OCDE: la presión fiscal en España se disparará hasta 2060 por el peso de la deuda

La OCDE sitúa a España en el 'top 3' de países que más tendrá que aumentar su presión fiscal de aquí a 2060 para controlar su deuda pública, que actualmente supera el 120% del PIB

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo

La crisis de la Covid-19 ha agudizado aún más el problema de la alta ratio de deuda pública en España como consecuencia de las medidas para hacer frente al impacto de la pandemia, elevándola por encima del 120% del PIB, un nivel que para poder ser estabilizado llevará a España a ser de los países de la OCDE que más tenga que aumentar su presión fiscal de aquí a 2060 si no acomete reformas antes.

Esta es una de las advertencias realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe ‘El juego a largo plazo: las perspectiva fiscales para 2060 que subrayan la necesidad de reforma estructurales’, en el que alerta de que si no se acometen reformas para afrontar el mayor gasto público en sanidad o pensiones por el envejecimiento poblacional se disparará la presión fiscal.

España será el tercer país de la OCDE donde más aumentará la presión fiscal de aquí a 2060 para poder equilibrar el elevado endeudamiento público, ya que tendría que acometer una mejora de los ingresos primarios del 13,23% para poder estabilizar la deuda pública, que supera el 120% del PIB. De materializarse situaría la presión fiscal por encima del 50% del PIB en 2060.

En detalle, el aumento de la presión fiscal de 13,2 puntos de PIB que podría tener que llegar a realizar España vendría provocado en 2,8 puntos porcentuales por el alza de los gastos en sanidad y cuidados, el cuarto mayor aumento de toda la OCDE, así como en 3 puntos vinculados al gasto en pensiones, otros dos puntos por gatos primarios y casi un 0,7% por el interés de la deuda Covid.

A ello se suma unos 4,6 puntos por el impacto de otros factores que afectan a la evolución de la deuda pública, aunque no sean específicamente componentes del gasto, como pueden ser un menor crecimiento o una menor recaudación.

A la cabeza en futuro aumento de impuestos

Por delante de España solo se sitúan por delante Eslovaquia (17,21 puntos de PIB de presión fiscal adicional) y Polonia (13,95 puntos) como los países que tendrían que implementar una mayor presión fiscal para poner c coto a su deuda pública. En el caso del conjunto de la OCDE, la presión fiscal subirá 8 puntos de PIB hasta entonces si no se desarrollan reformas.

Según el informe, solo Grecia se librará de verse forzado a subir los impuestos para poder poner control a los ratios de deuda pública, tras haber acometido una consolidación fiscal notable desde la pasada crisis que le permitiría incluso bajar la presión fiscal hsta 2060 en más de dos puntos. El resto de miembros del ‘club de países ricos’ tendrán que subir impuestos.

De cualquier forma, los autores del informe de la OCDE aclaran que un mayor aumento de la presión fiscal no supone que se vaya a producir un aumento de los impuestos ni tan siquiera que los países deban hacerlo, sino que es una opción más de entre las posibles y la presión fiscal es un indicador que sirve para reflejar el desafío fiscal al que se enfrentan los distintos gobiernos de la organización.

Pese a alertar del perjuicio de un elevado endeudamiento, la OCDE defiende que la política fiscal debe dar prioridad a los esfuerzos presupuestarios de la sanidad mientras perdure la crisis de la Covid-19, así como mantener las ayudas públicas para preservar la capacidad productiva de los países.

Ligar la jubilación a la esperanza de vida: defiende el factor del PP

Más allá de la opción de un posible aumento de la presión fiscal, el estudio de la OCDE también plantea otras opciones para intentar controlar el gasto público y evitar una deuda pública desbocada, apuntando como en ocasiones anteriores a las pensiones, el merado de trabajo o la Sanidad.

En esta línea, insta a acometer un conjunto “ambicioso” de reformas, con medidas como aumentar la tasa de empleo con la eliminación de las jubilaciones anticipadas y vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida con ocho meses de trabajo más por cada año de esperanza de vida adicional.

Esto supone en la práctica una defensa del polémico factor de sostenibilidad, que vinculaba un ajuste en las pensiones a la esperanza de vida y que venía recogido en la reforma de las pensiones de 2013 del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, derogado ahora con la reforma del ministro José Luis Escrivá para ser sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional, pendiente de negociación antes del 15 de noviembre.

Este tipo de medidas tendrían un impacto positivo en términos de PIB per cápita del 3% en el promedio de la OCDE, que sería superior sobre todo en España (5,47%), Francia (5,81%) o Bélgica (6,29%).

Como alternativa también recoge la opción de soportar el aumento de gasto futuro por el envejecimiento con más endeudamiento, ya que cree que si las condiciones de financiación se mantienen favorables, el endeudamiento adicional “podría absorber algo de esta presión”, aunque ello conlleva “riesgos y sacrificios” y no puede obviarl a necesidad de reformas.

El análisis de la organización apunta que si las presiones sobre el gasto no se compensan con recortes o más ingresos la deuda neta de los países alcanzará el 300% del PIB para 2060, el triple del nivel actual.