Montero condiciona la subida de impuestos a la recuperación y podría posponerla más allá de 2023

Admite que parte de la reforma afectará a "toda la población" porque buscará cambiar conductas en medio ambiente y de salud

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa para presentar los componentes de su departamento del Plan de Recuperación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa para presentar los componentes de su departamento del Plan de Recuperación.

La reforma fiscal comprometida y pactada con Bruselas por el Gobierno español en el marco del Plan de Recuperación podría llegar a retrasarse más allá del año 2023 en el caso de que la economía no registre para finales de 2022 una recuperación hasta los niveles previos a la crisis como prevé el Ejecutivo, que abordará las recomendaciones del grupo de expertos sobre todo el sistema tributario.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abierto así la posibilidad a que la reforma fiscal podría retrasarse más allá del año 2023 referenciado a Bruselas durante su comparecencia para presentar los componentes 27 (lucha contra el fraude fiscal), 28 (fiscalidad del siglo XXI) y 29 (eficiencia del gasto público) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Montero ha explicado que en dicho plan se recoge el año 2023 como fecha referencial para la reforma fiscal porque el nuevo cuadro macroeconómico contempla que la recuperación de la economía hasta los niveles previos a la crisis se alcanzará a finales de 2023, si bien ha afirmado que “hasta que no se recuperen las cifras prepandemia no pondremos en marcha medidas”. 

En consecuencia, ha precisado que si no se alcanzan las cifras de recuperación del crecimiento económico al término del próximo año “todo el calendario de activación de las medidas fiscales del Plan de Recuperación también se moviliza y se retrasaría”, de forma que las medidas fiscales quedan “condicionadas a la recuperación económica” y a las conclusiones del grupo de expertos configurado para revisar el sistema tributario, que tendrá que presentar conclusiones a más tardar el 28 de febrero de 2022.

Por consiguiente, de no lograrse la recuperación de los niveles previos a la crisis a finales del próximo año como estima el Ejecutivo, podría posponer la reforma fiscal a 2024, con lo que se retrasarían los cambios tributarios de calado a la próxima legislatura.

En cualquier caso, dado que el desembolso de los 140.000 millones de euros de fondos europeos está condicionado al cumplimiento de hitos y objetivos recogidos en las reformas e inversiones del Plan, Montero ha apuntado que se ha negociado con Bruselas que todo lo referido al a reforma fiscal dependerá de la recuperación. 

Por ello, si se produce algún cambio en el cronograma inicial también se acordará con la Comisión los posibles retrasos en la reforma fiscal, de forma que cree que no se pondría en riesgo ningún desembolso al ser en Bruselas “plenamente conscientes” de este aspecto, aunque, no obstante, cree que con “toda seguridad” la recuperación de los niveles de PIB precrisis se producirá a finales de 2022 conforme a lo previsto o incluso podría llegar antes.

Brecha recaudatoria de 7,7 puntos de PIB con Europa

Montero ha hecho hincapié en que España es “muy por debajo” de la media del resto de países europeos en recaudación, algo que “limita la respuesta a la crisis” actual y posibles futuras, al ser el séptimo país de la UE con menores ingresos respecto a su economía, solo superada por Malta, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía e Irlanda. 

En concreto, ha cifrado el ‘gap’ recaudatorio en 7,7 puntos de PIB respecto a la media de la zona euro, al situarse en España la presión fiscal en un 38,7%, frente al 46,4% en el resto de la zona euro, por lo que con la “modernización del sistema tributario” el Gobierno buscar acercarse a los estándares europeos e ir recortando esa diferencia de forma “progresiva”. 

La intención es que el grupo de expertos evalúe y analice “en profundidad” la “totalidad” del sistema tributario, con especial énfasis en áreas con déficit de ingresos, como la imposición medioambiental, societaria, la tributación de la economía digital, la patrimonial o la fiscalidad de actividades económicas emergentes. 

“No se trata de modificaciones puntuales de aquí a tres años, sino de hablar de propuestas fiscales que puedan tener eco en los próximos 10 años y anticipar los retos de la próxima década”, ha precisado Montero alejando en el calendario los eventuales cambios impositivos. 

Además, ha aclarado también que “no hay una cifra en concreto (de recaudación) comprometida con Bruselas para el término de 2013 ni la CE ha exigido un compromiso de cifra hasta no ver las conclusiones del grupo de expertos”, ha precisado también Montero, quien ha afirmado que no será suficiente el periodo de ejecución del Plan de Recuperación (2021-2026) para poder cerrar esa brecha recaudatoria, y se necesitará un mayor periodo de tiempo para cerrar el gap de 7 puntos de PIB, lo que precisará una cronología de medidas más allá del plan de recuperación. 

Afectará a rentas medias y bajas para “cambiar conductas” medioambiental o de salud

De hecho, ha adelantado que el calendario tentativo del año 2023 para la reforma fiscal no es óbice para que algunas medidas pudiesen abordarse en 2022 si el grupo de expertos adelanta conclusiones, que pueden ser de subida de impuestos o suponer un incentivo fiscal o incluso disminuir tipos”. 

La ministra ha vuelto a sostener que “en ningún momento vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora”. “Es más, si podemos aliviaremos su carga fiscal”, ha añadido incluso.  Por ello, ha trasladado un mensaje de “tranquilidad absoluta” porque ”no se van a subir impuestos de golpe”, ya que ha defendido que hay un Gobierno “con sentido común, sensato y moderado que va a acompañar el crecimiento económico en términos de combatir la desigualdad”. 

“Tenemos que ser capaces de seguir manteniendo las rentas de los ciudadanos y tener la capacidad de acompañar el momento de las familias y la economía, no tenemos prisas, pero sí la necesidad de ser coherentes con el Estado de bienestar y queremos incrementar la participación de la educación y la sanidad en el PIB”, ha añadido. 

Sin embargo, Montero ha reconocido que la reforma fiscal también afectará alas rentas medias y bajas ya que aunque “no tendrá una finalidad recaudatoria”, algunos nuevos impuestos y subidas repercutirán a toda la población al buscar un “cambio de conductas en materia de medio ambienta o de salud”, como puede ser el alza del IVA de los refrescos ya aprobado o los nuevos gravámenes a los plásticos de un solo uso o los residuos.

IRPF, Sociedades, Patrimonio e IVA

En cuanto al IRPF, Patrimonio, Sociedades e IVA, Montero ha aclarado que la “gran parte” de las figuras asociadas a esos tributos ya están adoptadas en el año 2020, al haberse comenzado el camino para recortar el ‘gap’ recaudatorio, por lo que cree que Bruselas tiene que “contabilizar” ese esfuerzo plasmado en los Presupuestos de 2021 de cara a evaluar el cumplimiento de hitos. 

Concretamente sobre el IRPF, ha dicho que el Gobierno estudiará si hay “algo que incorporar” al impuesto, pero ha dejado claro que no hay que seguir recayendo el peso de la fiscalidad sobre la clase media, que “proporcionalmente paga más impuestos que otros patrimonios o rentas más abultadas”.  Lo mismo sucede con las pymes y las medianas empresas, que “pagan proporcionalmente más” que las multinacionales, una situación “regresiva e injusta que hay que corregir”

En este sentido, ha remarcado que en España las multinacionales pagan “proporcionalmente” menos impuestos que las pymes y algunas incluso se aplican créditos fiscales que hacen prácticamente “nulo” su pago de impuestos, por lo que ha indicado que es una materia que hay que revisar, máxima tras la alerta de la Administración de EEUU. 

De hecho, ha dicho aspirar al consenso internacional y querer darle una “oportunidad” ahora que se ha sumado EEUU a la postura de consensuar un tipo mínimo internacional en el impuesto de Sociedades, tras el “boicot” de la anterior administración de Trump en la OCDE. 

“Es una oportunidad que espero cristalice en los próximos meses, sino cristaliza escucharemos al comité de experto y tomaremos decisiones. Tenemos tiempo”, ha añadido. 

Beneficios fiscales

Preguntada sobre las bonificaciones fiscales propuestas por el Ministerio de Fomento en el marco de la futura Ley de Vivienda, Montero ha dicho que tampoco hay una concreción de una medida al respecto al no haberse producido aún un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. 

Sobre la revisión de 15 beneficios fiscales recogida en el Plan de Recuperación, ha precisado que se trata de evaluar si el número de beneficios existentes es adecuado y responden a la realidad del siglo XXI o si por el contrario hay que modificar su diseño o compensar alguna de las partes que se vean perjudicadas. 

“Evaluar no significa eliminar”, ha precisado Montero, señalando que se atenderán las recomendaciones de la AIREF aunque no presuponga que se implementen pero, en todo caso, conforme al componente referido a la revisión del gasto público, se dará cuenta sobre todo ello, el seguimiento, cumplimiento u motivos de rechazo de las recomendaciones cada año antes del 31 de marzo en el Consejo de Ministros. 

En cuanto a los tipos reducidos y superreducidos sobre los que Europa lleva poniendo el foco años, Montero ha dicho que en Bruselas se considera que España hace un uso “abusivo” de los mismos y no ha precisado más allá de decir que entiende que el grupo de expertos también los revisará. 

La ministra se ha limitado a citar que se actuará prioritariamente sobre los incentivos que afecten más a la progresividad y a la redistribución, ya que en el Gobierno son más partidarios de impuestos directos que indirectos, aunque “no significa que no pueda haber margen en los indirectos”. Actualmente las deducciones y exenciones en el sistema fiscal española representan unos 40.000 millones de euros al año. 

Fiscalidad ‘verde’: residuos y plásticos, pero sin “compromiso” sobre diésel

En cuanto a los impuestos medioambientales, ha apuntado que hay una brecha recaudatoria por este tipo de tributos, ya que la zona euro recauda un 2,35% y España un 1,77% con estos gravámenes, y ha precisado que los impuestos comprometidos son los que están ya en fase de tramitación, como son el nuevo impuestos a los plásticos y el de los residuos, ya presentes en algunas CCAA, como en Andalucía o Cataluña, respectivamente. 

De su lado, la eliminación de la bonificación del diésel para equipararlo a la gasolina no se ha comprometido con Bruselas, según Montero, que ha recordado que se promovió en 2020 para los Presupuestos pero finalmente se descartó. 

“Está comprometida la revisión de bonificaciones, pero no que se vaya a producir nada concreto con fecha, nombre y apellidos”, ha apuntado, señalando en todo caso que la fiscalidad asociada a la movilidad sostenible se encuadrará dentro de un “paquete”. En este se revisará todo lo relativo al impuestos de matriculación, circulación o las bonificaciones de hidrocarburos para ver qué medidas son más “eficaces y rentables”. 

“Los peajes no son impuestos y los tienen 23 europeos”

 Respecto al establecimiento de peajes en las carreteras a partir de 2024, tal y como se recoge en el Plan de Recuperación, ha defendido que la fijación de “un pago por uso” en la red de carreteras “no es un impuesto” ni “es fiscalidad”, sino una medida que viene motivada por el impulso de la movilidad sostenible”.

Además, ha defendido la medida al no es una “novedad” en la UE ni en España, sino un tema “recurrente” que se estudiaba ya en el anterior Gobierno del PP y en un contexto en el que “23 países (europeos) ya la aplican”, por lo que ha considerado que si España quiere ser “homologable” en la calidad de su Estado de bienestar a la media europea, “no puede decir a todo que sí menos a lo que implica un esfuerzo.

En otro orden de cosas, sobre ha vuelto a reiterar que el Ejecutivo cumplirá con las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a Hacienda a devolver a Castilla y León y Galicia una parte de la liquidación del IVA de 2017 y que se extenderá al resto de comunidades autónomas cuando “lo considere oportuno” la Abogacía del Estado.

En todo caso, ha recordado que el “problema” lo provocó el anterior Ejecutivo del PP por el cambio en el sistema de recaudación del IVA y ha reprochado que los dirigentes regionales ‘populares’ no denunciasen la situación cuando se produjo y el partido de Pablo Casado se negase a la “solución” planteada en el marco de los Presupuestos.

Según Montero, tras realizar una transferencia del fondo Covid de 16.000 millones a las CCAA el año pasado y otro de 13.500 millones este año, “2.800 millones no hubiesen sido un problema”, si bien ha preguntado si las CCAA utilizarán ese dinero para reducir el déficit ya que “el gasto se produjo”, puesto que el déficit se disparó en 2019, cuando se produjo la liquidación de 2017, al 0,6% frente al 0,3% previsto y las CCAA lo justificaron por el no pago de la mensualidad de IVA debida de 2017. 

Carga contra los “eslóganes populistas” del PP de bajar impuestos

Precisamente ha dedicado buena parte de su intervención a criticar el “argumento falaz” del PP respecto a que España pueda ser un “infierno fiscal”, así como sus “eslóganes cortos y sencillos” en los que no explica la complejidad ni cómo garantizaría el sostenimiento del Estado de bienestar que el Gobierno quiere reforzar para lograr servicios públicos “excelentes” obteniendo más ingresos. 

En esta línea, ha recordado que la CE “siempre ha exigido a España que haga algo en relación con su baja recaudación porque es obvio que hay una presión fiscal inferior”, y así o ha plasmado en las recomendaciones país, otro argumento esgrimido por la ministra para cargar contra la política del PP de bajada de impuestos y su “incoherencia” y postura “populista” al demandar las regiones ‘populares’ más adinero al Ejecutivo central. 

La ministra ha apelado incluso a la Constitución Española para recordar que establece como principio el sostenimiento del gasto público conforme a las capacidades económicas de cada uno, con un sistema que debe ser “justo” e inspirado en los principios de igualdad y progresividad. 

Por ello, ha afeado a la derecha que alimente los “populismos” con su postura sobre la bajada de impuestos y ha enfatizado la importancia de romper el vínculo intergeneracional a través de oportunidades mediante la educación, la vivienda o la sanidad, frente a la postura “hipócrita” de reclamar ayudas y a la vez parecer reivindicar un Estado “mínimo”.