Las CCAA esperan recuperar 4.150 millones del IVA de 2017

El Tribunal Supremo ha obligado al Estado a pagar a Castilla y León 182 millones que se le adeudaban desde 2017, una sentencia pionera que aumenta las esperanzas de otras CC.AA

Fachada del Tribunal Supremo

Se reaviva el asunto de la mensualidad pendiente del IVA de 2017, alrededor de 2.500 millones que las CCAA dejaron de percibir tras un cambio en el sistema de recaudación introducido por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que a principios del año pasado llevó a rebelarse a todas las CCAA del PP y algunas socialistas para exigir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su devolución ante la negativa de esta, que ofrecía suavizar el déficit a cambio.

Y es que el Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Junta de Castilla y León y ha obligado al Estado a pagar a esa comunidad los 182 millones que se le adeudan de la liquidación del IVA del 2017, con 120,5 de forma directa y 61,5 más del nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado.

Se trata de una sentencia pionera que aumenta las esperanzas al resto de autonomías, que podrían recibir hasta 4.150 millones de euros por esta vía, según ha indicado la Junta de Castilla y León en un comunicado y calculan las regiones gobernadas por el PP, según han señalado a Economía Digital. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIIReF) cifró en 2019 en alrededor de 2.500 millones de euros el pago pendiente a las autonomías por el IVA no cobrado de 2017.

No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan a Economía Digital que hay que esperar a evaluar la sentencia para conocer hasta dónde llega el impacto de la misma y rehúsa por el momento entrar en cifras hasta analizar la sentencia dictada por el Supremo. No obstante, desde el Gobierno señalan que estudiarán y cumplirán el fallo del Tribunal Supremo.

Condena al Estado a pagar 182 millones a Castilla y León

En el caso de Castilla y León, su Gobierno autonómico decidió interponer un recurso contencioso-administrativo el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros.

El Ejecutivo regional solicitaba 120,5 millones de euros por la pérdida de ingresos en la liquidación correspondiente al IVA, así como otros 61,5 millones de euros por el nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y su repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica. Esta última cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.

El Supremo considera que se ha producido una “vulneración del derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma, pues, como acertadamente afirma ésta en su demanda, es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en doce mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a once mensualidades, derivándose de ello un resultado anómalo”.

Así, fija que “el principio de lealtad institucional en la actuación de las administraciones públicas (artículo 3.1.e/ de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) puesto en relación con el artículo 103.1 de la Constitución habría exigido que por parte de dicha Administración se diese a la reclamación de compensación una respuesta muy distinta a la desestimación presunta que constituye el objeto de este proceso”.

No obstante, sobre el importe de la compensación determina que “habrá de fijarse en ejecución de sentencia y cuya cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, esto es, incluyendo la correspondiente al mes de noviembre de 2017“.

Según el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, esta sentencia abre la puerta a que las comunidades reciban indemnizaciones por valor de 4.150 millones, por lo que, en el caso de que se generalicen las reclamaciones, el Gobierno central podría tener un «serio problema» en su marco presupuestario.

El origen del conflicto y las soluciones alternativas que propuso Montero

El origen del conflicto se inició con el cambio aprobado por el anterior Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro al frente de la cartera de Hacienda, por. el que se modificó el sistema de recaudación dando paso al nuevo Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA que obligó a informar del IVA a las grandes empresa en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.

Con el fin de facilitar la adaptación de las empresas al mismo, Montoro decidió dar un mes extra a las empresas obligadas a tributar, lo que supuso que la mensualidad del mes de noviembre que normalmente se ingresaba en diciembre, ese año se recaudase en enero de 2018.

Aunque el cambio no tuvo repercusión inmediata para las regiones, que reciben los fondos del IVA a modo de anticipo, sí se constató en el momento de ejecutar la liquidación, a los dos años siguientes, en 2019, que se llevo a cabo sobre la recaudación efectiva de 2017, y por tanto de once meses, faltando por tanto el abono de un mes de recaudación del IVA, de entre 2.500 y 4.150 millones de euros.

En todas sus intervenciones la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, culpó al PP del impago de la mensualidad del IVA de 2017 por el cambio en el sistema de recaudación aprobado y por no haber respaldado los Presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez de 2019, ya que incorporaba un artículo que posibilitaba que en dicho ejercicio se imputasen en términos de caja los ingresos correspondientes a trece mensualidades, de forma que se recuperase el impagado de 2017.

En enero del año pasado Montero descartó la devolución del IVA bajo el argumento de que había vencido el plazo, lo que despertó las críticas de todas las CCAA Del PP y de varias socialistas, bajo amenazas incluso de acudir a los tribunales por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Finalmente varias regiones como Castilla y León, Galicia,

En ese contexto, Hacienda propuso suavizar la senda de déficit autonómico al 0,2% del PIB en 2020, lo que supone unos 2.500 millones, algo que las regiones del PP rechazaron al rehusar que se forzase a las regiones a endeudarse más. También propuso Montero no tener e cuenta la parte de déficit imputable al IVA en 2019 y también un préstamo gratis con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar el mayor déficit povocado por el IVA.