España pide a Bruselas un marco legal de ayudas a empresas afectadas por la guerra

El Gobierno quiere que las CCAA puedan agilizar ayudas y acuerda con ellas intensificar su cooperación para desplegar las inversiones y reformas de los fondos europeos

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. // Pool Moncloa

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño. // Pool Moncloa

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Nuevo paso del Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra. España ha notificado a la Comisión Europea un marco legal, denominado “marco paraguas”, de ayudas que, una vez aprobado, permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales dar ayudas a las empresas, en el ámbito de sus competencias, para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania de una manera «más ágil y eficaz».

Así se lo ha trasladado la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante la tercera reunión que ha presidido de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.

Calviño ha abordado con las CCAA y las entidades locales el plan de choque aprobado por el Gobierno de 16.000 millones (6.000 millones en rebaja de impuestos y ayudas directas y 10.000 millones en avales del ICO), que entró en vigor el pasado 30 de marzo e incluye una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible a todos los usuarios, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos.

También recoge un alza del 15% del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria electrointensiva y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.

Coordinación para impulsar las inversiones y reformas del Plan de Recuperación

Tras realizar un análisis de la coyuntura económica e informar del desarrollo y ejecución del Plan de Recuperación, se ha acordado con las comunidades autónomas intensificar la cooperación para desplegar las inversiones y reformas del Plan de Recuperación para maximizar su impacto en todo el territorio nacional.

Calviño ha vuelto a subrayar que las regiones juegan un papel fundamental para alcanzar la «velocidad de crucero» en el despliegue de las inversiones del Plan de Recuperación, para que los fondos europeos lleguen a las empresas y ciudadanos en todo el territorio.

De forma específica, se han abordado las reformas legislativas en marcha dirigidas a reforzar el tejido productivo y el clima de negocios que se aprobarán durante este año, como la Ley Crea y Crece, la de Startups y la reforma Concursal, entre otras.

Precisamente para esta tarde estaba convocada la reuníon de la mesa de diálogo social para el Plan de Recuperación con los agentes sociales, con los que además de los fondos europeos se iba a abordar el Pacto de Rentas tras la ruptura de la negociación salarial entre patronal y sindicatos, pero finalmente se ha pospuesto «por causas sobrevenidas que han determinado la ausencia de varias personas convocadas a la cita», según ha informado el Ministerio de Economía.

En la reunión se ha instado a la constitución de un grupo de trabajo con los ayuntamientos para trabajar en la actualización de una ordenanza tipo de comercio que podrá ser usada como modelo por las diferentes entidades locales, al tiempo que se ha continuado con el intercambio de buenas prácticas regulatorias entre administraciones con la presentación de un Catálogo de Buenas Prácticas para mejorar la regulación y el clima de negocios y fomentar así las inversiones, la creación de empleo y el crecimiento económico.  

La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios fue creada en julio de 2021 como el primer foro de alto nivel para compartir intereses comunes e información entre administraciones en el ámbito económico con el objetivo de fomentar la cooperación en materia económica mediante el intercambio de buenas prácticas regulatorias y la identificación de barreras regulatorias en sectores clave para la trasformación del país. Se encuadra en ello el impulso de la Ley de Crea y Crece y de Startups o la Ley Concursal.

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