CEOE acusa al Gobierno de esconder el “sablazo” fiscal hasta después del 4-M

Avisan de que la subida de impuestos supondrá un "lastre" para la recuperación y la creación de empleo

De izquierda a derecha, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; de la CEOE, Antonio Garamendi; y de ATA , Lorenzo Amor, tras la firma de incorporación de esta federación de autónomos en la gran patronal española en enero pasado. /EFE/Emilio Naranjo

De izquierda a derecha, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; de la CEOE, Antonio Garamendi; y de ATA , Lorenzo Amor, tras la firma de incorporación de esta federación de autónomos en la gran patronal española en enero pasado. /EFE/Emilio Naranjo

Malestar en el seno de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con la forma en la que el Gobierno ha dado a conocer los detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que recoge las reformas e inversiones previstas para canalizar los 140.000 millones de euros de fondos europeos que recibirá España hasta 2026 y que incluyen una batería de cambios y subidas de impuestos que los empresarios creen que se ha escondido hasta después de las elecciones madrileñas y perjudicará a la recuperación.

Fuentes de la patronal señalaron a Economía Digital el malestar entre los empresarios al haber postergado el Gobierno la publicación del detalle de la subida de impuestos recogido en el componente 28 del Plan de Recuperación, titulado “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”.

En la organización critican que tras ocho presentaciones realizadas por el Ejecutivo y el propio presidente, Pedro Sánchez, además de publicar un documento inicial de 348 folios el pasado viernes, cuando ser remitió a Bruselas, no se diesen a conocer antes los detalles de la reforma tributaria prevista y lo que consideran un “sablazo” fiscal.

En su opinión, el Gobierno ha “escondido” hasta después de las elecciones madrileñas celebradas este martes 4 de mayo el Plan de Recuperación definitivo, que consta de 2.400 folios en los que se desgranan al detalle las 212 reformas e inversiones del mismo.

Falta de concreción y “lastre” para la recuperación

Desde CEOE señalan que por el momento el Plan apunta “cosas sueltas” y “sin mucha concreción”, e insisten en que España ya presenta una fiscalidad empresarial más gravosa que la media europea, por lo que se oponen frontalmente a una subida de impuestos y máxime “en medio de una recesión”.

En este contexto, desde la perspectiva empresarial ya anticiparon desde el anuncio de la reforma fiscal realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a mediados de abril con motivo de la constitución del grupo de expertos que se encargará de ello, que una subida de impuestos supondrá un “lastre” para la recuperación y la creación de empleo.

A su juicio, la prioridad para consolidar las finanzas públicas pasa en estos momentos por la lucha contra la economía sumergida, que cifran en un 24%, frente al 12% de la UE, por lo que unas 500.000 actividades se desarrollarían al día sin pagar Sociedades, IRPF ni cotizaciones, así como la mejora de la eficiencia del gasto público.

Sobre el Plan de Recuperación los empresarios piden impulsar la colaboración público-privada para propiciar un cambio en el modelo productivo, pero defienden que para la gestión de los fondos europeos hay que tener muy presentes a las pymes y garantizar la estabilidad.

En el caso de cuestiones más concretas, como el cobro de nuevos peajes en autovías y otras propuestas recogidas en la documentación remitida a Bruselas, las mismas fuentes señala que por ahora solo se conocen unos primeros planteamientos y “hay esperar a ver cómo evolucionan”. Eso sí, avisan de que se trata de cuestiones que impactan en muchos ámbitos, por lo que subrayan que “deben ser escuchados”.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se ha mostrado abiertamente en contra del alza impositivo, tachando de impuestos “ideológicos” los tributos de Sucesiones y Patrimonio, recordando además que recaudan “muy poco”, y en varias ocasiones ha cuestionado algunos estudios y afirmaciones del Gobierno respecto al reducido porcentaje que pagan las empresas por el Impuesto de Sucesiones.

En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA)Lorenzo Amor, ha rechazado el “infierno fiscal” que el Gobierno ha tenido “escondido” hasta después de las elecciones madrileñas a pesar de que ya habían remitido a Bruselas el documento con más impuestos, cotizaciones para ciudadanos, empresas y autónomos.

“El maná de los fondos europeos para unos pocos, traerá acarreado un sablazo fiscal para muchos. Y nos decían que estos fondos europeos no estaban condicionados a la realización de duras. reformas”, ha criticado Amor en un mensaje en su perfil de la red social Twitter, así como el que considera un incremento de impuestos a los autónomos por el pretendido establecimiento de peajes en las carreteras y la subida del diésel, dos aspectos que inciden en el colectivo de trabajadores por cuenta propia.

Respecto al calendario fijado por el Gobierno en el Plan de Recuperación, en el que establece para el primer semestre de 2022 la aprobación del nuevo sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) basado en los rendimientos por actividad económica desempeñada y su despliegue gradual desde esa fecha, Amor ha señalado que tiene que entrar en vigor el 1 de enero para poder calcular los rendimientos netos.

De esta forma, Amor considera que la cotización de los autónomos por ingresos reales no verá la luz hasta el 1 de enero de 2023, tal y como había adelantado el Gobierno a las organizaciones sindicales en su última reunión.

Subida de impuestos de más de 80.000 millones

El documento definitivo del Plan de Recuperación recoge un largo listado de iniciativas fiscales a revisar por el grupo de expertos y que verían la luz con la reforma fiscal que entrará en vigor en 2013, que incluiría algunas medidas previstas ya por el Gobierno pero aplazadas, como subir armonizar el Impuesto de Patrimonio, elevar el gravamen del diésel para igualarlo con la gasolina, fijar el tipo mínimo del 1%% en Sociedades y eliminar beneficios fiscales tras revisar 15 de ellos, como el de los planes de pensiones. 

También tiene previsto implementar desde este mismo año nuevos impuestos ‘verdes’, como a los plásticos, los residuos, los gases fluorados de efecto invernadero, así como revisar los impuestos de matriculación y circulación, y la fiscalidad del sector aéreo, al tiempo que subir las bases máximas de cotización desde 2022 y fijará peajes a las carreteras desde 2024. 

Con todos estos cambios que verán la luz en los próximos meses y con la reforma fiscal en 2023 el Gobierno pretende elevar la recaudación en 7,3 puntos de PIB, unos 80.000 millones de euros, para acercar la presión fiscal española (39,2% en 2018) a la media europea (46,5%).

El Gobierno aprecia la existencia de un “margen” para aumentar la recaudación, ya sea mediante la creación de nuevos impuestos, en particular, imposición digital y medioambiental; y la ampliación de las bases imponibles, reduciendo o eliminando ciertos beneficios fiscales. Y es que, citando datos de Eurostat, subraya que España fue en 2018 el décimo país de la eurozona con menor recaudación respecto del PIB. 

En cambio, por lo que se refiere a la estructura del sistema tributario, en España los impuestos indirectos representaron en 2018 el 34,4% de la recaudación; las cotizaciones sociales el 33,8%; y los impuestos directos el 31,8%, estructura similar a la media de los países de la UE excluido ya Reino Unido (EU-27), con una participación en la recaudación de los impuestos indirectos, las cotizaciones sociales y los impuestos directos de 34,1%, 33%, y 33,1% respectivamente.  

“Habrá desacuerdos”

Precisamente este miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió durante la clausura de la Asamblea General de la CEV que se deje a los empresarios participar en el Plan de Recuperación para los fondos europeos y que los recursos lleguen a las pymes, haciendo hincapié en que es “fundamental salvar el verano” mediante la “solución” que proporcionan las vacunas.

Garamendi advirtió de que muchas empresas tienen “auténticos problemas de solvencia”, por lo que hizo un llamamiento a la “estabilidad” y a la “lealtad institucional”, en un contexto de negociaciones en el diálogo social sobre la modernización del mercado laboral, la prórroga de los ERTE o las p ensiones.

A pesar de los trabajos para lograr acuerdos, Garamendi anticipó que habrá “desacuerdos”: “La fiscalidad ministra, no creo que nos vaya a gustar”, apostilló en presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En todo caso, indicó que se seguirá negociando con el Ejecutivo para alcanzar consensos tras haber logrado ya diez acuerdos.

Comparativa de presión fiscal

En CEOE señalan también que la presión fiscal normativa ya es actualmente alta y remiten al informe publicado en abril por. elInstituto de Estudios Fiscales (IEE) y la Tax Foundation, en el que se recoge que, una vez tenidos en cuenta los efectos de la economía sumergida, la presión fiscal efectiva ajustada de economía sumergida está ya en el promedio de la UE.

Además, según ese estudio, cuando se incorpora la circunstancia de la mejor renta se observa que el esfuerzo fiscal español es un 6,6% superior a la media europea. De hecho, la presión fiscal normativa es un 10% superior a la media europea, conforme al mismo estudio.

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, ya avisó de que cualquier tipo de subidas en medio de una recesión y de un periodo de destrucción de empleo tendría efectos negativos habituales respecto a los factores multiplicadores y sería “procíclico”, de forma que retrasaría y debilitaría la recuperación. 

En este punto, ha indicado a Economía Digital que si la economía española sube en seis puntos de PIB su recaudación fiscal tendría un efecto “muy negativo” sobre el crecimiento y la actividad y provocaría la destrucción de la competitividad empresarial, por lo que en su lugar propone bajar los impuestos para impulsar la recuperación, y de esa forma ensanchar las bases imponibles y elevar así los ingresos tributarios. 

“Queremos tener impuestos en jurisdicciones mucho más rígidas y prósperas sin tener en cuenta que son más bajos. Para alcanzar ese nivel de recaudación necesitamos un sistema competitivo, moderado y que el crecimiento amplíe las bases imponibles”, ha remarcado. 

El estudio del IEE: 2 millones de empleos menos por la subida

Los empresarios llevan mucho tiempo negando que las compañías españolas paguen menos por Sociedades que en otros países y aseguran que abonan más de un 20%, frente a los tipos del 7% u 8% que cifraba Hacienda.  

En este sentido, fuentes de la patronal remiten al último estudio realizado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEE), que avisaba que con los cambios y aumentos impositivos para equiparar la recaudación tributaria española a la europea y corregir en torno a 6 puntos de PIB, tal y como había anunciado la ministra María Jesús Montero, se podría provocar la destrucción de dos millones de empleos en el medio plazo y tener un efecto contractivo de hasta 10 puntos de PIB en el largo plazo. 

Estas cifras serían aún mayores teniendo en cuenta que en el Plan de Recuperación el Ejecutivo habla de una diferencia de 7,3 puntos, más de 80.000 millones de euros.

Sociedades

Por impuestos, el Ejecutivo recoge en su programa el futuro establecimiento de un tipo mínimo 15% en Sociedad para que las grandes compañías no puedan rebajar el tipo efectivo que acaban pagando mediante deducciones fiscales y otras medidas. De hecho, el Ejecutivo ya planeó el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades hace dos años, que se elevaba al 18% para banca y petroleras.

El presidente del comité de expertos designado por el Gobierno para revisar el sistema tributario, el catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz-Huerta, ya dejó claro en su discurso en el acto de constitución del grupo que se revisaría la regulación de Sociedades.

Ruiz-Huerta enmarcó la revisión de Sociedades en el plano nacional y global, tras la propuesta de la Administración de Estados Unidos, respaldada por el FMI, de fijar un tipo mínimo en Sociedades a escala internacional, tal y como han venido insistiendo en las últimas semanas las ministras Montero y Calviño. El FMI también propone un impuesto temporal de solidaridad abonado por ricos y grandes empresas para sufragar los costes de la crisis a corto plazo, algo que también llegó a recordar Ruiz-Huerta.

En el IEE, ligado a CEOE, achacan la idea de que las empresas pagan poco por Sociedades al “erróneo” cálculo realizado por la Agencia Tributaria, al no contemplarse de forma correcta la tributación exterior que ya abonan las empresas, aunque se va corrigiendo. España presenta una presión fiscal normativa sobre el Impuesto de Sociedades un 22,6% más elevada que la media de la Unión Europea, y un 15,8% superior al del promedio de la OCDE, según el estudio de IEE y Tax Foundation. 

Recientemente la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) negó los “datos manipulados” del Ejecutivo sobre este asunto, al calcular que las empresas españolas abonan un tipo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades del 22,6%, con datos del ejercicio 2018, y muy próximo al 25% del tipo nominal.

Este tipo está calculado sobre la base imponible y no sobre el resultado contable global (en el que están incluidos dividendos y
rentas de fuente externa que según Aedaf distorsionan el cálculo y que ya han tributado previamente en otras jurisdicciones), siendo dicho tipo muy similar al tipo nominal vigente en 2018 (25%).

Madrid batallará contra la armonización fiscal

Entre las prioridades de Hacienda de cara a la reforma fiscal y los pasos previos también figura la reforma del sistema de financiación autonómica, y concretamente en lo referido a la armonización de las figuras fiscales relativas a la riqueza, como Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, si bien los expertos serán “libres” para dictar sus recomendaciones, que recibirá el Gobierno en febrero de 2022 y tomará una decisión al respecto de cara a la reforma fiscal. de2023.

Esto en la práctica conllevaría el alza de Patrimonio y Sucesiones en regiones como la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado en contra de estos tributos, uno de los puntos más controvertidos que ya ha despertado desde hace tiempo acusaciones entre el Estado central y la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso, recrudecido durante la campaña electoral de los comicios madrileños.

De hecho, la presidenta autonómica se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para a ir en contra de cualquier imposición fiscal que pretenda llevar a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y a realizar una “bajada histórica” del IRPF. Tras su histórica victoria en las elecciones, con 65 diputados, ya ha avanzado que bajará los impuestos.

La eventual subida de los impuestos a la riqueza puso en un brete al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ya que había prometido a los madrileños no subir impuestos los dos próximos años si resultaba elegido presidente de la región madrileña, algo que en la oposición interpretan como una incongruencia ante el anuncio de subida pretendido por Hacienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya admitió hace dos semanas que se acometerá una subida de impuestos alegando que el Ejecutivo tiene que amoldarse a los intereses de todas las CCAA, vía armonización fiscal,, aunque dijo comprender la promesa de Ángel Gabilondo “en su autonomía”.

“La tarea del Gobierno es la de amoldar todas esas sensibilidades y demandas largamente acumuladas durante estos años”, afirmó Sánchez en referencia a las acusaciones a la Comunidad de Madrid por parte de algunas CCAA y del propio Gobierno de realizar ‘dumping fiscal’ al bonificar en su práctica totalidad los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.