El Plan de Recuperación reduce a tres tipos los contratos y consolida los ERTE

El Gobierno consolidará los mecanismos de flexibilidad interna, modernizará la negociación colectiva e impulsará los planes de pensiones

Gobierno, patronal y sindicatos tras la firma del aumento del salario mínimo el 30 de enero pasado. De izquierda a derecha, Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Unai Sordo, Antonio Garamendi, José María Álvarez y Gerarado Cuerva. /E

Gobierno, patronal y sindicatos tras la firma del aumento del salario mínimo el 30 de enero pasado. De izquierda a derecha, Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Unai Sordo, Antonio Garamendi, José María Álvarez y Gerarado Cuerva. /E

Tras largas semanas entre dimes y diretes sobre el componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que enviará el Gobierno español a Bruselas y las polémicas sobre la ficha de los cambios laborales, ante las discrepancias sobre la derogación o no de la reforma laboral de 2012, se empiezan a despejar las dudas.

Finalmente se recogerá una combinación de las propuestas realizadas tanto por la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aunque no se traslada, de forma expresa ni clara, la intención de derogar los aspectos considerados más lesivos de la reforma laboral del PP.

Así se extrae del documento del proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado ‘España Puede’ y que consta de 211 páginas que serán desgranadas de forma sucinta este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previo a la aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes, 20 de abril, y de su remisión a Bruselas antes de que finalice el plazo el 30 de abril.

El Gobierno explica en el documento que el mercado laboral español arrastra desde hace décadas graves desequilibrios, como la elevada tasa de desempleo estructural y de paro juvenil, la excesiva temporalidad y rotación de contratos, la baja tasa de ocupación y la persistente brecha de género resultan en una baja inversión en capital humano, una baja productividad, y una elevada desigualdad económica y social.

A estos retos estructurales se añade la actual caída de la actividad derivada de la emergencia sanitaria, y para corregir estas deficiencias, propone un programa “coherente” de reformas que tiene por objeto reducir la temporalidad, el desempleo estructural y el desempleo juvenil hasta llegar a la media europea mediante un nuevo modelo laboral basado en varios elementos.

Tres tipos de contrato: estable, temporal y de formación

En el componente 23 referido a la reforma laboral se plantea reducir a tres los tipos de contratos laborales; uno “estable” para el conjunto de las actividades, otro “temporal” para las que tengan esa naturaleza y un tercero “de formación o prácticas” para la inserción, en particular, en el mercado laboral.

Se plantea la generalización del contrato estable y la causalidad y simplificación del temporal, con el fin de “promover la estabilidad en el empleo, asegurando que los contratos temporales responden a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación”.

Junto a ello, se prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio ante caídas de demanda significativas, como estructural
ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores.

A este respecto, el Gobierno señala en el documento que sobre la base de la experiencia del mecanismo de ERTE, aplicado con éxito durante la crisis de la Covid-19, se trata de disponer de “un instrumento permanente de ajuste interno de las empresas, alternativo a la alta temporalidad y al desempleo”.

La meta es que actúe como amortiguador de la extremada volatilidad del mercado de trabajo español y se oriente a la formación y recualificación de los trabajadores (reskilling y upskilling), asegurando de esta manera un marco macroeconómico más estable y aumentando el capital humano y, con ello, el crecimiento potencial.

Políticas activas de empleo, negociación colectiva y subcontratas

El proyecto del Plan de Recuperación también recoge varias de las propuestas realizadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz, como la regulación de las subcontratas o abordar la mejora de la negociación colectiva, dos de las propuestas iniciales realizadas por la ministra de Trabajo en el arranque de la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral y que rechazan en CEOE.

Así, el paquete de reformas prevé la modernización de las políticas activas de empleo, así como la simplificación y racionalización de los incentivos a la contratación, de acuerdo con el análisis (spending review) de la autoridad fiscal independiente (AIReF).
Asimismo, ante la intensa digitalización en el ámbito productivo se acometerá una modernización del marco laboral y de los mecanismos de concertación laboral y de negociación colectiva. También ve preciso revisar la regulación de las subcontratas y lograr una adecuada articulación de las condiciones aplicables al trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia (autónomos).

Otro de los principales elementos, tal y como había adelantado Calviño, pasa por la modernización y digitalización de la
gobernanza e instrumentos de información y gestión del Servicio Público de Empleo (SEPE), con el fin de mejorar su eficacia para el alineamiento de la oferta y demanda de trabajo en todo el territorio nacional.

Figuran también en la reforma laboral comprometida con Bruselas la regulación del trabajo a distancia, medidas para eliminar la brecha de género y la regulación del trabajo de los repartidores a domicilio (riders) por parte de las plataformas digitales, pendiente de aprobación definitiva. Otras medidas pasan por la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales, la simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo,

Con una inversión total estimada de 2.363 millones, el componente laboral incluye la estrategia de Empleo Joven, la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva, nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.

A ello se suma la gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo, el Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible y el fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital.

Deja abierta al diálogo social la reforma de pensiones

En cuanto al componente 30, referido a la reforma de sistema de pensiones, se deja abierta al diálogo social tal y como estaba previsto ante la falta de consenso en el marco del diálogo social y las críticas incluso desde Unidas Podemos tras las últimas propuestas realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

“Apoyándose en el amplio consenso parlamentario sustanciado en la aprobación de las recomendaciones del marco del Pacto de Toledo, se propone la puesta en marcha de un paquete de medidas complementarias entre sí que serán elevadas al diálogo social”, subraya el Gobierno en el documento, en el que recalca que “la experiencia internacional muestra como las reformas duraderas y efectivas en el ámbito de las pensiones han de surgir del más amplio consenso”.

Entre las medidas propone la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, con la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva del sistema para recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo.

También el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, para lo que se deroga el Índice de Revalorización de Pensiones introducido por la reforma de 2013, tal y como reclaman los sindicatos, con el fin de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en los términos que plantea el Pacto de Toledo.

Plantea la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación a través de incentivos a la demora de la jubilación, como el pago único de hasta 12.000 euros a quien atrase un año su jubilación, y ajustando los elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas.
Otras propuestas son la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, lo que implica incorporar, junto a la evolución de la esperanza de vida, otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan “una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población”.

Impulso a los planes de pensiones

Recoge también el documento la modificación del complemento de maternidad de pensiones, la reforma e impulso de los sistemas complementarios de pensiones, por la que se prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse los
planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones permitiendo dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresas o autónomos.

A su vez, se contempla la adecuación gradual las bases de cotización máxima que “deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”.
Por último, figura en el documento un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos por sus ingresos reales, por el que se busca implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada.