Adif encarga una auditoría para reclamar los sobrecostes del cartel de la electrificación ferroviaria
La empresa pública busca cuantificar el perjuicio para reclamar indemnizaciones tras las sentencias que confirmaron el cártel
Vías de tren en Montefurado
Comentarios
Adif ha dado un paso decisivo para recuperar el dinero que considera indebidamente pagado en contratos de electrificación ferroviaria, tras adjudicar una auditoría especializada destinada a cuantificar los daños económicos derivados del denominado cartel de la electrificación. La empresa pública pretende así calcular con precisión los sobrecostes y preparar las correspondientes reclamaciones judiciales.
El encargo, valorado en 510.000 euros, ha sido adjudicado a una Unión Temporal de Empresas formada por Gabinete Audiwork y Agm Abogados. El objetivo es determinar el impacto patrimonial que los pactos ilícitos entre varias compañías habrían generado en las adjudicaciones de obras y servicios vinculados a la red ferroviaria, tanto convencional como de alta velocidad.
La iniciativa se produce después de que la vía administrativa y judicial haya ido consolidando la existencia de prácticas anticompetitivas en el sector. Con este movimiento, Adif busca cerrar el círculo: no solo sanciones, sino también la recuperación de los fondos públicos presuntamente afectados.
El origen: las sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
El caso se remonta a marzo de 2019, cuando la CNMC impuso multas por un total de 118 millones de euros a 15 empresas por repartirse de forma ilícita contratos relacionados con sistemas de electrificación y equipos electromecánicos ferroviarios. Según el organismo supervisor, las compañías habrían coordinado sus ofertas para manipular los concursos convocados por Adif, alterando así el resultado de las licitaciones.
Las prácticas sancionadas afectaban a contratos clave para la construcción y el mantenimiento de infraestructuras eléctricas en la red ferroviaria española. Se trataba de proyectos estratégicos, tanto en líneas convencionales como en trazados de alta velocidad.
En los años posteriores, varias de las empresas recurrieron las sanciones ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, el tribunal ha confirmado en distintas resoluciones la existencia del cartel en 13 sentencias, reforzando la base jurídica sobre la que ahora se apoya Adif para reclamar daños y perjuicios.
Una auditoría para cuantificar el daño económico
Para iniciar cualquier reclamación judicial por daños, la legislación española exige que la demanda incluya una estimación detallada y justificada de la cuantía reclamada. Sin una valoración técnica precisa del perjuicio económico, la acción judicial carecería de solidez procesal, lo que explica la contratación de expertos independientes.
La auditoría deberá analizar los contratos afectados, comparar los precios adjudicados con los que habrían resultado en un escenario competitivo y calcular la diferencia atribuible a la conducta colusoria. Se trata de un trabajo complejo, que implica revisar expedientes, ofertas económicas y condiciones de mercado.
Adif sostiene que las infracciones acreditadas por la CNMC pudieron generar un sobrecoste en los precios finales de adjudicación. Ese eventual incremento artificial de los importes es el que ahora pretende recuperar como indemnización, en defensa de su patrimonio y del interés público.
Empresas implicadas y alcance del caso
Entre las compañías cuyas sanciones han sido confirmadas por la Audiencia Nacional figuran nombres destacados del sector industrial y tecnológico. La lista incluye a Alstom, Siemens, Indra, Elecnor y ACS, entre otras.
También aparecen empresas especializadas en montajes industriales y sistemas eléctricos que participaron en los concursos investigados. La amplitud del grupo sancionado refleja la dimensión del presunto acuerdo colusorio, que habría afectado a un volumen significativo de contratos públicos.
Aunque las multas administrativas ya fueron impuestas, la recuperación de posibles sobrecostes constituye un procedimiento independiente. La sanción castiga la infracción de la competencia; la reclamación civil, en cambio, busca reparar el daño económico sufrido por el organismo contratante.
Defensa del patrimonio público y estrategia judicial
Desde Adif se subraya que la defensa de sus derechos y los de Adif Alta Velocidad exige una evaluación especializada que permita acreditar de forma rigurosa los daños. El encargo a auditores externos pretende dotar de objetividad y solidez técnica a las futuras demandas, minimizando el riesgo de controversias sobre la cuantificación.
La estrategia pasa por presentar reclamaciones individuales o conjuntas frente a las empresas implicadas una vez se disponga del informe pericial. El cálculo del perjuicio será determinante para fijar la cuantía a reclamar en sede judicial.
Este movimiento se enmarca en una tendencia más amplia en Europa, donde las entidades públicas afectadas por cárteles buscan no solo la imposición de multas regulatorias, sino también la restitución de los importes pagados en exceso. La recuperación de fondos públicos se ha convertido en una prioridad en la lucha contra las prácticas anticompetitivas.
Un proceso que puede marcar precedente
La decisión de Adif podría tener repercusiones relevantes en el ámbito de la contratación pública. Si las reclamaciones prosperan y se obtienen indemnizaciones significativas, el caso reforzaría la idea de que las conductas colusorias no solo conllevan sanciones administrativas, sino también consecuencias económicas adicionales.
Además, el procedimiento podría servir de referencia para otras entidades públicas que hayan sido perjudicadas por acuerdos similares. La cuantificación y reclamación de daños derivados de cárteles es un terreno jurídico cada vez más desarrollado, apoyado por la normativa europea y nacional en materia de competencia.
Mientras tanto, la auditoría ya adjudicada deberá determinar con precisión el alcance del impacto económico. Solo entonces Adif podrá concretar la cifra que reclamará ante los tribunales.
Un paso más tras años de litigios
Tras la confirmación judicial de buena parte de las sanciones, la empresa pública considera que ha llegado el momento de activar la vía resarcitoria. El encargo de la auditoría simboliza el tránsito desde la fase sancionadora hacia la fase indemnizatoria, con el objetivo de recuperar recursos que podrían destinarse a nuevas inversiones en la red ferroviaria.
El proceso no será inmediato ni exento de complejidad, pero marca un hito en la gestión de las consecuencias económicas del cartel de la electrificación. En un contexto de elevada inversión en infraestructuras, la recuperación de posibles sobrecostes adquiere una dimensión estratégica.
Con esta iniciativa, Adif refuerza su posición como garante de la competencia y de la correcta utilización de los fondos públicos. La auditoría será la pieza clave para determinar cuánto dinero podría regresar a las arcas públicas tras uno de los casos más relevantes de colusión en el ámbito ferroviario español.
