Los sindicatos se movilizan para exigir un alza salarial del 3,5% a los funcionarios

Los sindicatos no desisten en su propósito de elevar el salario de los funcionarios más allá del 2% recogido por el Gobierno en los Presupuestos de 2022 y para ello se han movilizado con convocatorias de protestas por parte de CCOO y la presentación de enmiendas también por CSIF y UGT a las nuevas cuentas públicas para exigir un alza retributivo del 3,5% el próximo año.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumió el pasado 10 de julio también la cartera de Función Pública y con ello heredó los problemas y reivindicaciones salariales por la pérdida de poder adquisitivo y merma de condiciones de los últimos años.

El Gobierno avanzó a primeros de octubre en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas la decisión de incluir en los Presupuestos una subida del 2% del sueldo para los 2,71 millones de empleados públicos existentes en España.

Sin embargo, los sindicatos ven «insuficiente» el incremento retributivo del 2% como para compensar la inflación, ya que el IPC ya alcanzó en octubre un 5,5% y la media anual ronda el 2,3% o 2,4%. Las estimaciones de Funcas apuntan a que podría concluir el año en un promedio del 2,7%, y para 2022 estima una inflación media del 2,2%, que se situaría en diciembre en el 1,4%.

“No nos gusta nada, no está a la altura ya la dedicación de los empleados públicos en esta pandemia”, señalan desde CSIF a Economía Digital. Desde UGT Servicios Públicos también rechazan la propuesta por “ahondar en la pérdida de poder adquisitivo” de los empleados públicos, en tanto que CCOO no ha acudido directamente a la reunión por considerar una “farsa” la negociación.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden sin embargo que los empleados públicos han ganado poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, tras las subidas aprobadas del 2,25% en 2019, el 2% en 2020 y del 0,9% en 2021.

Pérdida de poder adquisitivo por la inflación

Los sindicatos exigen una subida superior al 2% bajo el argumento de que este año los funcionarios van a perder poder adquisitivo por primera vez desde 2013 por la subida generalizada de los precios. En los últimos año años los trabajadores del Estado han ganado un 5,14%, pero el repunte de la inflación, que en octubre escaló al 5,5%, ha revertido la situación.

En concreto, la pérdida rondará el 1% tras haber visto incrementado su salario en un 0,9% a principio del año, muy por debajo de las previsiones para IPC del Gobierno, que las sitúa en el 1,9% para el conjunto del año.

CCOO estima que se perdieron entre 11 y 18 puntos de capacidad de compra durante la crisis anterior, y solo se han recuperado 4 hasta ahora. El portavoz del Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, precisó que el sindicato demanda para la actual legislatura un marco plurianual de una subida del 2% anual más un 3% en dos años, es decir, un alza de al menos un 3% en 2022 y en 2023.

CSIF también demanda un incremento retributivo del 3,5% para 2022, fijando además una cláusula de revisión salarial automática vinculada a la tasa interanual del PIB con efectos a 1 de enero
de 2022. También exige la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En UGT plantean un acuerdo de legislatura que permita recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos, mediante una fórmula como en el anterior acuerdo con distintas variables, como podrían ser el PIB o la evolución del empleo.

CCOO convoca movilizaciones

Con todo, la Confederación Sindical de CCOO movilizará a sus delegados sindicales del conjunto del Área Pública el próximo miércoles 10 de noviembre de 2021, para exigir un aumento del gasto público en los servicios que garantizan los derechos de la ciudadanía, así como para «lograr la recuperación de los derechos arrebatados a los más de tres millones de empleados públicos».

Esta movilización consistirá en concentraciones a las 11:00 horas ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno de la inmensa mayoría de provincias de España, y ante la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el caso de Madrid.

El sindicato exige la recuperación del gasto social anterior a la crisis y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno, como resolver el resto de las materias que aún están pendientes del II Acuerdo para la mejora del empleo público de 2018, y más recientemente en el Acuerdo de 5 de julio de 2021.

Ello incluye la negociación de un III Acuerdo bianual para continuar en la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo y salariales. Fuentes sindicales confirman a Economía Digital que el Ministerio de Función Pública todavía no ha convocado una reunión para abordar dicho acuerdo.

Enmiendas a los Presupuestos: estabilización del empleo

Fuentes de CSIF descarta por ahora convocatorias de manifestaciones a la espera de las diferentes mesas de condiciones laborales previstas de convocatoria de aquí a final de año, en tanto que desde UGT señalan a Economía Digital que tampoco baraja manifestaciones en la Administración General.

Con todo, los sindicatos presionan al Gobierno para mejorar la subida salarial de 2022 y las condiciones laborales de los empleados públicos con la presentación de enmiendas en el proyecto de Presupuestos.

CSIF exige la subida del 3,5%, un calendario de negociación para recuperar el poder adquisitivo perdido con un alza anual del 1,5% por encima del IPC y recuperar la estructura salarial previa a 2010 para que se vuelva a percibir el 100% de las retribuciones en la paga extra y se compense el recorte a los colectivos con régimen retributivo distinto (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, Fuerzas Armadas Carrera Judicial y Fiscal, Letrados, Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia). También homogeneizar salarios entre categorías.

En materia de empleo, los sindicatos reclaman la supresión de la tasa de reposición y CSIF exige la supresión del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público.

En la misma línea, CCOO pide recuperar el empleo público perdido y acometer el rejuvenecimiento de las plantillas, en la actualidad con un alto porcentaje en edad próxima a la jubilación.

Estabilización del empleo y jornada de 35 horas

El Gobierno cerró a primeros de julio con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT un acuerdo para la reforma de la temporalidad en las administraciones con el fin de estabilizar el empleo en las administraciones públicas, por el que se harán fijas las plazas de más de 300.000 interinos antes de que acabe el ejercicio 2024.

Otras medidas contemplan que se limitarán los contratos temporales a tres años y se indemnizará con 20 días por año trabajado si se supera ese límite. Una vez que finalice la relación de servicios del personal interino por el cumplimiento del término máximo de tres años para permanecer como tal, esa plaza solo podrá cubrirse por personal funcionario de carrera, salvo en el caso de que el correspondiente proceso selectivo hubiera quedado desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento por interinidad.

Los Presupuestos de 2022 elevan también la tasa de reposición por encima del 100% para todas las categorías y plazas de funcionarios, por lo que se cubrirán todas las sustituciones por cada jubilación o baja y además se creará de nuevo empleo público neto.

En detalle, contempla una tasa ordinaria de reposición del 105%, que se elevaría al 115% en sectores prioritarios, y al 120% en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración local. Fuentes gubernamentales confirman también la intención de avanzar en la negociación de un tercer acuerdo de mejora de empleo público para el periodo 2022-2023, tras los alcanzados con el PP para el periodo 2018-2021.

Los sindicatos piden eliminar cualquier limitación en la tasa de reposición para hacer duradera la reducción de la temporalidad a menos del 8% de las plantillas en todos los sectores públicos. En materia de derechos laborales, reclaman la implantación de la jornada de 35 horas y CSIF pide la flexibilización de la promoción interna con un curso selectivo, la movilidad voluntaria como sistema de cobertura de puestos de trabajo y el desarrollo de la carrera profesional.

También ven urgente los sindicatos acometer el resto de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), pendiente desde su publicación en 2007, tanto en lo relativo a la garantía de cumplimiento de los acuerdos, como a la mejora para el acceso al empleo público, la obligatoriedad de resolver las ofertas de empleo público (OEP) o la agilización de los procesos selectivos.

Prisiones: CSIF y UGT exigen el cese del secretario general

A todo ello se suma la problemática acumulada durante años en el servicio exterior. CSIF y ACAIP-UGT han exigido el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ante la situación «insostenible» que sufre el personal de Prisiones y su «nula capacidad» para gestionar las deficiencias actuales.

La petición de dimisión se ha producido tras los últimos episodios graves de violencia en las cárceles españolas, ya que «cada 36 horas se produce una nueva agresión en prisiones de todo el país, lo que supone un claro ejemplo de la dejadez de la Administración y pone al descubierto la escasez actual de medios humanos y materiales«.

Desde CCOO también señalan que «no se puede permitir por más tiempo que el personal lleve 12 años sin actualización salarial«.