Ofensiva sindical para arrancar al Gobierno un pacto salarial plurianual para los funcionarios

Los sindicatos piden a Hacienda empezar a negociar un pacto de subida salarial de los empleados públicos para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años acrecentado por la guerra de Ucrania

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. / Congreso

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. / Congreso

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La escalada de los precios de la electricidad y por consiguiente de la inflación es ahora mismo la mayor preocupación económica del Gobierno de Pedro Sánchez al ser la principal traslación de la guerra en Ucrania y el factor que está restando ya por segundo año consecutivo poder adquisitivo de los trabajadores y también de los funcionarios.

La preocupación por esta imparable escalada de los precios y su repercusión en el poder de compra de los bolsillos españoles ha llegado a los sindicatos de Función Pública, tras años denunciando una acumulación de esta pérdida que no ha sido compensada hasta la fecha.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya está impulsando un pacto de rentas que incluya a su vez un pacto salarial para que los agentes sociales consensúen un alza moderada de los salarios en la negociación colectiva, así como una contención de los dividendos y los beneficios, pero a este pacto se suma también el pretendido por los sindicatos del área pública.

CSIF, UGT y CCOO reclaman al Ejecutivo empezar a negociar un pacto de subida salarial plurianual para el colectivo de 2,7 millones de empleados públicos de la Administración en aras de recuperar el poder adquisitivo perdido, máxime en el actual contexto de inflación disparada.

Acuerdo de subida a varios años por encima del 3%

Aunque en este momento los sindicatos están abordando el seguimiento del acuerdo sobre temporalidad en las administraciones públicas, fuentes sindicales señalan a Economía Digital que ya están planteando al Ministerio de Función Pública empezar a negociar el alza salarial dada la coyuntura de escalada de los precios.

CSIF reivindica un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.

Al mismo tiempo, UGT Servicios Públicos aboga también por un pacto a varios años que permita recuperar poder adquisitivo, con el fin de no estar sujetos a cambios de la economía más a corto plazo y teniendo en cuenta que antes de que se firmara el anterior acuerdo los empleados públicos habían perdido más de 13 puntos de poder de compra.

«No ponemos cifra, hablamos de asegurar el poder adquisitivo en un pacto a varios años», precisan desde UGT a Economía Digital. Al mismo tiempo. CCOO también pide ya negociar una subida que compense la pérdida de poder de compre ante la alta inflación actual, y reclama un mínimo de subida a partir del 3%.

Pérdida de poder adquisitivo acumulada y casi 1.700 euros este año

Lo cierto es que el año pasado se produjo una importante caída del poder adquisitivo tras varios años sin que se produjese, ya que el Gobierno aprobó en los Presupuestos de 2021 un alza salarial del 0,9%, el mismo porcentaje que para los pensionistas, que luego recibieron una compensación a modo de ‘paguilla’ en enero por la desviación del IPC. La inflación media del año pasado fue del 3,1%, con lo que los funcionarios perdieron 2,2 puntos porcentuales, es decir, alrededor de 770 euros.

Este año esa pérdida será aún mayor dada la coyuntura de alza de precios de la electricidad y de la inflación. Según cálculos aproximados con el actual escenario de incertidumbre y volatilidad de los precios con base en los pronósticos de inflación actual, realizados por Economía Digital y avalado por distintos sindicatos, los funcionarios sufrirán este año una nueva pérdida de poder adquisitivo que previsiblemente superará los 1.600 euros.

Esta pérdida se debe a que el Gobierno incorporó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 un incremento del sueldo de los funcionarios del 2% cuando preveía una inflación bastante inferior a la que finalmente se va a producir, que según estimaciones de algunos organismos como Funcas rondará un promedio del 6,8%.

De esta manera, los empleados públicos sufrirán una pérdida posible de 4,8 puntos porcentuales este año de poder adquisitivo. Dado que el sueldo anual medio de los empleados en la Administración Pública, Defensa y Seguridad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de de 35.000 euros anuales en 14 pagas, la pérdida en términos salariales de poder de compra sería de 1.680 euros, aunque muy previsiblemente será mayor a tenor de los últimos acontecimientos.

Pérdida acumulada de más de 28.000 euros en una década

Un estudio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) concluye que en el periodo 2010-2020 acumularon una pérdida de poder adquisitivo media de entre el 12,9% y el 17,9% desde entonces, tras analizar la pérdida producida en los diferentes conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico o trienios) de los principales grupos de las administraciones públicas (A1, A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.

El estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos o jueces) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores o maestros) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias) 24.611,22 euros. Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente.

De su lado, UGT estiman que el porcentaje de pérdida de poder de compra perdido entre 2011 y 2018 fue del 14%, pero se habría recuperado en torno a seis puntos porcentuales, por lo que la reducción de ingresos sería del 8%, ello supone en torno a 28.000 euros perdidos en ingresos en la década. CCOO estima que se perdieron entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra durante la crisis anterior.

En ese periodo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó en 2010 un recorte salarial (el primero en democracia) del 5% al colectivo y durante los cinco ejercicios siguientes permanecieron congelados, con una pérdida acumulada del 20%, que se fue recuperando en parte posteriormente con los alzas de 2018 (+1,95%), 2019 (+2,75%) y 2020 (+2,3%).

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