La primera patata caliente de Elma Saiz: una reforma que afecta a 8.000 contratos al año

A pesar de no llevar ni un mes en el Gobierno central, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya tiene una primera patata caliente con la que lidiar. Y no es un tema menor: se trata de la prórroga del contrato relevo, una figura que termina su vigencia el 31 de diciembre y que resulta clave en sectores como el automovilístico.

El contrato relevo y la reforma de la jubilación parcial es una de las tareas pendientes que Saiz hereda del anterior ministro del ramo, José Luis Escrivá, ahora titular de Transformación Digital. El Gobierno aprobó la prórroga de esta figura el año pasado, confiando en que a lo largo de 2021 se pudiera abordar la reforma de esta modalidad de contratación junto con la jubilación parcial. Pero a dos semanas de que se cierre el año, esta aún no se ha producido.

Desde el sector industrial y, en concreto, el de la fabricación de automóviles defienden su prórroga. Así lo sostuvo el director general de Anfac, José López-Tafall, tras la reunión del presidente del esta patronal, Wayne Griffiths, con el nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu. A juicio de López-Tafall, se trata de una «herramienta muy útil» para renovar las plantillas en la industria automovilística y hacerlo sin conflictividad.

Una «herramienta útil» para 8.000 contratos al año

Con datos hasta noviembre de este año, se han firmado 7.586 contratos en la modalidad de relevo, lo que representa apenas el 0,05% del total de rubricado en todo el año. Los contratos por jubilación anticipada suman 20.971 hasta final de año.

La última modificación legal que se produjo en esta modalidad fue en 2018, con la ministra Magdalena Valerio al frente del Ministerio de Trabajo. Entonces se decidió prorrogar la posibilidad de extender el contrato relevo hasta 2022, pero a partir del 1 de enero se limitaba una de las opciones solo a la industria manufacturera. Estos cambios produjeron que el acceso a la jubilación parcial fuera en peores condiciones, lo que resultó en una caída notable de las firmas de contratos.

Por ejemplo, en 2018 se rubricaron 19.246 contratos relevo (el 0,06% del total) por 38.707 contratos de jubilación parcial. Unas cifras sensiblemente mejores a las de un año atrás: en 2017 fueron 15.487 firmas de relevo (el 0,07%) por 31.180 de acuerdos de jubilación parcial (el 0,15%).

Los sindicatos piden la prórroga inmediata

Cabe destacar que la reforma laboral que limitó el recurso a la contratación temporal, lo que disparaba el número de contratos celebrados en el año, no entró en vigor hasta 2022, por lo que la caída de esta modalidad en 2019 fue provocada por los cambios que introdujo Valerio. Desde 2019 los contratos relevo han rondado los 8.000 anuales.

La jubilación parcial se inicia tras el cumplimiento de los 60 años, simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial, que puede estar vinculado o no con un contrato relevo. La pérdida de esa jornada a tiempo completo se complementa con una pensión de jubilación.

Los sindicatos han comenzado a elevar el tono en la parte final del año. UGT, el sindicato hermano del PSOE, ha sido la central más contundente, exigiendo que el próximo Consejo de Ministros prorrogue este contrato de manera «indefinida», al menos hasta que haya una ley que regule esta modalidad contractual y también la jubilación parcial. Desde el sindicato han criticado que la postura del Gobierno produzca «incertidumbre» a empresas y trabajadores.

En su primera comparecencia ante el Senado, la ministra Saiz no dejó claro si la prórroga del contrato relevo estará encima de la mesa, aunque apuntó a que habría una «respuesta satisfactoria».

Este jueves el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, mantuvo una reunión discreta con los sindicatos y las patronales. Según varias fuentes conocedoras, fue una primera toma de contacto y preparatoria de la reunión de la Mesa del Diálogo Social que presidirá Saiz el próximo lunes. A esa cita, a las 18:30, están convocados los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo. La prórroga del contrato estará encima de la mesa. Si la decisión ya está tomada, eso es algo que anunciará después la ministra.