El Barça lleva ante la justicia a Laporta por las pérdidas de 79 millones de su gestión

La Asamblea General Ordinaria de socios Compromisarios 2010 del FC Barcelona ha decidido, por primera vez en la historia del fútbol del estado español y del club blaugrana, emprender una acción social de responsabilidad contra la anterior Junta Directiva del club, presidida por Joan Laporta, por dejar un balance económico negativo durante su mandato.

Los compromisarios decidieron anteriormente dar por bueno el estudio según el cual las cuentas del Barça correspondientes al mandato de Laporta y su junta no dieron como resultado un superávit de 10 millones, sino unas pérdidas de 79,6 millones, más de los 46 anunciados  por la misma junta de Sandro Rosell.

   Los 1.093 compromisarios presentes en el momento de la votación vivieron la decisión social «más importante en la historia del club», según Rosell, y decidieron con 468 votos a favor, 439 en contra y 113 en blanco, entre ellos el del propio presidente, que el club demande a Laporta y sus últimos compañeros de Junta.

   «Proclamo la aprobación por Asamblea del ejercicio de acción de responsabilidad social», dictó el secretario Toni Freixa. A petición de Rosell, la Junta tuvo libertad de votos con una mayoría ajustada de votos a favor y el resto, en blanco.

Más allá de la división que ha quedado a la vista de todo el mundo, la decisión de los compromisarios supone abrir un período de judicialización entre la actual junta y la anterior. En este sentido, los compromisarios no hicieron caso de los argumentos del responsable económico de la última época de Laporta, el liberal Xavier Sala i Martín y se han fiado de los datos de la que realizó Deloitte y decidieron reclamar ante la justicia la reparación del daño efectuado.

Quizás en la decisión de los compromisarios han tenido que ver detalles con morbo, como saber que la junta de Laporta gastó 2,6 millones en detectives, centenares de miles de euros en jets privados o el uso de tarjetas de crédito por parte del chófer de Laporta que arrojan un balance de 57.000 euros sin justificación, según se dijo en la asamblea.