Una denuncia ante la UE amenaza con cerrar la mina de sal de Iberpotash

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Supondría la paralización de la actividad extractora hasta la restauración del entorno

29 de mayo de 2013 (22:00 CET)

Sebastià Estradé, vecino de Sallent y doctor en derecho, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea que pone de manifiesto la falta de control y vigilancia de la Generalitat para que Iberpotash, dedicada a la extracción de potasa en el Bages (Catalunya) y perteneciente al grupo israelí ICL, cumpla con la legalidad.

La denuncia, apoyada por las plataformas ciudadanas y ecologistas de la comarcar, va, en último término, contra el gobierno catalán y podría suponer el cierre de la mina.

La Generalitat, implicada

La explotación de Iberpotash depende del Departament d’Empresa, cuyo titular, Felip Puig (CIU), tiene constancia del problema desde hace bastante tiempo. Ha participado en reuniones con la patronal del sector y con la representación ciudadana.

También depende de Medi Ambient, liderado por el consejero Santi Vila (CIU), y de la Direcció General de Qualitat Ambiental, cuya responsable es Assumpta Ferrer. La presunta negligencia de la Generalitat está en la base del problema de la sal del Bages.

Sanciones económicas

Bruselas impondrá sanciones económicas y la devolución de las ayudas públicas recibidas por Iberpotash, cuyo consejero delegado, Joan Carles Martínez Álamo, ha contado hasta ahora con el apoyo de la Generalitat y con la laxa vigilancia de los departamentos implicados en la extracción minera.

También puede suponer la paralización de la actividad extractora de potasa y de las acciones contempladas en el conocido como plan Phoenix, hasta que se diera cumplimiento a las obligaciones restauradoras, que ha ignorado Iberpotash de forma permanente.

Connivencia

La denuncia advierte de una presunta connivencia o tolerancia de la Administración con Iberpotash y apunta responsabilidades de “los funcionarios administrativos o autoridades públicas a quienes pudiera imputarse el incumplimiento de la normativa de aplicación”.

El texto pone de manifiesto el conflicto ambiental en el Bages que ha llevado a la acumulación incontrolada a lo largo del tiempo de los residuos salinos. Se generan como resultado de la extracción de la potasa, que están “dando lugar a daños y perjuicios al medio ambiente y a la salud de las personas”.

La denuncia advierte sobre la poca eficacia de las medidas en materia de gestión ambiental aplicadas hasta ahora, sufragadas por el erario, contraviniendo el principio de ‘quien contamina paga’.

El 'informe Folch'

El escrito presentado en Bruselas recoge la práctica totalidad del estudio llevado a cabo por el prestigioso gabinete ambiental liderado por Ramon Folch (Estudi Ramon Folch i Associats), quien en agosto del año pasado concluyó un informe conocido como informe Folch. Se presentó la situación ambiental, presente y futura, en el Bages como resultado de la actividad de la potasa.

El informe pone de manifiesto la falta de cumplimiento de la normativa, que se traduce en la contaminación del ecosistema y en la falta de un plan de restauración medioambiental y de una fianza acorde con la actividad minera por parte de la empresa; y proponía asimismo posibles medidas correctoras y de prevención.

Montaña de sal

Sallent, donde se encuentra la montaña de sal generada por la actividad minera de Iberpotash –de la misma dimensión que el Tibidabo—, fue en 2011 el objeto de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obligaba a Iberpotash a presentar un plan de restauración y a la Generalitat de Catalunya a fijar una fianza acorde a la actividad.

En enero de este año, el TSJC dictó la ejecución de la sentencia pero a pesar de que ha expirado el plazo, no se ha presentado plan de restauración alguno. Apenas este mes se conoció el importe de la fianza aprobado por la Generalitat, muy por debajo de “los 100 millones de euros que exige el proyecto”, según ha podido saber Economía Digital en medios profesionales.
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