Conpymes demanda a Ayuso por la subvención "a dedo" a ATA (Lorenzo Amor) y CEAJE (Fermín Albaladejo)

Conpymes ha denunciado a la Comunidad de Madrid por la concesión de una subvención de tres millones de euros a CEAJE y ATA, asociadas a la patronal CEOE, para asesorar a emprendedores y empresarios al entender que es contraria a derecho por no permitir la concurrencia de otras organizaciones.

La patronal ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya lo ha admitido a trámite, contra la Orden del 13 de marzo de 2025 de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, una información que fue adelantada por ECONOMÍA DIGITAL.

La ayuda se concedió a la organización de los jóvenes empresarios y a la federación de autónomos para la realización de «acciones de asesoramiento, información, formación, sensibilización y divulgación en materia de emprendimiento y desarrollo empresarial, con especial atención al medio rural, con el fin de hacer frente al reto demográfico y contribuir a la revitalización de los pequeños municipios de la región».

«Teniendo en cuenta que ambas organizaciones forman parte de CEOE, Conpymes considera que la concesión de 3 millones de euros de forma directa a entidades afines es contraria a los intereses públicos, a la Constitución y a las Leyes e intereses de otras organizaciones empresariales que no pueden acceder a estas subvenciones en igualdad de oportunidades», argumentan desde la organización.

Así, en Conpymes argumentan que no se han respetado los pasos establecidos en el artículo 103 de la Constitución Española, en tanto que señala que «la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho».

«La Administración Pública debe actuar sin preferencias ni discriminaciones, buscando el bien común y no actuando sin justificación y sin respetar lo expuesto en la Ley General de Subvenciones», señala el presidente de Conpymes, José María Torres.

El Tribunal Supremo ya dio razón a una reclamación de Conpymes contra una subvención de 30,6 millones, esta vez del Gobierno central, a los «interlocutores sociales más representativos», CEOE-Cepyme y UGT, para cursos de formación en digitalización, una ayuda vinculada a los fondos europeos del Plan de Recuperación y que se hizo acortando los plazos en 2022, cuando no había razones excepcionales que lo justificaran.

En su resolución, el Supremo alegó que «no son los sindicatos de clase y la patronal los únicos interlocutores representativos, por lo que la idea de posición única carece de toda justificación».

La sentencia del Supremo, que avala el recurso de Conpymes, destaca que debió respetarse la Ley General de Subvenciones y la convocatoria pública allí regulada, sin supresión de los informes, consultas y dictámenes que prevé, sin perjuicio de que pueda establecerse una reducción de plazos en los mismos.