Montero niega un “compromiso” para eliminar la tributación conjunta pero sí lo estudiarán los expertos

Afirma que la supresión de la ayuda por tributación conjunta no se incluye en el Plan de Recuperación y no hace falta aclararlo a Bruselas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El pasado viernes el Gobierno remitió a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con las reformas e inversiones previstas hasta 2026 para poder canalizar los 140.000 millones de euros de fondos europeos que recibirá España hasta 2026, en el que se incluía en un epígrafe una medida que ha suscitado controversia social y política por el volumen de contribuyentes al que afectaría (más de 4 millones), lo que ha provocado incluso la rectificación por parte del Gobierno.

En concreto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge en el anexo 4 relativo a un análisis sectorial de aspectos de igualdad e género y oportunidades que “se incluye la paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio, debido a que genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta (principalmente mujeres)”.

Durante el finde semana, y a las puertas de las elecciones madrileñas de este 4 de mayo, el Ministerio de Hacienda rectificó y aclaró que no se ha decidido nada al respecto ni está previsto acometer la medida, sino que se trata de una medida propuesta por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un análisis realizado por el organismo sobre los incentivos fiscales.

“En ningún momento, no hay ningún tipo de compromiso sobre este tipo de reforma ni ningún tipo de reforma, en el contexto global del documento está perfectamente aclarado”, ha remarcado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada sobre la medida, que supondría la supresión de una deducción que, en el caso de unidades familiares integradas por ambos cónyuges, asciende a 3.400 euros, y en las monoparentales, a 2.150 euros.

“No se incluye en el Plan y no hace falta aclaración a Bruselas”

Montero ha explicado que “no es una reforma que esté incorporada dentro de las fichas de fiscalidad que plantea el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España” en el Plan de Recuperación, sino una propuesta que realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en un análisis de hace meses sobre beneficios fiscales que el Plan de Recuperación recoge por su posible impacto positivo sobre la brecha laboral de género.

Tanto es así, que ha asegurado que no hace falta remitir aclaración adicional alguna a la Unión Europea porque “el componente de fiscalidad es negro sobre blanco, clarísimo, no está incorporada esa reforma”. Otra cosa, ha dicho, es que en “etapas preelectorales cualquier elemento sirve para intentar llevar el ánimo de los ciudadanos” a una dirección pese a ser “algo que este Gobierno ni ha decidido, ni ha hecho, ni por otra parte ha planteado”.

A este respecto, Montero ha indicado que a pesar de que durante el fin de semana desde el Ministerio de Hacienda se ha explicado “hasta la saciedad” y “con brutal claridad y transparencia” que la medida en cuestión forma parte de un estudio de la AIReF, “en un contexto electoral cualquiera lee o cualquiera entiende lo que entiende”, criticando lo que considera un uso electoral del párrafo del Plan de Recuperación.

Una medida de la AIReF que analizará el grupo de expertos

Por ello, ha insistido en que la referencia a esa eventual medida figura en el apartado de impacto de género y alude al estudio de la AIReF, pero “no está dentro de las reformas de componentes que marcan la política tributaria, la consolidación fiscal o la revisión del gasto”.

Eso sí, la titular de Hacienda ha apuntado que el estudio de la AIReF sobre beneficios fiscales concluía que este tipo de beneficios fiscales es “regresivo” en tanto en cuanto se acumula en los tramos más altos y además puede implicar una “dificultad añadida” para la incorporación en el mercado laboral.

Lo que se ha decidido y comprometido con Bruselas, según Montero, es únicamente la creación del comité de expertos, constituido el pasado mes 11 de abril, que tendrá entre sus funciones la tarea de la modernización del sistema tributario, para lo que tendrá que revisar el conjunto del sistema que “considere de interés” y “aprovechará materiales como los de un organismo tan prestigioso como la AIReF que nadie pondrá en duda su rigurosidad”.

Con el trabajo del grupo de expertos, cuyas recomendaciones finales deberá entregar el 28 de febrero de 2022 como fecha límite, el Ejecutivo pretende avanzar en la progresividad y actualizar la fiscalidad al siglo XXI al considerar que la actual penaliza a determinados comercios tradicionales frente a áreas emergentes como las grandes plataformas digitales.

Según Montero, ha indicado que el Gobierno solo “ha transmitido que forma parte del estudio que el comité de expertos” trabaja ya, en el que se evaluará esta posible entre otras muchas. “Le toca a ellos estudiar la totalidad del sistema tributario con especial hincapié en algunas figuras y poner de relieve las alianzas internacionales que puedan haber”, ha añadido.

Ha hecho referencia así a las propuestas de fijar un tipo mínimo en Sociedades o subir los impuestos a las rentas altas realizadas por la Administración de Biden en EEUU o el FMI, que “dan avisos y alertas para avanzar en una dirección” compartida por el Gobierno de coalición de España.

Afectaría a más de 2 millones de hogares

En medio de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid en la que se ha reabierto el debate político sobre la carga fiscal, la eventual supresión de la declaración conjunta en el IRPF supondría una subida de impuestos de unos 1.000 millones de euros para cerca de 4,2 millones de españoles que realizan la declaración conjunta en 2,1 millones de familias.

De suprimirse en el futuro, esos 2,1 millones de familias pagarían una media de 1.150 euros más al año en el IRP, afectando en mayor medida a las clases medias.

En el informe elaborador por la AIReF sobre los beneficios fiscales el organismo cifró un coste de la tributación conjunta para las arcas públicas de 2.293 millones de euros, del que se beneficiaban el 17% de las familias del país, y tiene un “efecto neutral” desde el punto de vista de la desigualdad.

Además, el informe de la AIReF concluía que sí se alcanza el objetivo de adecuar el impuesto a la estructura de rentas del hogar especialmente en aquellos hogares en los que casi toda la renta la obtiene un perceptor y el hogar es de renta baja. En cambio, la evaluación desprendía que “el beneficio fiscal genera un desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente mujeres de rentas bajas) lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española”.

La Agencia Tributaria prevé recibir en la campaña de la renta de 2020 casi 3,5 millones de declaraciones conjuntas, un 7,1% menos, en línea con la tendencia de los últimos ejercicios, ya que la mayor parte de declaraciones conjunta obedece a las unidades familiares en la que uno de los cónyuges no trabaja.