España dispara el gasto en pensiones hasta un máximo histórico de 14.272 millones
El aumento del número de prestaciones y la actualización ligada al IPC impulsan la mayor nómina mensual de la historia del sistema
Archivo – Pensionistas en una calle de Madrid
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La Seguridad Social ha marcado un nuevo máximo histórico al destinar 14.272,4 millones de euros al pago de las pensiones contributivas en febrero, una cifra que refleja tanto el aumento del número de prestaciones como la actualización de las cuantías conforme a la inflación. El dato supone un incremento del 6,07% respecto al mismo mes del año anterior, consolidando una tendencia al alza que se viene repitiendo ejercicio tras ejercicio.
El fuerte desembolso mensual incorpora la revalorización aprobada por el Gobierno para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, una medida que se ajusta al comportamiento medio del IPC. La actualización general aplicada este año ha sido del 2,7%, en línea con la normativa vigente que vincula las pensiones al índice de precios.
Esta subida será objeto de votación en el Congreso de los Diputados, donde previsiblemente obtendrá respaldo suficiente al tramitarse en un decreto independiente. Con ello, el Ejecutivo busca evitar bloqueos parlamentarios y asegurar la continuidad de un mecanismo que se ha convertido en eje central de la política social desde la aprobación de la ley que garantiza la actualización automática conforme a la inflación.
Más de 10,4 millones de pensiones para 9,5 millones de personas
El sistema abonó en febrero un total de 10.446.888 pensiones contributivas, repartidas entre cerca de 9,5 millones de beneficiarios, lo que evidencia la magnitud estructural del gasto. No todos los perceptores reciben una única prestación, de ahí que el número total de pensiones supere al de personas que las cobran.
Dentro del conjunto, las pensiones de jubilación concentran la mayor parte del gasto, con alrededor de 6,7 millones de prestaciones activas. Se trata del núcleo central del sistema, tanto por volumen como por importe medio, y el principal factor que explica la presión financiera creciente sobre las cuentas públicas.
A estas se suman 2,3 millones de pensiones de viudedad, más de un millón de incapacidad permanente, alrededor de 335.000 de orfandad y cerca de 46.600 en favor de familiares. Cada una de estas modalidades responde a contingencias distintas, pero todas están integradas en el régimen contributivo y financiadas principalmente a través de cotizaciones sociales.
La pensión media continúa al alza
La cuantía media del conjunto del sistema se situó en febrero en 1.366,2 euros mensuales, lo que representa un incremento interanual del 4,5%. Esta cifra agrupa todas las clases de pensión, por lo que ofrece una visión global del nivel de ingresos que perciben los beneficiarios del sistema público.
En el caso específico de la jubilación, la pensión media alcanzó los 1.566,8 euros mensuales, con una subida del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. Más de dos tercios de los pensionistas —unos 6,6 millones de personas— perciben esta modalidad, lo que convierte su evolución en el principal termómetro del gasto estructural.
El aumento de la cuantía media responde tanto a la revalorización anual ligada al IPC como al denominado “efecto sustitución”: las nuevas altas suelen corresponder a trabajadores con carreras de cotización más largas y bases más elevadas que las de quienes causan baja en el sistema. Este fenómeno impulsa gradualmente el importe medio, incluso en ausencia de subidas extraordinarias.
Impacto presupuestario y sostenibilidad del sistema
El récord de 14.272 millones en un solo mes confirma la creciente presión sobre las cuentas de la Seguridad Social, en un contexto de envejecimiento demográfico acelerado. La jubilación progresiva de la generación del ‘baby boom’ anticipa que el número de prestaciones seguirá aumentando en los próximos años, intensificando el desafío financiero.
La vinculación automática de las pensiones al IPC, establecida por ley en 2021, ha reforzado la protección del poder adquisitivo de los mayores, pero también ha introducido una mayor sensibilidad del gasto a los ciclos inflacionarios. En periodos de precios elevados, como los vividos recientemente, el impacto presupuestario es especialmente notable.
A pesar de ello, el Gobierno defiende que las reformas adoptadas —incluidas medidas para reforzar los ingresos vía cotizaciones y mecanismos de equidad intergeneracional— permitirán sostener el sistema a medio y largo plazo. El debate político, sin embargo, sigue abierto en torno al equilibrio entre suficiencia de las prestaciones y estabilidad financiera.
Un debate político de fondo
La votación en el Congreso marcará un nuevo capítulo en la discusión sobre la política de pensiones, aunque el respaldo parece asegurado tras la separación normativa del incremento respecto a otras medidas sociales. Esta estrategia busca garantizar la continuidad de una de las partidas más sensibles del Estado del bienestar.
Las pensiones constituyen el mayor capítulo del gasto público en España y uno de los pilares esenciales de cohesión social. Su actualización periódica se ha convertido en un compromiso político difícilmente reversible, dada la magnitud del colectivo beneficiario y su peso electoral.
Con un gasto mensual que ya supera los 14.000 millones de euros y una tendencia demográfica que apunta al alza, el sistema encara una etapa decisiva en términos de financiación y reformas estructurales. El récord registrado en febrero no es un hecho aislado, sino la confirmación de una dinámica que obliga a combinar protección social con responsabilidad presupuestaria.
