El Constitucional tumba la ley de vivienda catalana que regula los alquileres

Los magistrados estiman por unanimidad el recurso del PP por considerar que la norma invade competencias estatales

Vivienda

La fachada de un edificio. EFE/Archivo

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El Tribunal Constitucional ha tumbado este jueves los preceptos de la ley de vivienda catalana que permitían la fijación de límites al precio de los alquileres por considerar que la norma catalana invade las competencias del Estado en materia civil para regular las bases contractuales.

De esta manera, los magistrados han estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular a la Ley 11/2020 de Cataluña, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, según lo anunciado por el Sindicat de Llogateres.

En concreto, esta legislación catalana contemplaba la obligación de congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con “tensión” residencial en las 60 ciudades catalanas que suman más de 20.000 habitantes, sin embargo, quedaban exentos los arrendadores “vulnerables” que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

Según el texto, son personas y familias vulnerables quienes viven «una situación de vulnerabilidad acreditada ya antes de la pandemia»; «quienes ocupan el piso donde viven desde antes de junio de 2019 sin título habilitante»; a quienes se le ha extinguido «el contrato de alquiler con un gran tenedor» y «personas o unidades familiares vulnerables con dificultades para pagar las cuotas hipotecarias».

Tal y como ha informado el sindicato, la regulación de alquileres ha beneficiado a más de 160.000 arrendadores el último año en Cataluña y ha conseguido bajar los alquileres una media del 5% en las ciudades reguladas, en las que vive el 70% de la población catalana, según los datos recogidos por la entidad.

El recurso fue presentado en el año 2020 por el PP y anunciado por el propio presidente de los populares, Pablo Casado, durante una visita a Barcelona, donde declaró, tal y como ha evocado El País, que se iba a “presentar el recurso de inconstitucionalidad a la ley del Parlament en la que se fijaba el precio del alquiler de viviendas, porque es un ataque a la propiedad privada, a los futuros arrendatarios y a los inquilinos”.

Cabe recordar que esta ley, que limita los precios de los alquileres, fue aprobada el año pasado en el Parlament con los votos favorables de JxCat, Esquerra Republica de Catalunya, En Comú Podem y la CUP, impulsores de la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat.

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