas completas».
La Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros agrupa a 20.000 empleados del sector que, según denuncia, se verán «especialmente perjudicados por la reforma propuesta por el Gobierno».
