Miquel Puig arremete contra Gay de Montellà por declaraciones propias de una «sobremesa»

Al pan, pan, y al vino, vino. El economista Miquel Puig defiende desde hace meses una premisa: un «país decente, debe tener salarios decentes». Y, ante el rechazo de Foment del Treball al aumento del salario mínimo, Puig ha decidido saltar al ruedo. No tanto por la decisión en sí misma, si no por el modo de hacerlo. En una columna en La Vanguardia, Puig se dirige directamente al presidente de Foment, Joaquim Gay de Montellà: «En mi opinión, un mejor país requiere mejores instituciones, y eso incluye unas patronales que, entre otras cosas, no despachen temas importantes con declaraciones propias de una sobremesa».

El ataque es duro. Puig se refiere a los argumentos utilizados por el director de relaciones laborales de Foment, Javier Ibars, quien en unas jornadas de estudio, aseguró que un aumento del salario mínimo conllevaría más paro, menos productividad y un incremento del nivel de precios. Ibars añadió que se estaba haciendo «cierta demagogia» sobre esa cuestión en el debate político.

Se refería a Podemos, pero también al Govern de la Generalitat, al propio presidente Carles Puigdemont, que se ha mostrado partidario de ese aumento, y lo mostró en una jornada organizada por Pimec sobre esa cuestión, el pasado 15 de abril. Las declaraciones de Ibars se produjeron tras esas reflexiones.  

En cuestión el orden capitalista

Ibars fue contundente y en relación a la voluntad del Govern de negociar con agentes sociales una fórmula para aumentar el salario mínimo, aunque no es una competencia de la Generalitat. Aseguró que era un debate «desvinculado de la realidad», e insistió en que «antes de empezar la casa por el tejado se debería valorar si el pais está preparado para este incremento exponencial».

Miquel Puig se lleva las manos a la cabeza. Y enumera diversos ejemplos que van en el sentido opuesto a Foment. Tanto en el Reino Unido como en diversos estados norteamericanos sus gobiernos han decidido subir el salario mínimo. Las motivaciones son claras, a su juicio.

«En primer lugar, la constatación de que el crecimiento, por sí solo es incapaz de poner remedio a la creciente desigualdad, que está socavando la cohesión social y poniendo en cuestión el orden capitalista. En segundo lugar, la constatación de que esta desigualdad hace inviable el Estado de bienestar, toda vez que los ‘trabajadores pobres’ deben recibir un soporte público que ya tiene bastante trabajo con las personas que no pueden trabajar. Dicho de otro modo, aquellos países tan business friendly están subiendo el salario mínimo porque quieren seguir manteniendo baja la presión fiscal sobre la clase media».

Declaraciones «insustanciales»

Puig, que expone sus argumentos en su libro Un bon país no és un país low cost (Grup 62), insiste en que las decisiones de los gobiernos en el Reino Unido y en los estados de Estados Unidos se han tomado tras «estudios rigurosos», y que el impacto que se prevé sobre el empleo es «mínimo».

Se refiere a un informe de la Universidad de Berkeley, que concluye que «la investigación económica a nivel federal, estatal y local sobre los aumentos del salario mínimo (…) han encontrado poco o nada efecto medible sobre el empleo o las horas trabajadas». Y añade que The Economist dedicó un número a persuadir a sus lectores de la imprudencia de la decisión de David Cameron, pero «reconocía que era imposible hacerlo basándose en la evidencia empírica».

Por ello, Puig concluye reclamando «mejores instituciones», y que no se pueden aceptar «declaraciones insustanciales», en alusión a Ibars y a Foment. «Atentamente, Miquel Puig», se despide el economista en la columna, con el ilustrativo título de «Al presidente de Fomento».