La OCDE dice que subir cotizaciones ayudará a «mitigar» el impacto de la jubilación de los ‘baby boomers’

Análisis prelimitar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la primera parte de la reforma de pensiones aprobada la semana pasada por el Congreso para asegurar la sostenibilidad de las pensiones.

El organismo que aglutina a los países más ricos afirma que los ingresos que proporcionará la subida de las cotizaciones sociales en España en 0,6 puntos prevista entre 2023 y 2032 se acumularán en la ‘hucha de las pensiones’ y “ayudarán a mitigar” el impacto financiero de la jubilación de los ‘baby-boomers’, unos 14 millones de personas nacidos entre 1957 y 1977.

A priori el organismo considera que el acuerdo suscrito el pasado mes de julio entre el Gobierno y los agentes sociales, que incluye la revalorización de pensiones con arreglo al IPC, no recogía medidas específicas sobre «sostenibilidad financiera» y llega a calificar de «vago» el polémico Mecaniso de Equidad Intergeneracional (MEI).

Así lo señala en su informe bienal ‘Pensions at a Glance 2021’, publicado este miércoles, en el que analiza los cambios en las pensiones en España con la crisis de la Covid la reforma adoptada la semana pasada por el Congreso.

Pero en una nota a pie de página apunta que tras la elaboración del informe se presentó un borrador sobre el MEI con un incremento de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos entre 2023 y 2032 (la mayor parte, 0,5 puntos, a asumir por las empresas), rechazado de lleno por CEOE, y valora que las contribuciones adicionales se acumularán en la denominada ‘hucha de las pensiones’, lo que «ayudará a mitigar el impacto financiero de la jubilación de las generaciones del baby-boom”.

Pide consenso político e implementar medidas «pronto»

El ‘think tank’ de los países desarrollados señala sobre la reforma propuesta en agosto, según lo solicitado por la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación como condición para recibir los fondos europeos, que se espera que se implemente a finales del año 2023.

Entre otros puntos, indica que la reforma incluye un cambio en las sanciones por jubilación anticipada, siendo en líneas generales más bajas salvo en el caso de los que se retiren 23 o 24 meses antes de la edad legal de jubilación, a lo que se suman incentivos para retrasar la jubilación, como un alza del 4% de la base reguladora de la pensión por año que se aplace o un pago único (de hasta 12.000 euros).

En su opinión, si se pretenden introducir incentivos adecuados para alargar el periodo de actividad laboral los pagos deben «calibrarse cerca de los valores actuariales». También se refiere a las protestas del colectivo de jubilados por el índice de revalorización de las pensiones (IRP) de la reforma de 2013, que a su juicio evidencian la «necesidad de consenso político» en materia de pensiones.

En este sentido, considera que la introducción de un mecanismo automático que conlleve una «disminución constante en términos reales» durante la jubilación es «cuestionable», puesto que los jubilados tienen «pocas posibilidades de ajustar sus ingresos», por ejemplo trabajando más.

Precisamente por ello insta a que las medidas correctivas se implemente «lo suficientemente pronto», ya que la modificación de los cálculos de pensiones para los jubilados es «muy difícil» y, de lo contrario, cuando las «promesas de pensión» que se hiciesen en el pasado no son financieramente sostenibles, es «poco probable» que la carga del ajuste se comparta «bien» entre generaciones o, aún peor, la estabilidad macroeconómica «puede verse amenazada en última instancia».

Alerta del impacto del envejecimiento

Con todo, el organismo avisa del impacto que supondrá el envejecimiento de la población española sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones español, ya que los ingresos de los mayores de 65 años equivalen en torno al 96% de los ingresos medios del total de la población, lo que supone ocho puntos porcentuales más que en el conjunto de la OCDE.

A ello se suma que en España esta ratio se ha elevado en 11 puntos respecto al año 2000, debido en buena medida a que el gasto en pensiones por jubilado ha crecido a un ritmo mucho mayor que el salario medio. Así, advierte de que el envejecimiento «se acelerará ahora a un ritmo muy rápido, poniendo una fuerte presión en la sostenibilidad financiera».

La institución ve «laxas» las condiciones para lograr una pensión completa de jubilación, puesto que mientras que en 2027, un trabajador se puede retirar a los 65 años con una pensión completa si ha cotizado 38,5 años, en Francia hacen falta 43 años cotizados, mientras que en Alemania son necesarios 45 años.

Respecto a la derogación del factor de sostenibilidad que contemplaba la reforma de pensiones de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy y que suponía un ajuste final en la pensión conforme a la esperanza de vida, apunta que ha supuesto un aumento de la tasa de sustitución hasta el 89%, frente a la media del 62% de la OCDE.

«Esta elevada tasa de sustitución será elegible a los 65 años, mientras que el mismo nivel requería trabajar hasta los 69 años en Países Bajos, Italia tendría un 82% a los 71 años y Dinamarca, un 84% a los 74 años», ha añadido.