Sólo Venezuela y Argentina superan a España en inseguridad jurídica

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CAMBIOS EN LA NORMATIVA DE LAS RENOVABLES

BayWa se dedica al montaje y explotación de grandes paneles  fotovoltáicos

en Barcelona, 17 de mayo de 2015 (12:00 CET)

Sólo Venezuela y Argentina, dos de los países con menos seguridad jurídica del mundo, tienen más demandas que España ante el arbitraje internacional que defiende a las empresas privadas de las decisiones gubernamentales.

En concreto, España tiene trece denuncias ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la mayoría presentadas por empresas de energías renovables. Venezuela tiene 25, Argentina 19 y, por detrás de España se sitúa Egipto, con 12.

Baywa, el último pleito


De acuerdo a la información disponible en la página web del Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial encargado de dirimir pleitos entre empresas privadas y países, el grupo alemán BayWa acaba de presentar una nueva demanda contra España.

La compañía cuenta con 13 plantas solares fotovoltaicas en España, instaladas en las cubiertas de naves industriales y en terrenos, con una potencia total de 19 megavatios (MW) pico.

La demanda de BayWa se une al arbitraje del ámbito de la construcción presentado por el grupo inmobiliario Inversión y Gestión de Bienes (IGB) en 2012 y a otros 12 recursos planteados por inversores en materia renovable.

Once empresas demandantes

En ese sentido, las demandas renovables han sido presentadas por RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas, Steag y 9 REN, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con las que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.

Burbuja y marcha atrás


Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.
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