8.000 firmas van a perder su permiso el 1 de enero  / E.P.

Los contratos de 8.000 empresas con el Estado, en suspenso por el 10-N

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La falta de Gobierno amanaza con dejar en el aire la licencia de la mitad de las empresas clasificadas como contratistas públicas

Madrid, 24 de septiembre de 2019 (09:14 CET)

8.000 empresas clasificadas como contratistas públicas ven peligrar los trabajos que actualmente están llevando a cabo. La falta de un Ejecutivo en plenas capacidades amenaza con dejar en el aire las licencias de estas firmas, que suponen la mitad de las que de contratistas del Estado y cuya autorización expía el 1 de enero de 2020. 

Según recoge Cinco Días este martes, el Gobierno en funciones ultima ahora un real decreto ley de urgencia para tratar de solventar la situación antes de fin de año. Su tramitación correrá a cargo ya de la Diputación Permanente del Congreso, ya que, al disolverse las Cámaras por los nuevos comicios, es el único organismo con capacidad de realizar este trámite. 

En concreto, según los datos manejados por el Ministerio de Hacienda, faltan por renovar su licencia más de 3.000 contratistas de obras, el 53% del total de los autorizados actualmente, y más de 4.600 de los de servicios, el 63% de todos.

La solución que ya se está sopesando en el Ministerio de Hacienda consiste en un proceso gradual que incentive una solicitud escalonada de las nuevas licencias.Según el diario económico, el plazo se alarga un año, hasta el 1 de enero de 2021, para las empresas que optan a recibir contratos de obras de más de cinco millones de euros o de servicios por más de 1,2 millones, y en dos años, hasta el 31 de diciembre de 2021, para las compañías que optan a contratos de cuantía inferior.

Con esta medida, se pretende dar mayor margen a las pymes que a las grandes firmas.

Falta de tiempo para tramitar las solicitudes

El problema deriva del real decreto 773/2015, de 28 de agosto, que modificó los términos y condiciones bajo los que se concede la licencia de contratista de obras y servicios para las administraciones públicas. Estas licencias acreditan el grado de solvencia de cada compañía para ofrecer una determinada labor a la administración en función del ámbito y la cuantía del proyecto.

La norma estableció un periodo transitorio de adaptación que culmina el 1 de enero de 2020, fecha en la que expirarán automáticamente las licencias antiguas que no hayan sido renovadas.

El hándicap es que a tres meses de la fecha límite -y sin un Gobierno que haya legislado al respecto- el grueso de compañías no ha actualizado su autorización, y aunque lo hiciesen ahora, el Estado no tiene medios para tramitar a tiempo las miles de solicitudes pendientes.

 

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