Hacienda pagará el 31 de marzo 500 millones a ayuntamientos por el IVA de 2017 y ultima los 3.100 millones a CCAA

Hacienda compensará el 31 de marzo con 500 millones a los ayuntamientos por la mensualidad de IVA no cobrada en 2017 a cambio de renunciara la vía judicial, y lanzará en breve la orden para compensar con 3.100 millones a las comunidades autónomas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a la reunión mantenida con el secretario general del secretario general de CCOO, Unai Sordo, este miércoles en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a la reunión mantenida con el secretario general del secretario general de CCOO, Unai Sordo, este miércoles en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

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El Ministerio de Hacienda transferirá el próximo 31 de marzo casi 500 millones de euros a las entidades locales como compensación por la mensualidad del IVA de 2017 que dejaron de percibir, y ultima también la orden para la compensación de 3.100 millones de euros relativa a las comunidades autónomas, según confirman a Economía Digital en fuentes del departamento.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 recogían una partida de 3.600 millones de euros destinada a compensar por la mensualidad del IVA que dejaron de recibir en 2017, como consecuencia de la implantación del Suministro Inmediato de Información (SII), aprobado por el exministro Cristóbal Montero bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, tras dos sentencias que dieron la razón a Castilla y León y a Galicia en su reclamación de la mensualidad no recibida de 2017.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes una orden de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por la que se determina el importe que percibirán las entidades locales como compensación, así como el de los intereses legales, de forma que el total que percibirán las administraciones locales afectadas, intereses incluidos, se cifra en 496,6 millones de euros.

La compensación se hará efectiva el 31 de marzo y beneficiará a 8.125 ayuntamientos y 60 diputaciones y entidades similares, la totalidad de entidades locales que participaron en tributos del Estado en 2017. La cuantía correspondiente a cada una de las entidades se ha publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Tendrán que renunciar a la vía judicial

La normativa publicada indica que, una vez efectuadas las transferencias a las entidades locales, si éstas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará aceptada la compensación, así como que los ayuntamientos que hayan iniciado una reclamación judicial tendrán de plazo hasta el 28 de febrero para emitir un certificado que incluya un acuerdo del Pleno municipal de desistimiento del procedimiento abierto y enviarlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene previsto aprobar en breve la Orden de compensación por este concepto a las comunidades autónomas, que recibirán las cantidades en el primer trimestre de este año, como ya adelantó Montero. De hecho, algunas CCAA han comenzado a aceptar las compensaciones. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, precisó que su región percibirá 534 millones pendientes más 30 por intereses de demora; Cantabria acepta 62,6 millones y retira su demanda judicial, y Castilla-La Mancha ha alcanzado un acuerdo extrajudicial por el que retira su demanda a cambio de 136 millones

Hacienda ha vuelto a criticar en una nota la gestión del anterior Gobierno del PP al señalar que el problema generado en el cobro del IVA al aplicar el SII provocó efectos en la liquidación de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado de 2017, que se llevó a cabo en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido.

«Este Ejecutivo ha mostrado desde el inicio su compromiso para encontrar una salida a este problema heredado», ha defendido, apuntando que en la primera legislatura de Pedro Sánchez se incorporó un cambio normativo en el proyecto de presupuestos de 2019 que hubiera solventado esta cuestión, aunque el PP se opuso a ello.

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