Verifactu da marcha atrás y los economistas advierten sobre el impacto en los empresarios
El aplazamiento de verifactu genera rechazo entre economistas y desconcierto entre pymes que ya invirtieron en adaptarse
La marcha atrás del Gobierno con verifactu divide al tejido empresarial y siembra dudas entre quienes ya habían adaptado sus sistemas de facturación
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El reciente anuncio del Gobierno de España de aplazar hasta 2027 la entrada en vigor obligatoria del sistema verifactu ha provocado un fuerte rechazo entre parte del mundo económico, y pone en entredicho la seguridad jurídica y la confianza que muchos empresarios habían depositado en la normativa. Lo que para algunos supone un alivio, para otros es un revés que penaliza a quienes ya adaptaron sus sistemas y creó incertidumbre sobre las reglas del juego.
¿Qué es verifactu y a quiénes afecta?
Verifactu es el nombre del nuevo sistema de facturación electrónica certificado, promovido por la Agencia Tributaria (AEAT) en el marco de la ley antifraude. Según EFE, su objetivo es que todas las facturas emitidas por pymes, autónomos y empresas cumplan unos requisitos técnicos. Del mismo modo, que el software garantice la autenticidad, integridad y trazabilidad de cada factura, generando un registro inmodificable y accesible por Hacienda con el fin de fortalecer el control fiscal.
La norma indica que cualquier empresa o profesional que utilice software de facturación debía adaptarse para quienes emiten facturas mediante sistemas informáticos. Por este motivo, según EFE, deben actualizar sus herramientas para cumplir con verifactu. Quedaban exentos, por ejemplo, quienes no emiten facturas o lo hacen manualmente aunque su ámbito se reduce.
Aplazamiento: fechas y reacción de las empresas
El plan inicial preveía que verifactu entrara en vigor en 2026. Sin embargo, tras la presión de asociaciones empresariales y tras las negociaciones políticas, el Gobierno decidió ampliar los plazos. Según El País, la implementación obligatoria se pospone hasta el 1 de enero de 2027 para las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades, y hasta el 1 de julio de 2027 para autónomos y otros obligados.
Para muchas pymes, autónomos y microempresas, esta moratoria ha sido bienvenida. Asociaciones como ATA o la confederación de jóvenes empresarios Ceaje en declaraciones a Investing.com consideraban el aplazamiento “un respiro necesario”, debido a las dificultades técnicas, el coste que suponía la adaptación de software y los escasos recursos de muchas pequeñas empresas.
No obstante, la medida también ha levantado críticas. El aplazamiento ha sido calificado como un síntoma más de la “volatilidad regulatoria”, tal y como recogía Press Digital. Es decir, de la facilidad con que se cambian las normas, lo que genera inseguridad en el tejido empresarial.
La crítica de los economistas: inversiones que ahora pierden valor
El mayor rechazo viene desde organizaciones de economistas. El Consejo General de Economistas (CGE), junto con el registro de asesores fiscales asociados, tal y como recogía El País, han advertido de las consecuencias negativas del retroceso. Para ellos, este aplazamiento “complica la organización interna de las empresas”, y “genera inseguridad jurídica”. Muchas compañías, según el rotativo digital, ya habían planificado inversiones en software, formación y procesos internos confiando en los plazos originales. Con el cambio de calendario, esas inversiones se ven ahora como gastos innecesarios o prematuros.
Tal y como señalan, esta “marcha atrás” no solo penaliza a quienes ya se habían adaptado, sino que erosiona la confianza: “estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás genera desconfianza”, ha declarado a Europa Press el presidente de UPTA, organización de autónomos.
Empresas atrapadas en el limbo: ni adaptadas ni liberadas
La consecuencia práctica para muchas empresas pequeñas y autónomos es lógica. Se encuentran en un limbo. Por un lado, según El País, hay quienes ya invirtieron recursos para adaptar sus sistemas y ahora ven esas inversiones mermadas. Por otro, quienes aún no lo habían hecho pueden sentir que conviene esperar hasta cuándo, nadie sabe.
El aplazamiento de verifactu ha expuesto una tensión central en el debate sobre digitalización y regulación fiscal: la necesidad de modernizar el sistema sin asfixiar a pymes y autónomos con cargas bruscas, pero también la exigencia de mantener reglas claras para que las inversiones realizadas tengan sentido.
Para muchos economistas, lo ocurrido no solo supone un coste económico sino también reputacional. Si las reglas cambian de un año para otro, la credibilidad de las políticas públicas se resiente. Eso puede generar un efecto contraproducente: que empresas que valoraban la estabilidad y la planificación abandonen proyectos de modernización o adopten una actitud de “esperar antes de invertir”.
Por su parte, el Gobierno ha defendido el cambio como una forma de dar “margen” y asegurar una implementación “ordenada y homogénea” tal y como recogía Investing.com. Aunque la pregunta que muchos se hacen ahora es si ese margen servirá realmente para preparar bien la transición, o si más adelante se repetirá el mismo ciclo de aplazamientos y decisiones improvisadas.
