Hacienda promete a Bruselas impuestos verdes y subir diésel, Patrimonio y Sociedades en 2023 para recaudar 80.000 millones

El Gobierno constituyó a mediados de marzo el grupo de expertos encargado de revisar en profundidad el sistema tributario español, y aunque en un principio de las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se dejó entrever que podría haber subidas ya en los Presupuestos de 2022, posteriormente aclaró que no y finalmente la reforma fiscal no entrará en vigor hasta el primer trimestre del año 2023. 

Así se desprende del componente 28 referido a la “Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”, recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado por el Gobierno el pasado viernes y publicado este miércoles en su totalidad, que fija la elaboración de las conclusiones de los expertos a primeros de 2022 pero la entrada en vigor de la reforma fiscal un año más tarde, en el primer trimestre de 2023. 

El documento recoge un largo listado de iniciativas fiscales a acometer a corto y medio plazo con nuevos impuestos, como a los plásticos, los residuos, los gases fluorados de efecto invernadero, así como algunas medidas previstas ya por el Gobierno pero aplazadas, como subir armonizar el Impuesto de Patrimonio, elevan el gravamen del diésel para igualarlo con la gasolina, fijar el tipo mínimo del 1%% en Sociedades y eliminar beneficios fiscales. 

También tiene previsto revisar los impuestos de matriculación y circulación, así como la fiscalidad del sector aéreo. Con todos estos cambios que verán la luz en los próximos meses y con la reforma fiscal en 2023 el Gobierno pretende elevar la recaudación en 7,3 puntos de PIB, unos 80.000 millones de euros, para acercar la presión fiscal española a la media europea. 

El Ejecutivo explica que los objetivos que se persiguen con la reforma del sistema tributario español buscan acercar los niveles de tributación de España a la media de los países del entorno, para lo que se requiere “mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, y analizando en profundidad las figuras tributarias actuales para adaptarlas al entorno económico”.  

Elevar 7,3 puntos de PIB la presión fiscal 

La magnitud a nivel recaudatorio de los cambios y posibles nuevos impuestos se situaría en el orden de 7,3 puntos de PIB, alrededor de 80.000 millones de euros, que es el diferencial de la presión fiscal española (39,2% en 2018) con la media ponderada de los países de la Eurozona (46,5%) que cuantifica el Gobierno en el documento.

En este sentido, citando datos de Eurostat, subraya que España fue en 2018 el décimo país de la eurozona con menor recaudación respecto del PIB. Por lo que se refiere a la estructura del sistema tributario, en España los impuestos indirectos representan en 2018 el 34,4 % de la recaudación; las cotizaciones sociales el 33,8 %; y los impuestos directos el 31,8 %.  

Esta estructura es similar a la media de los países de la UE excluido ya Reino Unido (EU-27), con una participación en la recaudación de los impuestos indirectos, las cotizaciones sociales y los impuestos directos de 34,1 %, 33%, y 33,1% respectivamente.  

De esta forma, el Gobierno aprecia la existencia de un “margen” para aumentar la recaudación, ya sea mediante la creación de nuevos impuestos, en particular, imposición digital y medioambiental; y la ampliación de las bases imponibles, reduciendo o eliminando ciertos beneficios fiscales. 

Nuevos impuestos verdes: plásticos, residuos, y gases fluorados 

Además, admite que “debe analizarse la posibilidad de incorporar nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes”, conforme a las recomendaciones de la comisión de expertos. 

Así, detalla que algunos cambios fiscales sí se irán incorporando antes de la reforma fiscal de 2013, como los ya anunciados nuevos tributos a los plásticos y los residuos, cuyo proyecto de ley se aprobará en el segundo trimestre para su aprobación y entrada en vigor en el tercer trimestre de este año.  

A este respecto, en el primer trimestre de 2022 se analizarán las propuestas del comité de expertos en este ámbito y en el cuarto trimestre del año que viene se emitirá el informe sobre la evaluación del impacto de los impuestos sobre plásticos y residuos. 

Impuesto de matriculación y circulación, diésel y sector aéreo 

Además, en el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre matriculación y circulación y en el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados.  

De igual forma, en el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos, para revisar las bonificaciones existentes en la actualidad en el diésel, mayores que sobre la gasolina, bajo el pretexto de reducir la contaminación. El Ejecutivo ya llevaba la equiparación de la fiscalidad de estos carburantes en los Presupuestos de 2021, pero PNV exigió su eliminación a cambio de su apoyo a las cuentas. 

En el cuarto trimestre de 2023 se realizará la revisión de otras figuras que inciden sobre la movilidad sostenible. En este punto, en un apartado el Plan señala la intención de “revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores”. Cabe recordar que el Gobierno ya sacó a consulta pública en febrero del año pasado un nuevo impuesto especial sobre el transporte aéreo, paralizado con motivo de la pandemia. 

Imposición sobre la riqueza: armonización

También recupera el Gobierno en el plan remitido a Bruselas su idea de armonización fiscal al subrayar que “se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA”. 

Dado que algunas de las reformas fiscales afectan al sistema de financiación autonómica y al sistema de financiación de las corporaciones locales, señala que “se procurará alcanzar un acuerdo con ellas”.  La armonización de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones avanzada desde hace dos años por la propia ministra Montero ha sido motivo de rechazo frontal del PP.

De hecho, ha sido uno de los temas protagonistas también durante la campaña electoral a las elecciones madrileñas, ante la oposición de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, quien ha avisado de que será la «peor pesadilla» de quien pretenda subir los impuestos a los madrileños. Precisamente este miércoles ha anunciado que bajará los impuestos tras haber ganado las elecciones con 65 diputados.

Revisión de 15 beneficios fiscales: 60.000 millones 

Otro de los compromisos fiscales pasa por evaluar 15 beneficios fiscales entre el segundo trimestre de 2021 y 2023 por parte de un grupo de trabajo creado en el ámbito de la Secretaría de Estado de Hacienda. Cada uno de esos tres años, se realizará una evaluación de cinco beneficios fiscales. 

Así, en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024 se presentarán el correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso, se tomarán las decisiones de reforma, «si la situación económica lo permite» que, en cualquier caso, se aprobaría en el primer trimestre de 2023, con el resto de la reforma fiscal. 

De esta forma, en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024, se presentarán el correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso, se tomarán las decisiones de reforma, “si la situación económica lo permite”, no antes de 2023. 

“La reducción y eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales de nuestro sistema tributario implicará no solo un incremento de la recaudación, sino que coadyuvan a la existencia de un sistema tributario más simple, lo que, a su vez, tiene efectos favorables sobre la seguridad jurídica, y sobre los litigios y conflictividad existentes”, señala el Gobierno. 

En total, el Ejecutivo señala que los incentivos fiscales suponen unos 60.000 millones, el equivalente a 5 puntos de PIB, y recuerda que la AIReF ya evaluó 13 en el marco del ‘spending review’. 

Fin a la bonificación por aportar a planes de pensiones privados

Entre los beneficios que se revisarán figurará la reducción fiscal de las aportaciones a planes de pensiones, una vez que el Gobierno ya limitó de 8.500 a 2.000 euros anuales en 2021, de forma que “se desplazará la fiscalidad actualmente favorable de los planes individuales hacia los planes de empleo procedentes de la negociación colectiva”, según señala en el componente 30 referido al sistema de pensiones. 

En relación con los incentivos fiscales a I+D+i, apunta que “se procederá a mejorar y optimizar la gestión y procedimiento de los mismos para hacerlos más accesibles y eficaces para la pymes y startups”. 

Tipo mínimo del 15% en Sociedades 

En lo referido al Impuesto de Sociedades, apunta que el objetivo a medio plazo consiste en recuperar la “potencia recaudatoria” del impuesto, mediante su “simplificación y revisión de exenciones y deducciones, de modo que quede garantizada una tributación mínima de un 15% por los contribuyentes”. 

Precisamente este miércoles la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha confiado en que se pueda alcanzar este año un acuerdo en el marco de la OCDE para fijar una tributación mínima en Sociedades, después de que la secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen, plantease semanas atrás avanzar en esta línea. 

También alude el Gobierno a la imposición digital, sobre la que apunta que “más allá de la creación de un impuesto ad hoc, como medida transitoria (en referencia a la ‘tasa Google’), deberán incorporarse las modificaciones oportunas en el ámbito de la imposición sobre sociedades”, en consonancia con los acuerdos que se alcancen en el contexto internacional, y en particular en el ámbito europeo. 

Subida de cotizaciones y eliminación de bonificaciones a la contratación

En el componente 23 referido a la reforma laboral el Gobierno también propone la “adecuación de las bases máximas de cotización”, lo que supondrá un alza de las cuotas para los trabajadores con ingresos anuales superiores a los 2.400 euros al mes. Eso sí, en línea con lo avanzado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, propone que el alza «se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano» que empezaría a activarse a partir del año 2022.  

El incremento de las cuotas sociales para empresas y trabajadores «deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema», señala el documento.

También impulsará la eliminación de bonificaciones y reducciones a la contratación para «liberar recursos» a otras políticas activas de empleo, ya que «los incentivos deben centrarse casi exclusivamente en la empleabilidad de las personas desempleadas, y siempre para contratos indefinidos». 

Resultados en 2022, reforma fiscal a primeros de 2023 

Conforme al calendario recogido en el componente, el Libro Blanco que elabore el comité de expertos para reforma fiscal se entregará al Ministerio de Hacienda en el primer trimestre de 2022. La fecha límite fijada es el 28 de febrero de 2022. 

El Gobierno en el primer trimestre de 2022 evaluará el libro blanco y “adoptará las decisiones sobre las modificaciones normativas pertinentes, de acuerdo con la situación económica”.  

Las medidas de reforma tributaria irán acompañadas de un análisis sobre su impacto distributivo, en lo referido a la mejora o no de la progresividad del sistema; el impacto sobre los colectivos vulnerables e impacto sobre las familias con niños.  

Asimismo, se analizará la distribución en la tributación del trabajo frente a la tributación del capital, así como la tributación de las grandes corporaciones, pero, en todo caso, la fecha de entrada en vigor de la reforma fiscal será el primer trimestre de 2023. 

Se calibrarán los tiempos “apropiados”  para las medidas

Los expertos se encargarán de obtener un análisis técnico sobre qué reformas convendría realizar, atendiendo al escenario actual y futuro a medio y largo plazo, con especial atención a las áreas de fiscalidad medioambiental, imposición societaria, tributación de la economía digitalizada, aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial y fiscalidad de las actividades económicas emergentes. 

Asimismo, establece que las reformas que proponga el comité deberán “calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo”, siendo los principios fundamentales que deben inspirar la reforma la ”consolidación fiscal, seguridad jurídica, simplificación del sistema, modernización del mismo, potenciación de la fiscalidad en áreas infragravadas (medioambiental o ámbito financiero, entre otros)”. 

El objetivo será, por tanto, acertar en los tiempos “apropiados” para la entrada en vigor de cada modificación, de modo que “no frene la recuperación económica, pero permita aproximar progresivamente los ingresos tributarios hacia la media de los Estados miembros, para proteger el Estado de bienestar, así como hacer frente al déficit estructural de nuestro país”.